El juez instructor del caso Topillo culmina la separación de la causa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ya ha remitido por separado la parte política del caso Topillo en la que se acusa a Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura, y a Manuel Aldeguer, el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, por su presunta responsabilidad en la contaminación del Mar Menor.

Se trata de un trámite que tenía que realizar el Juzgado después de que la Audiencia Provincial decidiese separar el caso en dos. Ahora, ya con la pieza separada, la Audiencia puede poner fecha al juicio de los dos altos cargos de este caso.

Ginés Ruiz, uno de los abogados de la causa en representación de Ecologistas en Acción, explica que se trata de un caso complejo que si, ya de por sí iba a requerir numerosas sesiones, ahora tendrán que ser el doble, pues habrá que llamar dos veces a los peritos, a los testigos, etc. «Obligan a hacer dos juicios diferentes», recalca.

Entiende que con la ley en la mano y lo denso que es el caso, se podía separar. Sin embargo, cree que esto puede derivar en que haya pronunciamientos distintos.

Hace prácticamente dos años que la Fiscalía de la Región pidió hasta un año y nueve meses de prisión para Cerdá y Aldeguer por haber cometido un delito contra el medio ambiente. El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, dijo que este año esperaba que se celebrase el juicio.

Al exconsejero Cerdá, la Fiscalía le acusa de un delito contra el medio ambiente por el que pide un año y nueve meses de cárcel más una multa de 5.760 euros. A lo que hay que sumarle la inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante nueve años. 

El escrito de acusación aseguró que Cerdá se limitó a establecer «una previsión formal» para evitar los vertidos. Sin embargo, la Fiscalía señaló que realmente no hizo nada al no controlar el cumplimiento de los programas de actuación sobre el uso de abonos nitrogenados en las explotaciones agrícolas.

Para Aldeguer pide lo mismo. Su responsabilidad reside en que no llevó a cabo una actuación inspectora pese a que conocía la existencia de gran número de sondeos y desalobradoras en el Campo de Cartagena que no contaban con la autorización debida.

El escrito del ministerio público incluye también como acusados a casi medio centenar de agricultores y empresas agrícolas, a las que les atribuye un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos hechos por las desalobradoras de sus explotaciones.

Estos tendrán su pieza separada y la Fiscalía reclama para ellos penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, además de responsabilidades civiles que llegan hasta la cifra, en algún caso, de 1,4 millones de euros, por el daño producido en el medio ambiente.