Todos los que regularmente suelen sentarse delante un ordenador, bien para su trabajo ordinario, bien para otros menesteres, más o menos de forma habitual, se han visto obligados ante un bloqueo de la máquina a apagarla y ha volverla a encender para, milagrosamente, observar que todo vuelve a ser como debía. Vamos, lo que se viene llamando resetear. ¿A que sí?

¿Y por qué no se darán cuenta los políticos de que a veces lo mejor es resetear la máquina? Una ley sobre otra ley que trata de arreglar lo que ha quedado mal cubierto y sobre eso, uno y otro decreto que le dan mil vueltas a determinados aspectos que decía la ley y que, según el legislador no queda adecuadamente determinado. A esa costumbre que tenemos de legislar para arreglar lo que otra ley ha estropeado y sobre eso volver a legislar hasta olvidar el origen de la motivación podíamos llamarla dictadura del positivismo (jurídico).

Sobre la casuística que se está viviendo en nuestro país al hilo de los desahucios. Decreto, y otro decreto, iniciativa legislativa popular, nueva ley anti desahucios y vueltas a las vueltas retorciendo hasta los límites de lo humanamente aguantable.

¿Y por qué no le damos ya una solución definitiva a este asunto y nos dejamos de tanta vuelta de tuerca? ¿Acaso pensarán los políticos que si le dan una solución definitiva a esto serían ellos los que se quedarían sin trabajo?

En primer lugar, por eso de ser un estado 'social' democrático de Derecho, y porque justifica la existencia de los Gobiernos, se ha de atender al drama personal generado a las familias que hoy se han quedado sin techo. En segundo lugar se ha de articular un mecanismo tal que, en adelante esto no vuelva a suceder o, al menos, cuando suceda sea porque no exista otra alternativa. Y en tercer lugar se ha de aprovechar la coyuntura para corregir tanto el comportamiento estratégico por parte de los bancos como cuantos otros recovecos se han demostrado existentes en la actual legislación general sobre el asunto, que favorecen dicho comportamiento estratégico.

Empezando por el final, a mí, personalmente, me gusta y defiendo en todo momento, pagar pocos impuestos con la finalidad de distorsionar lo menos posible el funcionamiento de la economía de mercado, y aún más cuando la base imponible del impuesto no tiene directa y proporcional correspondencia con el hecho imponible. Es decir, cuando formalizamos una hipoteca, supongamos, de 150.000 euros, los impuestos que pagamos, por formalizarla exclusivamente, suelen estar en torno a una base imponible de unos 200.000 euros (responsabilidad hipotecaria). Ante eso, observamos la incapacidad del legislador para limitar los comportamientos estratégicos por parte de la banca en los procesos de ejecución hipotecaria, adjudicándose el inmueble por el valor que estiman adecuado. A esto, como ya sabemos, le corresponde la persistencia de deuda una vez ejecutado el lanzamiento. ¿Y si facilitáramos el acceso de particulares a los procesos de subasta? ¿Y si nuestros impuestos pagados tuvieran una efectiva correspondencia y la garantía aceptada por el banco sirviera, efectivamente, para cubrir la deuda reclamada? Ojo, esto último no es dación en pago pura y dura, y menos aún dación en pago indiscriminada. Aún así, la solución global no pasa por ahí, pero hay que hacerlo.

Con respecto al segundo aspecto mencionado, acerca de la articulación de un mecanismo tal que no vuelvan a suceder estos ¿injustos? lanzamientos (como en todo, pagan justos por pecadores). Aquí sí está la solución. Es tan 'simple' como lo siguiente: igual que las empresas tienen articulado un procedimiento legal para el caso de que se vean imposibilitadas para atender sus obligaciones, los particulares tienen que tenerlo. Si existe el concurso de acreedores (suspensión de pagos) y procedimiento de liquidación por quiebra en las empresas, debe existir el mismo procedimiento para los particulares. Se debe dotar de un mecanismo tal que, un agente externo se haga cargo de la situación personal del potencial desahuciado, que valore su situación, que plantee un adecuado plan de pagos con quitas negociadas incluidas y, en última instancia, si no hubiese más remedio, proceda a la liquidación definitiva y ordenada del patrimonio del implicado, liberándolo de la deuda. Eso respeta y garantiza tanto la legalidad vigente como la posibilidad de empezar de nuevo por parte de quien lo ha perdido todo. Lo tienen los franceses, los alemanes, los americanos, los italianos y los ingleses. Nosotros no lo tenemos.

Y, por último, y no por ello menos importante, atiéndase a la realidad de aquellas personas que se han visto desahuciadas. Lo comentado hasta ahora es un proceso legislativo algo denso y en esto último hay que actuar ya mismo. Déjense de fotos a la madrileña, entregando llaves de viviendas sociales a deshauciados, y articulen un procedimiento tal que, tanto las empresas como los particulares cuenten con incentivos a la contratación de personas en esta situación, aprovechando para fomentar la movilidad territorial, orientando hacia el reciclaje profesional a sectores con suficiente potencial y, transitoriamente, déles un techo donde puedan alojarse, en ese orden.

Todo esto que comento, y que debe ser desarrollado en un espacio de discusión más amplio, como observarán requiere de la actuación del Gobierno de España, son soluciones nacionales. Por lo que ruego desde aquí a todos los políticos autonómicos y municipales que se abstengan de legislar y que impulsen y apremien a los políticos nacionales a que reseteen la máquina. Todo lo que no sea eso será perder el tiempo.