Tribunales

Juzgados de lo Social de Murcia ya señalan para 2027 las vistas por despidos

La huelga de secretarios judiciales y la pandemia, entre las causas del atasco: "Se me han muerto clientes esperando que les salga el juicio"

Numerosos papeles y carpetas se acumulan sobre la mesa de un juzgado.

Numerosos papeles y carpetas se acumulan sobre la mesa de un juzgado. / La Opinión

Ana Lucas

Ana Lucas

Tres juzgados de lo Social de Murcia (en concreto, el 2, el 3 y el 8) están fijando ya vistas por despido para el año 2027, indican fuentes judiciales. 

En estos momentos, informan desde el TSJ de Murcia, «de los 127 juzgados y tribunales de la Región de Murcia, más de 54 tienen completas sus agendas durante 2024».

Así, según la Agenda Programada de Señalamientos, actualmente tienen señalados juicios en 2025 algunos juzgados de instancia, de lo penal, social, contencioso administrativo y mercantil de Murcia. Esta agenda se extiende a 2026 en 5 de los juzgados de lo Social y alcanza 2027 en la Sección 2 y 3 de la Audiencia Provincial de Murcia y el 2, 3 y 8 de lo Social de Murcia, subrayaron.

La carga de trabajo, por encima de lo normal, que soportan juzgados y tribunales de la Región, unida a los efectos de la huelga de secretarios judiciales de 2023 (que hizo mucho daño) y a la pandemia, que generó retrasos que aún colean, formaron la tormenta perfecta.

"Colapso absoluto"

Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, su presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, exige (como lleva años haciendo, sin éxito) más medios para paliar el bloqueo. Mientras, abogados afectados hablan de «colapso absoluto».

Así se expresa, por ejemplo, el abogado laboralista Joaquín Dólera, al remarcar que «hay un colapso absoluto en los juzgados de lo Social: demandas que presenté en septiembre y octubre me las están señalando para el último trimestre de 2026 e incluso primeros de 2027». 

Joaquín Dólera, abogado.

Joaquín Dólera, abogado. / La Opinión

Así las cosas, «desde que se presenta la demanda hasta que se va a hacer el juicio van a pasar tres años y pico», una situación que «no ha ocurrido nunca», apunta.

«A veces los trabajadores se ven presionados, porque les dice la empresa: ‘Oye, mira, te corresponde tanto, te doy tanto menos dos, cuando llegue el juicio yo seguramente ni estaré’. Esto está provocando una subasta a la baja de los pedimentos que hacen los trabajadores», dice el letrado.

"Hay empresas que, con toda la grosería del mundo, dicen: 'Te doy una carta, ya sabes que es improcedente...'"

Es más, «hay empresas que, con toda la grosería del mundo, dicen: ‘Te doy una carta de despido, ya sabes que es improcedente, pero de aquí a que salga el juicio’...», hace hicanpié Joaquín Dólera, quien reitera que «llevo 37 años de profesión y esto no ha ocurrido nunca».

«Antes, aunque había menos juzgados de los que hay ahora, tú presentabas una demanda y en un mes y medio habías hecho el juicio; y, si había recurso, tardaba tres o cuatro meses más en resolver el Tribunal Superior», comenta, para sentenciar que la actual situación «supone una falta de tutela judicial efectiva para aquellos que son despedidos».

Y es que «estamos hablando de puestos de trabajo de los que dependen las familias», sentencia el laboralista, al tiempo que recuerda que lo Social «está configurada como jurisdicción rápida».

"Los retrasos son una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos"

«Se me han muerto varios clientes esperando el juicio, luego tiene que litigar la familia por los atrasos», asevera Dólera.

Preguntado sobre por qué se ha producido este colapso, el letrado afirma que «se han mezclado muchas cosas». «A mi juicio, la nueva Oficina Judicial ha fracasado, no se han puesto los medios oportunos. Lo que antes hacía un juzgado se hace a través de dos servicios y no ha habido coordinación entre ellos», opina.

Además, pone el acento en las secuelas de la pandemia «y las sucesivas huelgas que ha hubo el año pasado». «Y una falta de eficiencia y agilidad a la hora de tramitar los expedientes», lo cual evidencia «la absoluta insuficiencia de medios de la Administración de Justicia», manifiesta.

Faltan recursos y medios

Otro abogado, José Manuel Hernández Benavente, coincide con su colega en que «primero la covid y después las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios  provocaron un tremendo colapso y atasco de nuestros juzgados, cuyas fechas de señalamientos ya de por sí, por la carencia de recursos materiales y personales, alcanzaban los 18 y hasta 20 meses». 

José Manuel Hernández Benavente, abogado.

José Manuel Hernández Benavente, abogado. / La Opinión

«Actualmente, en mi caso personal lo noto, sobre todo, en el Juzgado de Primera Instancia Número 16 de Murcia, único competente en toda la Región para las demandas de cláusulas abusivas, como gastos o cláusula suelo, pues el último juicio que me han señalado es de una demanda presentada en febrero de 2022. Es decir, que este procedimiento lleva esperando la celebración de juicio casi dos años y medio», remarca el abogado de Equi&Lex.

«Pero el colapso en la Región de Murcia se nota sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la gran cantidad de demandas presentadas», continúa el letrado, que tiene claro que «los tremendos retrasos repercuten al final en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en su vertiente de un procedimiento sin dilaciones». 

Se necesitan más juzgados

Un tercer letrado, José Antonio López Jiménez, detalló que «normalmente en la jurisdicción social se suele dar prioridad a los señalamientos por despido, modificación sustancial de las condiciones labores, impugnaciones de altas médicas, etcétera; sin embargo, los procedimientos que versan sobre reclamación de cantidad se suelen dilatar mucho en el tiempo, y ya hay señalamientos para 2026 y 2027».

José Antonio López Jiménez, abogado.

José Antonio López Jiménez, abogado. / La Opinión

«Entienden los jueces que son cuestiones cuya resolución no causa, entre comillas, perjuicio alguno o entienden simplemente que no necesitan tanta celeridad», expone, para lamenta que «el perjudicado siempre es el trabajador, que tiene que esperar años para cobrar una deuda o una indemnización por accidente laboral».

«La solución sería crear más juzgados de lo Social, ya que, a diferencia de los juzgados de 1a Instancia e Instrucción, que existen en todos los partidos judiciales, en la Región únicamente existen juzgados de lo social en la ciudad de Murcia y Cartagena», significa el letrado.

«Esto redunda en el exceso de trabajo que tienen que soportar y que les ‘exime’, entre comillas, de dicho retraso», considera.