Penas de hasta nueve años de cárcel para los responsables del incendio

Las investigaciones sobre el incendio registrado este domingo en las dos discotecas de la zona de Las Atalayas de Murcia que ha causado al menos 13 muertos se centrarán inicialmente en la búsqueda de las causas del fuego y en la posibilidad de que la tragedia pueda deberse a «un homicidio imprudente», provocado por una negligencia. Los responsables se enfrentarían a penas de hasta cuatro años de cárcel, según ha explicado a La Opinión el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera. Al haberse producido un elevado número de víctimas, la condena podría llegar incluso a los nueve años, aunque la legislación no concreta cuántas víctimas deben producirse para que se imponga esta pena máxima.

Las diligencias de la Fiscalía también se orientarán a averiguar si «ha habido omisión de medidas de prevención» destinadas a evitar el fuego. «Vamos a ver en qué queda todo. También podría haberse producido un cortocircuito que no estuviera provocado por una omisión», apuntó.  

Díaz Manzanera recuerda que el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia abrió diligencias este domingo para investigar lo ocurrido, aunque da por hecho que los resultados definitivos tardarán en conocerse. Señala que «son tres locales», dado que el fuego llegó a una tercera discoteca, además de devorar el techo y el interior de Teatre y Fonda Milagros, por lo que prevé que «va a ser pesado» llegar a las conclusiones definitivas. 

De confirmarse que ha habido  negligencia o falta de medidas de prevención, los responsables del delito de homicidio imprudente se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel, según recoge el artículo 142 del Código Penal. 

Tragedia en la discoteca: trece fallecidos en el incendio de Atalayas

El fiscal superior ha precisado que la legislación establece entre uno y cuatro años de prisión para los responsables de una actuación negligente que acaba provocando la muerte de una persona, pero no contempla una condena por cada una de las víctimas mortales, sino que fija la pena en función de los delitos más graves. No obstante, al tratarse de un caso en el que hay un elevado número de personas fallecidas, puede llegar a los nueve años, aclara Díaz Manzanera. 

«En este caso se supone que la gravedad es la misma en los 13 fallecimientos», ha indicado.

Ha avanzado igualmente que cuando sea posible entrar en los locales incendiados «habrá que hacer un trabajo exhaustivo. Habrá que ir centímetro a centímetro, moviéndolo todo». Además de los trabajos de reconocimiento que han realizado los bomberos rastreando por cuadrículas para poder detectar la presencia de posibles restos humanos bajo los escombros, en las pesquisas participan la Policía Judicial, Policía Científica, la Policía Local y los expertos en investigación de incendios e identificación de víctimas enviados por el Ministerio del Interior.

"El teléfono de una de las jóvenes fallecidas no dejaba de sonar"

Paralelamente, deberán revisarse los expedientes administrativos para recabar toda la información posible sobre las autorizaciones de los establecimientos incendiados. Según las últimas informaciones municipales, Fonda Milagros y Teatre carecían de licencia y tenían una orden de cierre desde 2022.   

La tercera vía de las diligencias deberá encaminarse hacia los testigos. La información aportada por las personas que se encontraban en los locales será vital para que los investigadores averigüen el punto en el se inició el fuego y las causas por las que se desencadenó. 

Díaz Manzanera apuntó que las reclamaciones que presenten las familias también se incluirán en la causa penal. Solo si el proceso penal no establece responsabilidades, se abriría una causa civil en la que se tramitarían.

Niños huérfanos y una familia rota, las otras víctimas del incendio

José Luis Díaz Manzanera confía en que las investigaciones sobre el incendio de las discotecas de Las Atalayas que ha dejado 13 muertos permitan descubrir a los responsables Espera que «no ocurra en Murcia lo mismo "que pasó tras el siniestro de la sala Alcalá 20 de Madrid, que únicamente dio lugar a una condena de dos años de cárcel para uno de los implicados, a pesar de se registraron 81 muertos, mientras que en Zaragoza, con 43 fallecidos, «no se ha establecido ninguna responsabilidad».