Fiscales, Europa y autoamnistía

Se acerca el día de la verdad. ¿Pero quién la ha dicho? ¿Los independentistas, cuando afirman que si no hay amnistía y referéndum, no votan a favor de la investidura de Sánchez?, ¿O este y su Gobierno, que sostienen que no van a saltarse la Constitución? La primera exigencia de aquellos es una ley de amnistía que, salvo excepciones, todo el mundo sostiene que es inconstitucional. Desde el propio Gobierno hace dos años, cuyo gabinete dictaminó en un informe oficial la ilegalidad de borrón y cuenta nueva para el ‘procés’, hasta los propios socialistas históricos, pasando por profesores de Constitucional, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces (tres de las cuatro que existen) y la asociación mayoritaria de fiscales. Y a esta última quiero referirme hoy, por su importancia y trascendencia en sus manifestaciones. Se han dirigido a la Comisión Europea (a través de su vicepresidenta para Valores y Transparencia y del comisario europeo de Justicia), poniéndole de manifiesto que un procesado y reclamado por la Justicia española es el líder del partido político que puede decantar la votación a favor de Sánchez, legislando una amnistía para todas las personas, incluido él mismo, por cualquier hecho derivado de la promoción, organización y ejecución del referéndum para la independencia de Cataluña, celebrado el 1 de octubre del 2017. Como ceder a estas pretensiones-afirman- es poner en riesgo el Estado de Derecho, piden la intervención de los órganos europeos. Y ello porque la Constitución nunca menciona la amnistía (lo que no se puede interpretar que entonces la admite), a diferencia que sí lo hace con los indultos, que es potestad del rey, con la única prohibición de que sean generales. La amnistía sería tanto como deslegitimar al Poder Judicial, y una injerencia de un poder del Estado (el Legislativo) en otro (el Judicial). Si se aprobara -sostienen los fiscales- sería como una ‘autoamnistía’, que beneficia no solo a los amnistiados, sino también a quien accede a su tramitación y aprobación, que se convierte en presidente del gobierno. Por todos estos argumentos, y otros que adicionan los fiscales en su petición a la UE, le piden que inste al Reino de España para que se abstenga de promover una ley de amnistía, porque pone en grave riesgo el Estado de Derecho, por ser contraria a los principios de separación de poderes y a la independencia judicial. De persistir en su aprobación, se ponga en marcha el procedimiento del art. 7 de TUE, por constatar un riesgo grave por parte del Estado español de los valores esenciales de la UE. Y, finalmente, que se pondere la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración de los principios de Derecho de los Estados miembros (legalidad, seguridad jurídica, prohibición de arbitrariedad del Poder Ejecutivo, tutela judicial efectiva, separación de poderes, y no discriminación e igualdad antes la ley). ¡Bravo por la asociación mayoritaria de fiscales, que han demostrado su defensa de la legalidad y su independencia del fiscal general del Estado!

Ni qué decir tiene el tema de la autodeterminación, cuya cabida en la Constitución es nula en tanto no se elimine la prohibición de separación unilateral de un territorio español del resto del Estado.

Es verdad que Sánchez, salvo lo de la coherencia, no ha dicho aún nada claro. Por eso estamos en una ‘vacatio decernere’, cuyo resultado estamos a punto de conocer. Tres opciones existen: la primera es que gobierne Sánchez, cediendo a todas esas peticiones de los independentistas (amnistía y autodeterminación). La segunda, es que lo prometa y después no lo cumpla, porque no quiera, o porque sea imposible. La tercera, que no ceda y se convoquen nuevas elecciones generales. Estoy deseando saber cuál es la decisión, tanto de Europa, como la del propio Sánchez. Y, sobre todo, cuáles serán las consecuencias, a corto y largo plazo, de la decisión que finalmente se adopte en el Parlamento. Lo que no se puede negar es que estamos ante un momento importante y clave de nuestra historia y, por qué no decirlo, del respeto al equilibrio entre los tres poderes del Estado, que tanto esfuerzo ha costado. O lo que es igual, ante el respeto al Estado de Derecho y a la democracia. Si finalmente se promulga una ley de amnistía, será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra. O no, porque no me sorprendería nada la aparición de un nuevo as en la manga, del imprevisible Sánchez.

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