"Es más habitual de lo que parece que los empresarios de la noche funcionen sin licencia"

Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ha intervenido en numerosas causas judiciales abiertas a raíz de siniestros como el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia. Además, del proceso de Alcalá 20, registrado en 1983, ha colaborado en el caso Madrid Arena, en el que perdieron la vida cinco jóvenes en noviembre de 2012.

 El proceso de Alcalá 20 terminó con una condena de dos años para uno de los responsables. ¿Puede ocurrir lo mismo en Murcia?

Lo que pasó allí va a ser el preámbulo de lo que pasa aquí. Va a haber un proceso penal con un montón de acusaciones, que va a terminar en un juicio en la Audiencia Provincial. Por el incendio de Madrid se condenó a un funcionario del Ministerio del Interior por una inspección defectuosa que hizo a la discoteca y que dio el visto bueno a las medidas de seguridad, aunque no eran las adecuadas. Y se indemnizó nada más que con 13 millones de pesetas (78.131 euros) a cada familiar de los fallecidos.

También en Murcia parece que  puede haber una responsabilidad de los funcionarios municipales.  

Lo que pasará es que todo el proceso penal versará sobre la adecuación de las medidas contra incendios: si eran las adecuadas y si el empresario las tenía correctamente instaladas; si no las tenía, o si, siendo adecuadas o no adecuadas, la Concejalía al inspeccionarlas les dio el visto bueno. Entonces el empresario se convierte en una persona que está trabajando de buena fe, porque si la Administración lo inspecciona y le dice que lo que tiene es correcto, eludiría su responsabilidad penal.

La Policía Local precinta dos locales de ocio nocturno en Murcia por no tener la licencia en regla

 Pero aquí no tienen ni licencia.

 En Murcia el expediente de cierre se inició porque el empresario solicitó que Teatre se dividiera en dos: Teatre y Fonda Milagros. Esa diversificación no pasó el filtro de la Concejalía de Urbanismo y por eso se está hablando del cierre. La explicación es que cuando tú metes una pared de pladur en un local, el extintor que estaba en un sitio deja de estar accesible en el otro y tampoco hay las mismas vías de escape. Por eso denegaron la licencia. Lo que no sabemos es cómo está esa licencia. Si estaba en fase de alegaciones, no había una orden ejecutiva de clausura. Si había una orden definitiva de clausura y el empresario le dijo al inspector que estaba haciendo alegaciones, él lo puso en el acta, pero luego no lo comprobó. Si lo que le dijo el empresario no hubiera sido cierto, tendría que haber vuelto a cerrar el local, pero no lo hizo. El empresario va a decir que la culpa es del Ayuntamiento porque no hizo seguimiento y el Consistorio dirá que la culpa es del empresario porque tenía una orden de clausura.

 Es difícil entender que la empresa modifique un local sin autorización y que el Ayuntamiento no actúe con más contundencia, a pesar del riesgo.

Hay una culpa por omisión. Si hay una orden de cierre a la que le sigue una orden de clausura, tiene que ser ejecutada. Fíjese el descontrol que tenía el Ayuntamiento, que había un inspector de Urbanismo con una orden de clausura y, paralelamente, un inspector de Sanidad, de la Concejalía vecina, que la desconocía. Aunque parezca mentira, que los empresarios de la noche funcionen sin licencia es bastante más habitual de lo que parece. Pero eso no es excusa para que se haga un seguimiento de las órdenes de clausura. Todo esto termina en una multa y no pasa nada, hasta que pasa lo que ha pasado y ha habido 13 muertos.

 Tanta irresponsabilidad crea una sensación de indefensión, cuando han pasado más de 40 años desde Alcalá 20 .

Los empresarios dilatan muchas veces los procedimientos de clausura, porque si tardan tres o cuatro meses en que les manden a la Policía para que les cierre, siguen facturando durante ese tiempo. Cuando simplemente se juegan una multa, prefieren pagarla porque igual la sanción es de 100.000 y ganan 500.000. Pero cuando estamos hablando de vidas humanas, le genera indefensión al ciudadano. Tenemos una Administración ágil para lo que conviene, para cuestiones fiscales, por ejemplo. Si te ponen un multa de tráfico, puede llegar a casa antes que tú. Pero en la Administración de Justicia no hay ningún interés. Este procedimiento se va a alargar seis o siete años, porque no hay medios. Al Estado no le interesa invertir en la Justicia. 

La falta de seguridad en las discotecas incendiadas, en el punto de mira

 ¿La responsabilidad en Murcia sería del empresario o de los funcionarios que no ejecutaron la orden?

 Yo creo que aquí no hay responsabilidad política, porque no hay ningún político que haga una inspección. Creo que la responsabilidad es de los funcionarios, de los que llevan el seguimiento de los expedientes administrativos. 

 ¿Cómo llevan las familias esta situación?

Es un horror. Es una muerte tan absurda cuando una persona se va de fiesta y no vuelve que lo viven muy mal. Y todas las dudas que provocan estos procesos les llevan a reconcomerse. No se recuperan nunca, van a tener un daño psiquiátrico. Habría que habilitar una fórmula para que se indemnice a las familias con el fin de que puedan pasar página, mientras dura la pelea entre los responsables.

¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar el juicio de Alcalá 20?

La vista fue en 1993 y la sentencia del Supremo llegó en 1998. El proceso tardó casi 15 años, fue un calvario.