Unai Sordo tacha de "insumisas" a las patronales de la Región que se niegan a revisar los convenios

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, que hoy ha presidido una asamblea de afiliados de la Región, considera «insumisos» a los empresarios que mantienen bloqueados los convenios colectivos caducados. «Si se niegan a negociar, ¿qué tenemos al otro lado de la mesa, una organización o una banda?», ha preguntado el máximo responsable del sindicato.

Santiago Navarro, secretario general de CC OO en la Región, ha precisado que en la lista de los convenios caducados figuran los de hospitales privados, agricultura y otras actividades agrarias, a excepción de los cítricos, detallistas de alimentación y transporte de mercancías, entre otros.

Según sus cálculos, tras los acuerdos alcanzados con las patronales del comercio, la hostelería y el metal, quedan unos 150.000 trabajadores con convenios caducados.

Unai Sordo ha defendido el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva firmado por la patronal nacional CEOE con los sindicatos y ha dicho que, pese a no ser de obligado cumplimiento, «no es en absoluto unos consejos que los abuelos dan a los nietos»,  por lo que considera que se puede llamar «insumisas» e «incumplidoras» a las patronales que se niegan a aplicarlas.

Ha recordado que el acuerdo contempla una subida del 4% para este año y del 3% para 2024 y 2025. En total, el incremento pactado alcanza el 10% en tres años.

El líder confederal de CC OO ha defendido también la subida del salario mínimo interprofesional y el mantenimiento de la reforma laboral frente a las amenazas de derogación que han formulado dirigentes del PP. 

Sordo sostiene que la reforma laboral forma parte de los compromisos adquiridos por España para recibir los fondos Next Generation y ha pedido al partido de Núñez Feijóo que expliqué qué va a hacer antes de las próximas elecciones. «¿Va a volver a los contratos de usar y tirar?», ha preguntado refiriéndose a los contratos temporales que han pasado a ser fijos discontinuos.

 También pregunta al partido que aspira a gobernar tras las elecciones del próximo 23 de julio «si va a pagar los 1.080 euros del salario mínimo interprofesional o va a volver a los 700 u 800 euros».

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno que atienda las reivindicaciones de los trabajadores de la Justicia que están en huelga y que se siente a negociar con ellos de igual forma que ha hecho con otros colectivos de empleados públicos.