La Región, la única que acorta distancias con Madrid, la comunidad que menos IRPF paga

La brecha entre los ciudadanos que pagan más IRPF frente a los que pagan menos se ha ampliado considerablemente en los cuatro últimos años. No es algo directamente achacable a la gestión del Gobierno central. Estas diferencias tan importantes entre comunidades responden a cómo los diferentes Gobiernos regionales han usado sus competencias sobre el tramo autonómico del IRPF (el 50% del impuesto). Unos gobiernos regionales que en poco más de un mes se enfrentan, en su mayoría, a un nuevo proceso electoral.

Si tomamos como referencia la Comunidad de Madrid, al ser la autonomía con menor IRPF, resalta que con una renta media de 25.500 euros en 2022, un contribuyente catalán paga 482 euros más al año que uno madrileño; un balear, 404 euros más; un extremeño 394 euros más y un asturiano 375 euros más. En estos casos, además, todos los contribuyentes han incrementado la distancia con respecto a los contribuyentes madrileños en 2018: un contribuyente catalán pagaba entonces 470 euros más; y un balear, 250 euros más. 

Sólo la Región de Murcia ha acortado distancias en el período, bajando 98 euros su contribución, lo que deja la autonomía pagando 191 euros más que Madrid. Las otras dos autonomías que en este tramo de 25.000 euros están más cercanas a Madrid, junto a la ya citada Murcia, son Galicia (178 euros más) y Canarias (191 euros más).

En el caso de rentas de 45.000 euros, las diferencias se amplían considerablemente. El podio de los ciudadanos que en este tramo de renta pagan más que en Madrid lo encabeza los extremeños, con 1.018 euros más; seguidos de catalanes, con 877 euros por encima, y baleares, con 745 euros más. En estos casos coincide exactamente con las regiones donde o bien no se han producido cambios en bases y tipos o bien se han corregido los tipos al alza. Sólo dos autonomías han reducido la aportación de sus ciudadanos en este tramo desde 2018: Murcia, con 291 euros menos, y Galicia, con 10 euros menos. Los mayores incrementos, con la misma cantidad (313 euros) las protagonizan Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Sin entrar en un nivel de detalle exhaustivo, ya que sólo se calculan las cuotas íntegras (para evitar entrar en más disparidades y complejidades de las deducciones autonómicas y estatales), en los últimos cuatro años los Gobiernos de Sánchez no han tocado la escala estatal salvo para rentas superiores a 300.000 euros, mientras que sí ha habido un uso muy activo de la escala autonómica, especialmente en los últimos dos ejercicios.

En este análisis tampoco se debe dejar a un lado el factor inflacionista. Éste es el trasfondo del debate de los últimos meses en torno a la deflactación del IRPF: si un sueldo o cualquier otra renta sube ligada a la inflación, pero no se modifica ni los bordes de los tramos, ni el tipo impositivo ni los mínimos personales y familiares, entonces en realidad el contribuyente está pagando más impuestos que antes de la inflación (lo que se denomina ‘progresividad en frío’).

En este sentido, en las regiones que aparentemente han propiciado un mayor ahorro fiscal para sus contribuyentes, en realidad una buena parte de él no es real, sino compensación por la pérdida de poder adquisitivo. En los últimos meses, las autonomías de diferente signo político (con origen en dos de las gobernadas por el PP como son Madrid y Andalucía) han aprobado modificaciones de sus tarifas de IRPF (por completo o elementos sueltos como los bordes de los tramos, los tipos de cada tramo, los mínimos exentos o las deducciones en cuota) para intentar compensar el coste de la inflación. Aun con las correcciones por inflación y el impulso a una fiscalidad más baja, las autonomías de Régimen Común no consiguen acortar distancias con quien tiene la menor fiscalidad, que es Madrid.