Victoria judicial de la asociación Stop Quemas Murcia contra la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha anulado la orden que regulaba las quemas agrícolas en la Comunidad por "no ser conforme a derecho". El Gobierno regional aprobó esta norma en diciembre de 2020 por la que permitía la incineración de restos agrícolas si existía un riesgo de plagas constatado. Ahora, las magistradas rechazan que el consejero Antonio Luengo tuviera potestad para regular una materia como esta, "de gran incidencia medioambiental y en la sanidad pública".
El tribunal considera que el consejero, que puede recurrir ante el Supremo, se ha excedido en sus competencias
En concreto, la sentencia del TSJ, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el consejero solo ha actuado en lo referente a la sanidad vegetal a la hora de elaborar esta norma, pero obvia otros aspectos como el medio ambiente y la salud pública que se ven claramente perjudicados por una quema agrícola. "La regulación completa de la quema de restos vegetales de una explotación agraria debe abordar una regulación integral", subraya el Tribunal, a lo que añade que "la potestad reglamentaria no le viene atribuida en este caso al Consejero por una norma con rango de ley (en concreto la Ley de Sanidad Vegetal)".
La sentencia refleja que en el propio informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería que tratan de justificar la orden aprobada "se constata que hay otros ámbitos materiales afectados, como es el medio ambiente o la sanidad pública, materias que en esta Orden lógicamente ni se contemplan, pues el titular de la Consejería ha actuado solo en la señalada de sanidad vegetal".
Los agricultores solicitaron hasta febrero de este año un total de 4.786 autorizaciones para quemar
La plataforma Stop Quemas Murcia interpuso un recurso contencioso-administrativo contra dicha orden dado que no le compete a la Consejería de Luengo establecer este reglamento e infringe el artículo 53 de la Ley que regula el Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. A su vez, señalan que una orden así no puede establecer "infracciones o sanciones" ya que previamente debe contemplarlo una ley estatal.
El TSJ aclara que "no estamos en presencia de un reglamento organizativo, sino que se dicta de conformidad con la norma estatal referida (Ley de Sanidad Vegetal), cuya ejecución excede de la competencia del Consejero, y exige, además, la observancia de todos los trámites establecidos para la elaboración de una disposición general, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo".
La excepción
Las razones fitosanitarias servían en la ley para producir quemas agrícolas. Había que demostrar la existencia de riesgo de propagación de plagas de los restos vegetales existentes en las mismas, así como la imposibilidad de su eliminación mediante otros sistemas alternativos prioritarios como su valorización por gestor autorizado o su incorporación al suelo mediante triturado o picado, entre otros. La acreditación de estos extremos, que permiten sortear la prohibición general de las quemas en el marco de la Ley de Residuos, se realizaba mediante una declaración responsable del interesado, junto con un informe técnico de asesor en gestión de plagas.
La Ley de Residuos ya fija prohibiciones y sanciones millonarias
La sentencia de la Sala 1 del Contencioso-Administrativo del TSJ no deja en el limbo las quemas agrícolas de la Región de Murcia. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó recientemente una nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados donde sí se refleja que estas quemas suponen un «riesgo» para el medio ambiente y la salud humana, además de fijar una serie de prohibiciones y sanciones millonarias por estas prácticas. Esta nueva norma permite la incineración de rastrojos agrícolas «con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento».
En la práctica, la ley del Ministerio regula casi los mismos aspectos que la orden anulada de la Comunidad Autónoma, pero en este caso tiene un rango normativo superior. El problema llegaría con los expedientes sancionadores abiertos hasta ahora, ya que la norma lleva en vigor año y medio. Hasta febrero de este 2022 la Consejería había abierto 523 expedientes, muchos de ellos por la incineración de podas en viviendas particulares, aunque hasta entonces no se había sancionado. Por otro lado, la Consejería sí había dado el visto bueno a 4.786 solicitudes de agricultores o particulares para incinerar restos vegetales por razones fitosanitarias. Otros datos facilitados son que el 14% de las explotaciones agrícolas en la Región de Murcia habían demandado autorización para hacer al menos una quema.
"Respondieron con chapuzas jurídicas a problemas medioambientales"
Tras conocer la sentencia, desde Ecologistas en Acción de la Región de Murcia tienen la impresión de que «la Comunidad responde con chapuzas jurídicas a problemas medioambientales» como los que provocan las quemas agrícolas, ya que tienen una «trascendencia importante» sobre la salud de las personas. José Antonio Herrera, de Ecologistas en Acción, considera que desde la Comunidad se impuso en 2017 esta orden, que ahora anula el TSJ, «para salir del paso», ya que se trató de una respuesta «improvisada» para «dar cobertura legal» a esta práctica.
En otras palabras, desde la confederación de grupos ecologistas están seguros de que «esta orden se ideó para permitir que todo siguiera igual». «Ahora volvemos al punto de partida, a 2017, y nos encontramos con que el no se ha hecho nada en todo este tiempo para abordar este problema», lamentan. En este tiempo, «apenas ha habido control ni sanciones y tampoco medidas en positivo para incentivar al sector agrícola a que conviertan sus prácticas contaminantes en otras no contaminantes», añaden.
Aunque Herrera se muestra «escéptico» ante un cambio en la actitud del Gobierno regional, espera que la sentencia mande el mensaje al Ejecutivo murciano de que «las leyes están para cumplirse». Además, en Ecologistas cuentan con que la «la ciudadanía está cada vez más concienciada» ante este problema. «Los murcianos demandan un aire más limpio», sentencia. De todas formas, se muestran convencidos de que el Gobierno regional va a recurrir la sentencia dictada por el TSJ.
"Siguen siendo ilegales"
«Las quemas agrícolas siguen siendo ilegales», subrayan José Antonio Herrera, de Ecologistas en Acción, recordando que así está recogido en la ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados. Asimismo, las excepciones están recogidas en la Ley de Sanidad Vegetal.
