La recaudación del impuesto por vertidos al mar se dispara un 43% en la Región en el último año

La recaudación del impuesto por vertidos al mar aumentó en la Región de Murcia un 43,5% entre 2022 y 2023. En tan solo un año, la Agencia Tributaria regional pasó de recaudar, con este impuesto que es autoliquidable, es decir, la propia empresa es la que tiene que declararlo, 256.991 euros a 366.005 euros, un aumento muy pronunciado en un único ejercicio y que está provocado por el aumento de contribuyentes en 2023, según fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, que vincula, en parte, este incremento a las labores de control por parte de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM).

Esto supone que el aumento del número de empresas gravadas con esta tasa ha aflorado por las inspecciones de la Agencia Tributaria. La cantidad a pagar está ligada a los vertidos a las aguas litorales y a la carga contaminante de esos vertidos. Y hay que tener en cuenta que hay dos exenciones: a los vertidos de salmuera de las desaladoras, ya sean de titularidad pública o privada, siempre que el uso de esa agua esté destinado a la agricultura, riego, industria o consumo humano, así como los vertidos que puedan realizar dos institutos de investigación situados en la Región, como son el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida).

El otro gran impuesto controlado por la Región de Murcia, el de emisiones a la atmósfera, por contrario, se redujo un 10,5% respecto al año anterior y su recaudación pasó de los 647.267 euros en 2022 a 579.000 euros en 2023. La explicación que dan desde la Consejería es que se produjo una «disminución de la base imponible de las declaraciones presentadas», es decir, que declaran una menor carga contaminante de las emisiones.

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Este es un tributo propio de la Región de Murcia que grava las emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NOx, compuestos orgánicos volátiles COV y amoniaco NH3, salvo, dice la norma, «aquellas procedentes de determinados vertederos de residuos así como de determinadas instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o cerdos».

Al igual que el de vertidos al mar, este es un impuesto de autoliquidación, es decir, la empresa obligada hace el cálculo de la contaminación y lo paga anualmente cada 31 de diciembre, aunque tienen la posibilidad de ir pagando trimestralmente y ajustar la cantidad al final del ejercicio. La diferencia entre los dos impuestos medioambientales de carácter autonómico es que este último tiene, además de las exenciones mencionadas, tres deducciones: el 30% de la inversión realizada para la vigilancia atmosférica, un 25% de la inversión realizada si las instalaciones obtienen certificaciones ambientales como EMA o ISO o un 15% de la inversión si no se obtienen esos certificados.

Aseguran desde Hacienda que «tanto las emisiones como los vertidos gravados los realizan empresas, en su gran mayoría, vinculadas al sector industrial o energético». También apuntan, pese a la alta variación del último ejercicio, especialmente en el de vertidos al mar, que estos impuestos mantienen una «recaudación más o menos constante durante toda su vida».

Al ser impuestos específicos, estas cantidades de dinero se invierten en cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente, esto es, la protección del medio. Como establece una disposición que está marcada en la propia ley. Pese a esto, reconocen que la importancia de la recaudación de estos impuestos es mínima si se valora con el resto de tributación del conjunto de la Región. Además, recuerdan que la Comunidad es la autoridad ambiental que debe autorizar tanto las emisiones atmosféricas como los vertidos al mar, mediante la autorización ambiental que otorga la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor.

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Un 420% más

La recaudación del impuesto que más llama la atención es el de los residuos. Y no por un aumento de la contaminación, es que el tributo cambió de la Comunidad Autónoma, que lo gestionaba hasta 2022, cuando se recaudaron 3.035.917 euros, hasta que el 2023 este tipo impositivo lo asumió el Estado con la entrada en vigor de la nueva norma, que elevó la cifra hasta los 15.800.000 euros.

La modificación se debe a que esta nueva ley fija que los municipios tienen que hacer autosuficiente la recogida y tratamiento de basura «en el plazo de tres años». El texto, que remarca la necesidad de que el tratamiento de basuras no sea deficitario. Por este motivo, los Ayuntamientos tienen que elaborar tasas que equilibren los gastos, ya que, hasta entonces, el tributo local financiaba entre el 40% y el 60% del coste de la gestión de residuos. Esto ya no es posible y los consistorios están obligados por ley a aumentar la factura de la basura tanto para particulares como para empresas en el porcentaje que fuese necesario.

Aunque el dinero lo recauda el Estado, luego lo transfiere a las Comunidades Autónomas. Así que esos casi 16 millones de euros recaudados los gestiona la Región de Murcia en los presupuestos regionales y repercuten, aseguran, en los servicios para el total de la población.

También hay otra vía, que no es la de aumentar impuestos, es la de trabajar, como dice la norma estatal, para reducir la basura con sistemas que repercuten en una bajada impositiva en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico y comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable o, entre otros, incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional.