"Las imputaciones de machismo a los jueces se hacen desde la ignorancia o desde la clarísima mala fe"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, rompe esta semana su silencio después de que la judicatura lleve meses en el punto de mira de Podemos por las rebajas de penas a violadores con la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. Además, habla en mitad de una de las huelgas más problemáticas a las que ha tenido que hacer frente la Administración de Justicia en toda su historia.

¿A qué consecuencias nos enfrentamos tras la huelga?

Detrás de 9.388 suspensiones hay en cada una de ellas, como poco, dos partes, por lo que se multiplica el número de personas afectadas. Esto es algo muy preocupante porque hablamos de un número de ciudadanos mucho mayor que el número de actuaciones suspendidas. Lamentamos las molestias y prejuicios y también me toca pedirles disculpas por esta situación, que es contraria a nuestra voluntad.

La Justicia es lenta y esta huelga viene ahora a agravar seriamente este problema. ¿Podremos volver a la normalidad en un período corto de tiempo?

La Justicia ha de ser, por naturaleza, sosegada y no arrebatada. No cabe duda de que la falta de recursos y de atención que todo el sistema judicial ha tenido por parte de la clase política durante los últimos cuarenta años hace que, efectivamente, tengamos situaciones patológicas en las que la Justicia es más lenta de lo que debería. Si a esto le añadimos fenómenos como la pandemia y ahora esta huelga, estamos sobrecargando un sistema ya sobrecargado. Va a ser un reto enorme volver a recuperar el ritmo, reseñalar esas actuaciones y hacerlo en tiempo que no signifique una demora excesiva.

¿Será posible recuperar ese ritmo sin añadir más recursos extra a la Administración?

Hay órganos judiciales en los que esta situación se solventará en tiempo más o menos razonable, pero hay juzgados en Murcia y Cartagena, donde ya las agendas están muy comprometidas, en las que necesitaremos refuerzos adicionales. La Sala de Gobierno ya está preparando planes para afrontar esta contingencia.

¿Entiende las motivaciones de los secretarios judiciales?

Entiendo las reivindicaciones de mejoras salariales de los letrados; por lo tanto, mi solidaridad con esas legítimas expectativas, pero la situación tan complicada que está produciendo la huelga me lleva a señalar a todos aquellos que forman parte de la mesa de negociación el deber de llegar a un acuerdo lo antes posible.

Va a ser un reto enorme volver a recuperar el ritmo tras la huelga de los secretarios judiciales

¿Cuánto tiempo más puede aguantar la Administración de Justicia esta situación?

El problema no es aguantar, sino dar servicio en tiempos razonables. Todo lo que sea sobrecargar obligará a una labor de descarga posterior, que durará más cuanto más se alargue la huelga.

La huelga ha retrasado al caso Novo Carthago, que afectaba a históricos del PP, y ya no se celebrará pocas semanas antes de las elecciones. No todo el mundo cree en las casualidades.

Niego la mayor. No hay tratamiento diferenciado a ningún asunto ni a ninguna persona involucrada en los procedimientos. Vivimos una masiva suspensión de actuaciones judiciales en la que podrá haber unos pocos que afectan a personas de trascendencia pública. Lo que lamento es que, en relación a algunos asuntos, como el que me menciona, con un amplio número de jornadas reservadas, no sea fácil encontrar nuevos huecos en agendas tan sobrecargadas. Es una cuestión logística.

¿Tenemos un problema de corrupción política?

Durante un período de tiempo hubo una profusión de asuntos relacionados con la corrupción y el urbanismo, pero ese fenómeno se encuentra en una situación menos patológica. De hecho, muchos asuntos que estamos tratando ahora vienen de esa época. Aún así, lamento cada vez que me encuentro con actuaciones judiciales que se agotan con la fotografía ante la fachada del juzgado diciendo que han presentado una querella contra alguien. Ese es un uso espurio de la Administración de Justicia.

Podemos ha señalado a algunos jueces por rebajar penas a agresores sexuales al aplicar la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Tan abierta a la interpretación es esta norma?

Asistimos al deterioro institucional generalizado. Nos encontramos ante una campaña insistente de señalamiento de los jueces y juezas como responsables de una serie de reducciones de penas en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual. Se nos ha presentado como boicoteadores de esta norma y como un reservorio de machismo incapaz de entender la reforma. Esto no se ajusta a la realidad y es un ejercicio de manipulación. Se han vertido insultos personales y publicado fotografías de personas concretas. Esto es inaceptable. Todos los datos apuntan a que el problema está en una ley con defectos técnicos importantes que, además, produce una rebaja de penas que, al parecer, no era buscada por el legislador. Se está difuminando la propia responsabilidad y trasladándola a un colectivo que debería merecer respeto. Los datos son claros: se han realizado 1.615 revisiones y el número de resoluciones con rebajas de penas son 646, un 40%. Es la misma proporción que en la Región de Murcia. De 60 revisadas, unas 25. Las imputaciones de machismo se hacen, en ocasiones, desde la ignorancia y la insolvencia jurídica, y en otras ocasiones, desde la clarísima mala fe, cuando no una mezcla de ambas.

¿Un juez machista tiene herramientas para aplicar a su antojo una ley supuestamente feminista?

La obligación fundamental de un juez es aplicar la ley y hacerlo desde el espíritu de la misma. Para eso debe permitir que ese espíritu infiltre en su manera de ver el mundo y que su respuesta sea acorde a lo que el legislador le ha mandado. Es una tarea complicada porque los jueces somos seres humanos, con una percepción de la realidad, una visión, una ideología, una religión y una emocionalidad, pero nos adiestran en hacer un ejercicio de identificación de los propios sesgos. En el caso de la violencia sexual y de género, estamos formados para aportar perspectiva de género a nuestras decisiones. Con todo, es posible que alguno de esos sesgos termine filtrándose, pero para eso tenemos un muy garantista sistema de recursos.

¿Qué le parece una modificación de esta ley en caliente, como pretende el Gobierno?

El problema viene de lejos. Desde 2010 hasta ahora, en trece años, los delitos contra la libertad sexual han sido modificados en cinco ocasiones. Se legisla sin hacer antes un análisis previo de la legislación vigente, en caliente y por eslogan. Son las llamadas leyes pancarta por la literatura científica. Ahora se nos presenta una contrarreforma sin haber dado tiempo a ver qué pasa con esta ley; solo como reacción a una rebaja de condenas. Tampoco he visto cuál es el reproche a las penas actuales. Si miramos al contexto europeo, estamos entre los países que castigan estos delitos con penas más severas. Convendría hacer un análisis de qué política criminal queremos. En este sentido, la ley que se apruebe no va a neutralizar la obligada revisión de las sentencias. Hay 4.023 presos por este tipo de delitos y sus sentencias serán chequeadas, sí o sí. Si se rebajan el 40%, estaríamos hablando de 1.609.

Se acerca el 8M. ¿Teme más ataques a la judicatura?

Me disgusta el señalamiento a los jueces como responsables de algo cuya autoría hay que buscarla en quienes aprobaron esa ley. Lamentablemente, hay algunos mensajes que calan y esa es la razón por la que en este TSJ hemos decidido dar explicaciones a la ciudadanía, para que ésta pueda juzgar con objetividad y sin manipulación qué está pasando y por qué.

"Murcia está en una situación de agravio en cuanto a las dotaciones de Justicia"

Transferencia de competencias de Justicia: ¿sí o no?

Lo importante es cuánto de comprometida está la administración prestacional, sea el Ministerio o la Comunidad Autónoma, para afrontar las necesidades que tenemos. Me da lo mismo la administración siempre que se asuma que Murcia está en una situación de agravio de calaje claro respecto de otros territorios. En términos objetivos, estamos infradotados. Eso abona la idea de que hay territorios a distinta velocidad.

Esta es una queja constante. ¿Qué responden desde el Ministerio de Justicia?

Por más que lo señalamos, no conseguimos el retorno por parte del Ministerio de Justicia. Cada año se produce la planificación de nuevos órganos judiciales y en los últimos cinco años hemos conseguido la creación de nueve en la Región, pero nuestras necesidades han estado situadas siempre por encima. Hay que tener en cuenta que Murcia es de las regiones que más litigiosidad recibe, la tercera comunidad de España, pero la tercera también con menos jueces. Más asuntos y menos jueces tiene como resultado que somos la comunidad que más tarda en resolver los asuntos.

Lamento el uso espurio de la Justicia que hacen algunos partidos y responsables políticos

Se acerca el momento en el que el fiscal asuma la instrucción de los casos.

Todos los proyectos de reforma procesal apuntan a que la investigación penal estaría bajo la dirección del Ministerio Público y que los jueces pasarían a ser jueces de garantías. Es el sistema más extendido continentalmente hablando y el que quiere implementarse, pero requerirá de un extraordinario esfuerzo logístico y organizacional de reconversión de todo un sistema.

¿Cómo nos afecta la no renovación del CGPJ?

Aprecio una deslealtad constitucional en quienes están impidiendo y poniendo excusas al cumplimiento de los plazos legales de renovación y en quienes están haciendo un uso táctico de la retirada o devolución de competencias al Consejo dependiendo de las respectivas agendas políticas y partidistas. El CGPJ se le han retirado sus competencias para realizar nombramientos. En la Región, están vencidos los mandatos de la presidencia del TSJ y de la presidencia de la Audiencia Provincial, que seguimos en funciones. Además, el magistrado de extracción de designación autonómica que forma parte de la Sala Civil y Penal se jubiló en diciembre y su plaza no ha sido cubierta, por lo que esta Sala trabaja con dos magistrados, no con tres.