El Ayuntamiento de Murcia empieza ahora a ejecutar las órdenes de cierre: ya son cuatro los locales precintados

Es un fenómeno recurrente en las administraciones públicas cuando una tragedia, sobre todo si incluye víctimas mortales, sacude los cimientos de lo establecido. Revisar la forma y el fondo del modo en el que se trabaja para que una desgracia así no vuelva a suceder. Recuperar el tiempo perdido o fortalecer las tareas de inspección y seguridad, reformar normativas y, en definitiva, empezar a trabajar como se espera que lo haga, por ejemplo, el ayuntamiento de la séptima capital más poblada de España. Ocurrió con el desastre del Madrid Arena que dejó cinco fallecidos. A raíz de aquello se modificó la ley de espectáculos en 2013 y entró en vigor un decreto en 2018 que reforzó los requisitos para los promotores de fiestas y endureció las sanciones.

La tragedia del incendio en las discotecas de Atalayas, que ha dejado 13 víctimas mortales, ha llevado al Ayuntamiento a acometer una batería de medidas, que se pueden dividir en tres apartados, para que nunca vuelva a suceder algo parecido. El primer bloque consiste en revisar la situación administrativa de las licencias de los locales de ocio en el municipio de Murcia. Se trata, sobre todo, de garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de cese de actividad que existen en este momento, una medida que no se llevó a cabo en el caso de la sala Teatre, que debía haber cerrado sus puertas en enero de 2022 y que nunca obtuvo el permiso para dividir la nave en la que estaba también el otro local incendiado, Fonda Milagros.

Para comprobar la situación legal de los locales, el Ayuntamiento ha emprendido una ronda de inspecciones sin precedentes que se centrará, en una primera fase sólo en aquellos locales «con gran afluencia» y que se concentran en grandes zonas de ocio nocturno, en concreto en Atalayas, donde estaban también las discotecas siniestradas, y también en la avenida Mariano de Rojas.

Por el momento, los servicios de inspección del Ayuntamiento de Murcia han precintado y procedido al cierre de cuatro locales, tres en la zona de ocio de Las Atalayas y Mariano Rojas y uno en la pedanía de Gea y Truyols, según han confirmado fuentes del Consistorio.

"Es más habitual de lo que parece que los empresarios de la noche funcionen sin licencia"

A preguntas de los periodistas presentes ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y concejal de Fomento, Rebeca Pérez, admitió que el Ayuntamiento ya había detectado que otros grandes locales de ocio tenían órdenes de cese sin ejecutar. Sin embargo, Pérez no pudo precisar cuántos establecimientos, pero sí aseguró que los inspectores comprobarán que las discotecas que así lo tengan ordenado estén cerradas y, en caso contrario, procederán a su «precinto inmediato».

Durante la noche de ayer, los inspectores, acompañados por agentes de Policía Local, comenzaron las batidas y comenzaron los primeros precintos en ambas zonas. Una de los locales que fue precintado fue la sala Spectrum de Mariano Rojas, que se encuentra desde hace dos años en un proceso de legalización de la actividad por un cambio de titular. En este momento, ese conocido local de conciertos de la capital está a nombre de Asociación Cultural HMC Espectros. Asegura el portavoz de ese colectivo, Juan Pedro López, que tras lo ocurrido en Atalayas acudió al Ayuntamiento para saber si su situación con la sala había sufrido algún cambio. «Nos dijeron que no, que estaba todo correcto y que podíamos seguir con la actividad, pero ahora, por lo visto ha habido un cambio de criterio político y le han querido dar una vuelta a la normativa, y ahora están cerrando todos los establecimientos que están en ese punto de legalizar su actividad». Asegura López que la sala Spectrum lleva funcionando como sala de conciertos desde hace 25 años y considera «absurdo» que por un cambio de titular se tenga que precintar el negocio. Entiende que están pagando justos por pecadores.

La falta de seguridad en las discotecas incendiadas, en el punto de mira

Otra de las discotecas que recibió la visita de los agentes de Policía Local fue Golden, la discoteca anexa a las siniestradas el pasado domingo. El Ayuntamiento comunicó al local, que a diferencia de los otros dos destruidos sufrió daños de menor envergadura, la orden de cese y precinto. Otro de los locales que fueron revisados fue Koala (sin actividad en este momento), también en Atalayas, con una orden de cese de actividad vigente. Tambíen se comunicó la orden de cese y precinto a un espacio de ocio ubicado en la pedanía murciana de Gea y Truyols, en este caso, según fuentes consultadas, por motivos higiénico-sanitarios.

Estas inspecciones se extenderán con el paso del tiempo a otro tipo de negocios, ya que los decretos de cese afectan a todo tipo de actividades «con una casuística diversa» y no atañen sólo al ocio nocturno, aclaró la vicealcaldesa.

Otro de las medidas que ha puesto en marcha el Consistorio ha sido iniciar una investigación interna para depurar responsabilidades, esclarecer los hechos administrativos que bloquearon la ejecución del cierre de las discotecas incendiadas. En este sentido Rebeca Pérez advirtió que se trata de un «proceso reservado» que está dando sus frutos. Aquí Pérez hizo mención a la decisión del alcalde de Murcia, José Ballesta, de apartar de sus responsabilidades a los funcionarios que intervinieron en los expedientes de cese y cierre de Teatre. «Es una medida que se toma como cautelar y preventiva», destacó la concejal popular, que no quiso desvelar las identidades ni el número de trabajadores municipales que han sido apartados.

Además, añadió que paralelamente sigue su curso la actuación judicial «con la que estamos colaborando desde el primer momento, y poniendo en manos del magistrado instructor todos la documentación que nos solicita».

¿Cuántos locales sin licencia están operando en Murcia?

¿Por qué seguían abiertas?

Fueron varias las ocasiones en las que se le preguntó a la vicealcaldesa cómo fue posible que el Ayuntamiento no tuviera constancia de que las dos discotecas estuvieran funcionando desde octubre de 2022 (cuando se produjo la orden de cese que nunca se ejecutó), a pesar de la multitud de actuaciones policiales en la zona, o de las inspecciones sanitarias que se llevaron a cabo.

«Siempre nos hemos cuestionado por qué no continuó el avance lógico; desconocemos que pasó y por eso estamos investigando», explicó Pérez, que afirmó que lo único que sabe es que ese expediente «no avanzó» y no se produjo «ninguna trazabilidad continuada del mismo».