Gobierno, PP y Asamblea culpan a la Delegación del cerco al Parlamento

«Exaltados muy violentos» impidieron el miércoles la salida de los coches oficiales del garaje del Parlamento tras la sesión de control al Consejo de Gobierno. Cuando identificaron el vehículo de Fernando López Miras, «comenzaron a zarandearlo, a darle golpes e intentaron abrirlo». Con estas palabras describe el propio presidente autonómico lo que vivió cuando fue víctima de una turba de manifestantes del sector primario, que bloquearon la Asamblea Regional durante más de tres horas e impidieron la salida de los diputados, miembros del Ejecutivo y trabajadores de la casa. Algunos, aseguró en una entrevista en Al rojo vivo (LaSexta), «sufrieron ataques de ansiedad».

El jefe del Ejecutivo no tardó en denunciar «la dejación de funciones de la Delegación del Gobierno» y desveló que desde esa institución tan solo se envió un WhatsApp: «Nos dijeron que o nos reuníamos con los agricultores o que dormíamos allí; son hechos muy graves para esta respuesta, ya que estaba cercado un Parlamento autonómico y la Delegación debería dar explicaciones», explicó Miras.

Pese que los agricultores se reunieron con los portavoces de los grupos parlamentarios, los manifestantes se negaron a retirar el cerco a la Asamblea, por lo que la única solución fue dejar entrar a un grupo de ellos para hablar con López Miras.

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El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, pidió ayer la dimisión de la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, por su «nefasta gestión» de las protestas el pasado miércoles.

«Conocía la intención de un grupo de manifestantes de protestar ante la Asamblea y, si no la conocía, es una grave irresponsabilidad», afirmó Segado, quien se pregunta por qué no se preparó un dispositivo de seguridad ni se dieron instrucciones a los agentes de la Policía Nacional —pocos, a su juicio— para contener a los manifestantes.

«Cómo es posible que se permitiera que los tractores ocuparan zonas peatonales» que impidieron la salida de los diputados y diputadas del edificio, dijo Segado, quien comparó esta situación con la visita de Pedro Sánchez a la desaladora de Torrevieja, donde «el manifestante más cercano estaba a un kilómetro de distancia».

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Tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Marcos Ortuño, denunció también los «hechos gravísimos» ocurridos en la Asamblea, poniendo especial hincapié en la «actitud violenta, agresiva e inadmisible» por parte de los manifestantes, así como en la «dejación de funciones» por parte de la Delegación del Gobierno, que considera que «no ha estado a la altura».

«No había dispositivo alguno. El único plan era que el presidente regional se reuniera con los manifestantes», corroboró Ortuño, que dijo que López Miras «se decidió a recibirlos para rebajar la tensión». No obstante, subrayó que «el Gobierno regional no negocia con nadie que tenga actitudes agresivas».

En este sentido, aseguró que las organizaciones agrarias Coag, Asaja y UPA son los «únicos interlocutores válidos» para el Ejecutivo, aunque la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se reunirá con los manifestantes el próximo lunes «para escuchar».

López Miras: "La Delegación nos dijo que o nos reuníamos con los agricultores o dormíamos en la Asamblea"

Hasta la Mesa de la Asamblea se posicionó en contra de la Mariola Guevara, que tomó posesión del cargo hace poco más de un mes. El órgano parlamentario adoptó un acuerdo «ante la ineficaz actuación de quienes son los responsables últimos del mantenimiento del orden público y de velar por la integridad e inviolabilidad de esta institución» por el que acusaban a la Delegación de acusan de infravalorar una concentración que dio lugar a «hechos violentos protagonizados por elementos incontrolados».

Además, expresó su «malestar por la ineficiencia del dispositivo de seguridad ordenado y dirigido desde la Delegación del Gobierno, ya que no se actuó con la diligencia exigible en este tipo de situaciones».

Las organizaciones rechazan el bloqueo pero piden soluciones más allá del diálogo

«Si algún miembro del Gobierno regional se sintió amenazado, hay que lamentarlo», aseguró Marcos Alarcón, secretario general de UPA, tras las protestas a las puertas de la Asamblea Regional: «Lo que sucedió es consecuencia de la falta de respuesta. Son gente que se gana la vida a diario trabajando en su explotación. Había algunas personas de todo ese colectivo más excitadas, más nerviosas y se vivieron momentos de tensión».

Alarcón expresó que la falta de soluciones es la culpable de una situación incómoda porque «hay diálogo, pero no respuesta». «El Gobierno tiene que tomar nota y reconducir la situación ordenando la interlocución con hechos», reclamó el representante de UPA que apunta como detonante de la protesta a la Ley del Mar Menor y a las medidas cautelares de protección de la laguna salada por parte de Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Proexport y Apoexpa rechazan las formas y apoyan el fondo de las manifestaciones a las puertas de la Asamblea

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y otros productos agrarios Apoexpa, también rechazó el bloqueo. Su presidente, Joaquín Gómez, señaló que están «absolutamente en contra de utilizar la sede de la soberanía regional para este tipo de actos». «El proceso de manifestación y diálogo con nuestros representantes políticos pasa por cauces de normalidad. Las justas reivindicaciones y quejas de la agricultura regional, nacional y europea, que en estos días todos y cada uno en sus posibilidades estamos manifestando, no justifican el uso de vías que socialmente son rechazables», concluyó Gómez.

Misma idea que transmitió el presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, Proexport, Mariano Zapata: «Estos días hemos respaldado a miles de agricultores que están alzando su voz en la Región y toda España para defender sus derechos y su modo de vida. Sus justas reivindicaciones no deben quedar en entredicho por comportamientos irrespetuosos o socialmente reprobables. Por ello rechazamos firmemente actos de intimidación contra nuestros representantes públicos. Proexport desea asimismo mostrar su solidaridad al presidente Fernando López Miras».