Los agricultores murcianos dudan de que el nuevo registro de contratos pueda evitar la venta a pérdidas

El nuevo registro digital de los contratos en el sector agrario fiscalizará las operaciones comerciales entre agricultores y empresas de distribución para todas las hortalizas, frutas, pescado o carne que se produzcan en la Región de Murcia. Esta nueva herramienta nace de la reciente Ley de la Cadena Alimentaria, que busca romper con la peligrosa tendencia de las ventas a pérdidas con contratos que no cubren ni siquiera los costes de producción. 

Sin embargo, la nueva medida que entrará en vigor a partir del 31 de enero genera dudas entre el sector agrario regional, ya que apuntan que si no hay un refuerzo de recursos humanos y materiales en la inspección y control de estos contratos, todo seguiría igual. La aplicación de la ley del Ministerio de Agricultura ha levantado ampollas entre los representantes del campo, que no ven mejoras en el margen de beneficios que obtienen los productores con las ventas en origen. 

En la Región, el nuevo registro electrónico afectará a la comercialización anual de una producción de alimentos que alcanza las 4,6 millones de toneladas. De incrementar la protección de los productores primarios y las agrupaciones agrícolas se hará cargo la Agencia de Información y Control Alimentarios que, junto con las comunidades, deberán vigilar las transacciones comerciales. Es aquí, apunta Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, donde se debe reforzar los medios. 

«La implantación del registro es una buena noticia, una herramienta que permitirá que los intereses comerciales de ambas partes queden protegidos», señala Gálvez, «pero es importante aplicar un seguimiento y control exhaustivo para evitar abusos en las condiciones de los contratos». 

En la misma línea se expresa José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, que denuncia la pérdida de poder adquisitivo del agricultor «año tras año» pese a la implantación de la Ley de la Cadena Alimentaria. «Hasta ahora ningún mecanismo ha podido evitar que se siga vendiendo a pérdidas por parte de los agricultores». 

El Ministerio defiende que se va a lograr «una mayor seguridad jurídica de las relaciones comerciales y una estructuración más eficiente de la cadena de valor». 

El Real Decreto que recoge este nuevo registro aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios que, según la ley de la cadena, corresponde a los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones. También precisa el procedimiento de inscripción, «que debe realizarse antes de la entrega de los productos objeto del contrato, así como cuando se produzcan modificaciones del contrato pactadas por ambas partes», señala el Ministerio.

Contratos homologados

Los cítricos, señala Gálvez, en fresco o para zumo tenían un contrato tipo homologado hasta ahora, pero muchas de las comercializaciones de este producto se realizaban al margen de estos procesos. Esto, señala, deberá cambiar con el nuevo registro. «La mayoría de operaciones vienen con un soporte contractual, pero el registro de los acuerdos comerciales debería ser una garantía de cumplimiento si se controla». 

Asaja reclama que las comisiones de seguimiento entre el Ejecutivo central y las autonomías al respecto de la Ley de la Cadena tengan más peso para garantizar el buen funcionamiento de este tipo de herramientas.

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