El Gobierno aprueba el Plan de Gestión de Riesgos frente a Inundaciones del Segura

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana los nuevos Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones (PGRI) de las cuencas intercomunitarias para el periodo 2022-2027, entre ellas la del Segura, con un presupuesto de 840 millones y más de un centenar de actuaciones.

Según han informado fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, el PGRI contempla medidas de prevención, protección, preparación y recuperación si finalmente se producen estas inundaciones.

En el capítulo de las obras destinadas a la protección y preparación destacan las de protección de bienes y personas incluidas dentro del ámbito geográfico del PGRI del Segura, que cuentan con un presupuesto de 733 millones de euros y se ubican en aquellas áreas de riesgo potencial y significativo frente a las inundaciones (ARPSI) dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) como son la zona del Guadalentín, el Mar Menor y la Vega Baja.

Entre las medidas se contempla la ejecución de las presas de laminación de avenidas en Béjar y Tabala, que contribuirán el minimizar el riesgo por inundaciones en las zonas del Valle del Guadalentín y la Vega Baja del Segura, respectivamente.

Así, para el Guadalentín, el PGRI prevé, además, la ejecución del corredor verde o de conexión entre la rambla de Béjar y la de Viznaga.

Según las fuentes, en el entorno del Mar Menor se destina una parte importante de este presupuesto de inversión a soluciones basadas en la naturaleza mediante corredores verdes y zonas de almacenamiento controlado en los municipios de la cuenca vertiente, así como la renaturalización de las principales ramblas.

Además de la presa de Tabala, en la Vega Baja, se proyectarán una serie de soluciones basadas en la naturaleza como son los corredores hidráulicos que serán sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y tamizarán este territorio de la desembocadura del Segura, dotando de una menor vulnerabilidad frente a las inundaciones.

Todas estas actuaciones, precisaran del máximo consenso entre las administraciones implicadas, comunidades autónomas y ayuntamientos con la Administración General del Estado, han explicado.

Por otra parte, los 107 millones restantes se invertirán en la prevención y la preparación con carácter anual de medidas frente a precipitaciones intensas como son el mantenimiento de cauces, limpiezas en ramblas o retiradas de sedimentos, entre otras acciones.