Un juzgado ve indicios de prevaricación en la reforma de la Puerta del Socorro de Cartagena

Un juzgado de Cartagena ha admitido a trámite la denuncia por prevaricación administrativa contra el concejal del Área de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega; y una funcionaria municipal, por el presunto fraccionamiento de los contratos de la rampa de la puerta del Socorro, situada en la muralla de Carlos III, y el camino peatonal en la Cuesta del Batel, tal y como ha explicado este miércoles en rueda de prensa el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo.

El auto del juzgado indica textualmente que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”.

Y es que julio de 2023, el líder de la formación cartagenerista ya anunció una posible responsabilidad penal del gobierno dirigido por la alcaldesa Noelia Arroyo en la obra sobre la muralla de Carlos III, tras tener conocimiento de que en esta obra pudo existir un fraccionamiento de contrato, cuestión totalmente apartada de la legalidad.

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Más en concreto, se trataría de un contrato por valor de 39.993,79 euros y otro por la cantidad de 38.375,09 euros; casi 80.000 euros con los que se habría llevado a cabo la obra que se anunció como remodelación del parque de la Cuesta del Batel para dotarla de mejor accesibilidad.

La denuncia administrativa relacionada con el patrimonio la hizo la Asociación Cartaginense en colaboración con la presidenta y concejal de MC, María Dolores Ruiz, quien tiene un papel protagonista en la defensa del patrimonio del municipio.

El juzgado también ha citado a declarar, como denunciante, al portavoz de la formación cartagenerista durante el mes de abril.

“Esperamos que se depuren todas las responsabilidades respecto de esta área que dirige Diego Ortega, que es el denunciado, porque hay dos informes suyos que dicen que no se fracciona el contrato”, ha señalado el portavoz de MC, que ha recordado que “el juzgado ve indicios de criminalidad”.

Por su parte, Ruiz ha hecho hincapié en que MC solicitó en el año 2018 el entorno de protección de la muralla de Carlos III en todos los tramos en los que no tuviera entorno asignado. La ley de Patrimonio prohíbe cualquier tipo de licencia en algo que esté incoado, y el entorno de la muralla estaba incoado por silencio administrativo. “Así que denunciamos”, ha afirmado. A continuación, la Dirección General emitió una resolución para demoler la obra “que solo se había hecho para facilitar el acceso de los asistentes al Rock Imperium, según afirmó el Gobierno local como excusa”, ha añadido la concejala cartagenerista. “Pero hasta hoy no hay noticias de nada, excepto las del juzgado”, ha finalizado.

Sin constancia de la denuncia judicial

"No tenemos aun noticia de esa denuncia de Movimiento Ciudadano". Así se ha pronunciado el concejal del Gobierno local Diego Ortega. "Si nos llaman del juzgado, iremos a dar las explicaciones correspondientes de hecho sobre los trabajos que ha hecho el Ayuntamiento con esos dos elementos, que están conectados, pero son independientes", ha argumentado, explicando que "uno de ellos es la escalera para salvar la altura hasta la paterna y el otro es un paso de hormigón que funciona como paso peatonal, pero fundamentalmente está diseñado para soportar el transporte del material para el escenario del festival y evitar daños al césped". 

Asimismo, ha añadido que en la Puerta del Socorro, "hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer". "Realizamos unas catas arqueológicas para comprobar el punto de arranque de la puerta, confirmamos que la parte baja de la puerta está mucho más cerca de el césped y hemos elaborado un proyecto de accesibilidad que supone la sustitución de la escalera actual por una rampa", ha detallado Ortega. Precisamente este miércoles, el Gobierno local ha recibido la autorización de la Dirección General de Bienes Culturales para demoler la reforma, por los que se iniciarán los trámites en cuanto se tenga preparada la construcción del acceso definitivo, para que no haya mucha distancia entre derribo y construcción.