Economía

Las ayudas solicitadas para comprar coches eléctricos superan en un 57% la partida asignada a Murcia

La Comunidad tiene una asignación del plan Moves III de 17,7 millones de euros y ha recibido peticiones por importe de 27,8 millones      

El plazo para pedir las subvenciones termina el próximo 31 de julio

Punto de recarga para coches eléctricos en Cartagena.

Punto de recarga para coches eléctricos en Cartagena. / Iván Urquízar

María José Gil

María José Gil

Las solicitudes que ha recibido la Comunidad Autónoma para el Plan Moves III, destinado a fomentar la implantación del coche eléctrico, superan en 10 millones de euros la partida de la que dispone la Administración regional.

Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, la Región tiene asignados 17.756.300 euros para la implantación de vehículos alimentados con energía eléctrica, pero el importe de las ayudas solicitadas hasta ahora alcanza los 27.851.599 euros. Los expedientes resueltos suman 3.424.719 euros, que representan menos del 20% de la asignación. Murcia ha solicitado una ampliación del presupuesto  para poder atender las solicitudes recibidas, que ya superan en un 57% su disponibilidad.

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 17 millones de unidades en 2024, según la AIE

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 17 millones de unidades en 2024, según la AIE / L.O.

Fuentes del departamento de Juan María Vázquez han informado de que «en los últimos meses se ha realizado un encargo a la empresa pública Tragsatec para tener más recursos y agilizar los expedientes»

Ampliación del programa

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre un real decreto que prorroga hasta el 31 de julio de este año el programa de incentivos para la movilidad eléctrica, que ha alargado siete meses más la vigencia del plan, cuyo vencimiento inicial estaba previsto para finales de 2023

Con esta ampliación del programa destinado a la electrificación del transporte el Gobierno pretendía prolongarlo hasta el período estival, «en el que se registra el pico anual de ventas de automóviles».

El Moves III es uno de los principales programas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destinado a fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. 

Está gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque las comunidades autónomas son las responsables de la distribución final a los beneficiarios.

El plan destinado a fomentar la introducción del vehículo eléctrico está dotado con 1.200 millones de euros, después de experimentar dos ampliaciones presupuestarias por el gran número de solicitudes recibidas. De esta cantidad aún quedan unos 250 millones sin repartir.

La Consejería de Medio Ambiente solo ha resuelto hasta ahora algo menos del 20% de las solicitudes

El Plan de Recuperación establecía el hito de alcanzar 238.000 peticiones de ayuda para vehículos eléctricos y puntos de recarga en 2023. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en Murcia, las peticiones se han disparado y en noviembre había más de 250.000 solicitudes registradas. El programa está aún abierto hasta el 31 de julio, por lo que pueden seguir llegando nuevas peticiones.

La Región tiene asignado un presupuesto total es de 17.756.300 euros, pero las solicitudes presentadas hasta ahora suman los 27.851.599, «lo que supone un 157 por ciento con respecto al presupuesto disponible», según precisan fuentes de la Consejería.

Se prevé recibir más

 «Por esto hemos solicitado al IDAE una ampliación de presupuesto para la Región de Murcia, para poder atender todas las solicitudes que tenemos y que vamos a seguir recibiendo». 

Hasta ahora la Comunidad ha resuelto la concesión de ayudas por importe de 3.424.719 euros, lo que supone cerca de un 19,3 por ciento con respecto al presupuesto disponible. La mayor parte se ha resuelto este mismo año, dado que en los últimos cinco meses ha concedido 2.689.219,47 euros.

El retaso en la concesión de las ayudas ha provocado quejas entre los solicitantes, que han visto cómo otras comunidades autónomas vecinas atendían las solicitudes presentadas por los propietarios de los coches eléctricos con más celeridad.

Ha recurrido a la empresa pública Tragsatec para tramitar los expedientes con más agilidad

Las ayudas del Plan Moves III también van destinadas a la instalación de infraestructuras y de puntos de recarga de uso público, que en la Región se concentran preferentemente en las grandes ciudades. Según los datos recogidos en el estudio publicado por la patronal automovilística Anfac, había el pasado año 705, que representan apenas el 11,3% de los objetivos marcados por la Unión Europea. Sin embargo, 253 de ellos están fuera de servicio o aún no han sido conectados a la red eléctrica.

Menos restricciones en las zonas de bajas emisiones

Los coches eléctricos son los que tendrán menos restricciones para seguir circulando en las grandes ciudades de la Región cuando se delimiten las zonas de bajas emisiones, que aún no han llegado a implantarse. Según los datos recogidos en el Portal Estadístico de la Región de Murcia, en 2023 había 5.017 vehículos eléctricos circulando por los municipios murcianos. En muchos casos se trata de vehículos de transporte que son utilizados por empresas logísticas y por Correos.

Esta cifra casi se ha duplicado en dos años, dado que en 2021 el parque de vehículos enchufables se reducía a 2.630. En 2018 solo llegaba a 1.075, según los datos estadísticos de la Comunidad.

El Defensor del Pueblo reprocha a Murcia y a Lorca el retraso en la regulación de zonas de bajas emisiones

Aunque los vehículos alimentados con electricidad eran considerados hasta hace poco la principal alternativa a los de motor de combustión, los países europeos han empezado a contemplar las posibilidades que ofrecen el hidrógeno verde o los biocombustibles de cara al futuro.

Sacarlos de la ciudad

De momento, los fabricantes han apostado por el mercado eléctrico para atender la demanda de coches más sostenibles.

La Ley de Cambio Climático, que entró en vigor el pasado año, establecía que las cuatro ciudades con más de 50.000 habitantes, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, deben limitar la circulación de los automóviles más contaminantes para reducir las emisiones a las que se ven sometidos los vecinos. 

Las restricciones obligarán a los propietarios de los vehículos que no puedan obtener las etiquetas medioambientales de la DGT a inmovilizarlos o a sacarlos de la ciudad para evitar las multas.  

Las grandes ciudades deben limitar el tráfico de los vehículos más contaminantes

Sin embargo, el retraso de los consistorios de la Región en el cumplimiento de la normativa destinada a regular el tráfico en los centros urbanos para reducir la polución ambiental ha llevado al Defensor del Pueblo a incluir a Murcia y a Lorca entre las 33 ciudades españolas investigadas por el retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones contempladas en la Ley. Así se recoge en el informe que su titular, Ángel Gabilondo, presentó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo.

Gabilondo recuerda que el artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera.

Solo Cartagena y Molina

De momento, los ayuntamientos de Cartagena y de Molina de Segura son los únicos que han anunciado algún tipo de actuaciones restringir la contaminación.

Murcia ha ejecutado un plan de movilidad destinado a limitar la circulación de automóviles privados y crear carriles bici en las zonas más transitadas de la ciudad, pero tampoco ha avanzado en la regulación de los coches antiguos que generan más emisiones.

Coches circulando por el carril bici en la plaza Camachos

Coches circulando por el carril bici en la plaza Camachos / L.O.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lorca anunció en febrero que iba a iniciar una ronda de reuniones para dar a conocer su proyecto y recoger sugerencias, aunque ha dejado claro que no se plantea imponer sanciones