Los alcaldes de la Región exigen al Gobierno central que compense la pérdida de la plusvalía

Los alcaldes murcianos exigen al Gobierno central compensaciones económicas por las pérdidas en la recaudación de la plusvalía que han sufrido los consistorios. Tal y como informó La Opinión, una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero ha quitado las limitaciones para reclamar la devolución a los contribuyentes que han vendido su casa por un precio inferior al de compra. El presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López Abenza, que es alcalde de Ulea, asegura que los ayuntamientos tienen que devolver cantidades de «hasta 6.000 y 7.000 euros», dado que «la plusvalía no es un impuesto barato». Además, han perdido parte de sus ingresos.

Los datos de la recaudación de la plusvalía del año pasado en los 45 consistorios de la Región no se han hecho públicos todavía, pero según los cálculos de la Federación de Municipios, el importe liquidado ascendía a 44 millones en 2021, la mayor parte de los cuales correspondía a los ayuntamientos de Murcia y Cartagena.

Esta cifra coincide con los ingresos que habían obtenido en 2015, aunque las previsiones presupuestarias en ambos ejercicios eran muy superiores.

A pesar de que en 2017 y 2018, tras la sentencia del Constitucional, se produjo un descenso, la recaudación se recuperó a partir de 2019, cuando el mercado inmobiliario se relanzó.

El Supremo reconoce la nulidad de la plusvalía con liquidación firme

Sin embargo, solo el Ayuntamiento de Murcia ha visto caer sus ingresos por el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana de los 30 millones de 2019 a 16 en 2023. En el año 2020 tramitó devoluciones por valor de 2,9 millones y en 2022 tuvo que hacer frente al reintegro de 6,8 millones.

Cartagena tuvo que devolver 455.462 euros en 2021 y 1.673.616 en 2022, según informaron fuentes municipales.

Los consistorios cobraron 44 millones en 2021 por este tributo, lo mismo que ingresaron en 2015

El presidente de la Federación de Municipios de la Región, que también forma parte del Consejo Territorial de la Federación nacional, se queja de que el retraso en la regulación del impuesto por parte del Ejecutivo central, tras el fallo del Constitucional de 2017 que anuló el tributo en las transacciones sin ganancia económica, «obligó a los ayuntamientos a seguir cobrándolo» hasta que se reformó la fórmula de cálculo en 2021.

Desde entonces, el Tribunal Supremo ha dictado diferentes sentencias, en las que se acotaban las condiciones para exigir a los ayuntamientos la devolución, pero un nuevo fallo del 28 de febrero de este año reconoce la nulidad de la plusvalía aunque exista una liquidación del impuesto ya firme si «se pagó por una ganancia que realmente no se produjo».

La resolución, en la que ha sido ponente Rafael Toledano, concluye que no hay ninguna limitación de efectos en la declaración de inconstitucionalidad que hizo la sentencia del Constitucional en las liquidaciones firmes por plusvalía en los casos en los que no existió ningún incremento de valor y establece que son «nulas de pleno derecho».

El presidente de la Federación de Municipios alerta de que este fallo del Supremo «abre una brecha a los ayuntamientos», dado que «todo lo que se compró antes de 2008» se pagó mucho más caro.

La mayor parte corresponde al Ayuntamiento de Murcia, cuyos ingresos han caído a la mitad

Según las estimaciones de López Abenza, el importe de las liquidaciones pueden rondar «entre los 800 o los 900 euros y los 6.000 o los 7.000».

También la presidenta de la Federación de Municipios nacional, María José García-Pelayo, que esta semana se ha reunido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le ha pedido la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local en el primer semestre de este año para abordar las reivindicaciones de los consistorios, entre las cuales figura la compensación por la pérdida de la plusvalía.

Las reivindicaciones de los consistorios incluyen desde «la negociación de un modelo de financiación local, que se desarrolle de forma simultánea a la del sistema financiero autonómico, hasta el funcionamiento de las nuevas reglas fiscales -en especial la regla de gasto- y el Fondo de Transporte».

La Federación nacional también propone el estudio de líneas de apoyo para los municipios en riesgo financiero y de las posibles consecuencias de la prórroga presupuestaria para las haciendas locales. Igualmente pretenden «avanzar en la delimitación de las competencias locales para reducir al máximo las competencias impropias (financiadas por los consistorios, aunque no les corresponden) y han pedido que «tanto los gobiernos autonómicos como el central respeten el principio de lealtad institucional» a la hora legislar y de crear nuevas obligaciones.

El Supremo fija el límite de la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías en la sentencia del TC

33 regidores y concejales ocupan puestos en la Federación nacional

Los ayuntamientos de la Región tienen 33 alcaldes y concejales en los órganos de representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera. García-Pelayo fue elegida el pasado mes de septiembre en sustitución del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, que había ocupado el cargo en las dos últimas legislaturas, desde 2015 hasta 2023. L

a FEMP es la asociación española de entidades locales que agrupa ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos. Integra en total a 7.412 ayuntamientos o entidades. La representación murciana está integrada por 27 cargos municipales del PP y seis del PSOE, según ha informado el presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza, que ha entrado a formar parte del Consejo Territorial. López Abenza es también vicesecretario general de Política Municipal del PP murciano.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, es el único representante de la Región la Junta de Gobierno de la FEMP, el máximo órgano de la institución, que se ha renovado tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Por su parte, la regidora de Cartagena, Noelia Arroyo, preside la comisión de Violencia de Género. Alicia Del Amor, alcaldesa de Cehegín, también forma parte de esta comisión.

De los 27 representantes del PP en los órganos de dirección, 22 son alcaldes y cinco concejales El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, forma parte de la comisión de Promoción Económica y Empleo. Por su parte, el regidor de Molina del Segura, José Ángel Alfonso, es miembro de la comisión de Urbanismo y Vivienda. Para López Abenza, «el Partido Popular de la Región realiza el mayor desembarco de la historia en los principales puestos de la Federación de Municipios y Provincias de España, lo que muestra sin duda su importancia en el ámbito nacional»

. El presidente de la Federación de Municipios de la Región apunta que «en estas comisiones de trabajo se debate y se pone en valor la nueva estrategia de desarrollo de los municipios en España, así como el desarrollo de nuevas normativas. Todos estos nombramientos, sin duda alguna, suponen un respaldo del PP nacional hacia el Partido Popular, de la Región y reflejan la importancia que tiene Murcia en Madrid. Enviamos a nuestros mejores alcaldes y concejales, lo que beneficiará de forma importante a la Región», afirma el regidor de Ulea.