Las reclamaciones, quejas y consultas de los consumidores han aumentado considerablemente durante este 2022 en el término municipal. El notable encarecimiento de los precios de la energía (electricidad, gas, carburantes, etc.) y de la cesta de la compra, por la consiguiente inflación y subida del IPC que se han dado durante los últimos meses, se han erigido como las principales dificultades y preocupaciones de miles de familias.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la que está a cargo la Concejalía de Consumo, que dirige el segundo teniente de alcalde, Manuel Padín, lleva tramitados desde el pasado día 1 de enero y hasta final de noviembre un total de 1.853 expedientes, de los cuales 1762 son reclamaciones y 91 son quejas, según datos a los que ha tenido acceso La Opinión. Asimismo, han atendido un total de 2.994 consultas (presenciales, telefónicas, por email etc.). En 2021, durante el mismo periodo, atendieron 1.560 expedientes (1.508 reclamaciones y 52 quejas) y 2.371 consultas. De este modo, se ha producido un incremento de un 18,8 % en las consultas y reclamaciones en la OMIC.

Dentro del total, han sufrido un notable aumento las quejas y reclamaciones relacionadas con las facturas de electricidad tras la implantación del denominado ‘tope del gas’ (medida temporal adoptada por el Gobierno de España que tiene como objetivo contener el precio de la luz, estableciendo un precio máximo de referencia para el gas natural que se usa al producir electricidad), que han aumentado un 176,3%, pasando de 93 en 2021 a un total de 257 en 2022 y situándose como la segunda materia en la que se ha registrado un mayor número de expedientes.

Las consultas se han cuadriplicado, pues el año pasado se situaban en 147 y este año han ascendido a las 507. Según explican desde la OMIC, esta variación es fruto «del intento de las compañías eléctricas de modificar contratos antiguos, para adaptarlos a los nuevos precios de la energía, con el consiguiente incremento notable de los precios en las facturas de los clientes, que acuden enfadados e impotentes a la Oficina Municipal de Atención al Consumidor para conocer sus derechos».

En cuanto al suministro de gas y butano, aunque las cifras son más pequeñas, también se puede observar un incremento del 171%, pasando de 7 quejas y reclamaciones en 2021 y 9 consultas a 19 y 27 respectivamente en 2022.

La preocupación por el elevado precio de la cesta de la compra también se ha traducido en un incremento de las reclamaciones y quejas a los supermercados o grandes superficies. El crecimiento ha sido del 45%, pues en 2021 fueron 46 y en 2022 la cifra ha aumentado hasta las 67. Las consultas también han aumentado de 33 a 105.

Las consultas y reclamaciones sobre diversos aspectos relacionados con las contrataciones de servicios de telefonía (altas y bajas de contratos, facturaciones incorrectas, penalizaciones, incumplimientos de contratos etc), aunque han sufrido una disminución del 28%, siguen concentrando el mayor número de expedientes. En 2021 fueron 459 reclamaciones y quejas y 767 consultas, mientras que las cifras en 2022 se sitúan en 330 reclamaciones y quejas y 810 consultas, aumentando únicamente estas últimas.

Asimismo, los temas relacionados con los problemas en la entrega de vehículos, la falta de piezas de repuesto, etc. también se sitúan a la cabeza de las quejas y reclamaciones este 2022, con un total de 117. Así pues, ha habido un aumento de un 74,6 %, pues en 2021 la cifra se situó en 67. En cuanto a las consultas, éstas han pasado de 94 en 2021 a 148 en 2022.

Aumento de medios y recursos técnicos en la OMIC

Desde la Concejalía de Consumo destacan que el incremento en la tramitación de reclamaciones, quejas y consultas se debe a que «se ha impulsado el servicio del área, dotándola de los medios humanos y técnicos, lo que ha permitido agilizar notablemente los procedimientos, sobre todo desde la puesta en marcha de la Administración Digital». Con la tramitación electrónica, explican, «se logra acortar los plazos de respuesta por parte de las empresas reclamadas, para así ponerlas en conocimiento de los consumidores y poder proseguir dichas reclamaciones por las vías administrativas, arbitrales o judiciales».