El 99% de los agricultores del campo de Cartagena se enfrentan a multas por los nitratos

El 29 de febrero es la fecha límite que tienen los cerca de 10.000 agricultores del campo de Cartagena para justificar que no contaminaron el Mar Menor durante el año hidrológico 2022/23 tras la imposición de medidas cautelares de protección impuestas por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Los regantes tienen que presentar un informe en el que confirman que cumplen con la protección del Mar Menor debido al riesgo de mal estado, cuantitativo y químico, del acuífero cuaternario.

La fecha límite de este mes ya supuso una ampliación del plazo que tenían los regantes para presentar ese informe. Y es que, según fuentes del ente hídrico consultadas por La Opinión, a fecha de 31 de diciembre poco más de 100 habían entregado la documentación justificativa. Al constatar la nula respuesta, CHS amplió el plazo para facilitar que los regantes presenten esa justificación. Aunque la realidad es que, si ese documento no llega antes del día 29, los que incumplan con la obligación se enfrentarán, como mínimo, a una multa.

El organismo de cuenca amplió el plazo de recepción al 29 de febrero ante la falta de respuesta de los regantes

A partir del 1 de marzo se iniciarán expedientes sancionadores a los incumplidores, que tendrán el tiempo reglamentario para presentar alegaciones. Y, si este proceso llega a fase de finalización tras su instrucción con propuestas de sanción, todas ellas serán «sanciones económicas». Además, en función de la tramitación del procedimiento, el expediente podría finalizar con el corte del suministro del agua, que se les suministra procedente de la planta desaladora de Torrevieja.

Fertilizantes

Estas medidas cautelares las fijó la CHS para preservar la laguna salada y los ecosistemas asociados con la intención de frenar y reducir la carga de nitratos que acaban en ella. Uno de los principales caballos de batalla que, además, conecta el uso de fertilizantes, es el control sobre las desalobradoras ilegales y la protección del Mar Menor.

Por ese motivo, tras acabar el año hidrológico (cada 30 de septiembre), se exige un informe por cada explotación agrícola en el que los administradores confirman que cumplen con los requisitos, que varían en función de la zona de influencia de la laguna salada. Allí certifican la cantidad de uso de fertilizantes, la de dosis de nitrógeno orgánico, de abono nitrogenado y el número de ciclos de cultivo. También se exige el cumplimento de los puntos de control, los muestreos o la suspensión de la fertilización en casos de previsión de lluvias abundantes.

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Las medidas cautelares son obligatorias para todas las parcelas, da igual el tamaño, que estén dentro de las zonas afectadas. Además, recuerdan desde la CHS que más del 90% del territorio agrícola del año hidrológico 2021/22 sí se justificó en tiempo y forma, no como este pasado año.

El informe de cumplimiento de las medidas cautelares es, junto a la Ley del Mar Menor, el catalizador de las protestas ante las puertas de la Asamblea Regional que acabaron el miércoles con manifestantes sitiando el parlamento autonómico. Además, un grupo rodeó y zarandeó el coche oficial del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al ver que no podían abrir las puertas del vehículo.