La quema de restos vegetales en la Región de Murcia está prohibida y solo se puede llevar a cabo si existe un problema de plagas en esos desechos y esta medida es la única eliminación posible del riesgo. La orden que regula las quemas agrícolas en la Comunidad cumple un año tras varios más de vaivenes normativos que no lograban zanjar el debate su prohibición.
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente registró, hasta el pasado 31 de enero, un total de 4.786 solicitudes de agricultores o particulares para incinerar restos vegetales por razones fitosanitarias. Esto implica que en la Región se producen trece quemas agrícolas cada día condicionadas por la normativa local, y todas las que se produzcan fuera de este contexto son ilegales y sancionables.
La Región es un punto caliente en el panorama nacional por las quemas agrícolas en el campo, un problema medioambiental que ha atraído la atención de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Ministerio para la Transición Ecológica y otros organismos, incluso sanitarios, que han visto en este problema un claro factor de la contaminación del aire en nuestro país.
Las plagas suponen "un incremento de los tratamientos fitosanitarios y una pérdida de producción"
En este año con la normativa en vigor, la Consejería señala que el 14% de las explotaciones agrícolas en la Región de Murcia han demandado ‘autorización’ para hacer al menos una quema. Como tal, el procedimiento que sigue el departamento de Antonio Luengo no conlleva un sistema de autorización, sino que recibe la comunicación del agricultor, que mediante declaración responsable «notifica la presencia de un riesgo fitosanitario» y procede a hacer la quema señalando hora, día y lugar porque resulta inviable «otro método de gestión» de los restos vegetales que ha acumulado.
Quien avala que existe este riesgo, más allá de las inspecciones que puedan hacer los responsables de las Oficinas Comarcales Agrarias sobre el terreno (en este año se han inspeccionado in situ 332 quemas), son los técnicos o asesores especializados en defensa fitosanitaria. Estos, que a fecha de enero hay 1.368 registrados en la Región, son los encargados de certificar el estado sanitario de los cultivos y dar el visto bueno. Este sistema ha sido muy criticado por organizaciones ecologistas por no responder a un control real sobre las quemas.
Medio Ambiente asegura que la mayoría de productores trituran los desechos vegetales y los dejan en sus suelos
La Consejería revisa por su parte la documentación de todos los expedientes; «y en caso de no ser correcta se envía un escrito de no conformidad impidiendo esta practica agrícola», aseguran fuentes de Agricultura. De forma paralela, esta documentación es presentada por el agricultor ante el ayuntamiento donde se va a realizar la quema para que, en caso de que exista una afección a la población, se prohíba o se lleve a cabo con una serie de medidas preventivas. Esto ha propiciado que algunos consistorios hayan dictado algún bando u ordenanza en relación a la incineración de restos vegetales.
Murcia registra el 2% de todas las quemas solicitadas
La mayor parte de los cultivos para los que se solicita autorización para quemar restos vegetales son frutales de hueso y almendro (80%), vid (14%) y en menor medida para olivo y cítricos. Un 2% son cultivos hortícolas, principalmente tomate y en menor medida pimiento. Respecto a los municipios donde más comunicaciones se han realizado están Blanca (22%), Abanilla (15%), Abarán (10%), Lorca (7%), Cieza (7%), Calasparra (6%), Jumilla (6%), Ulea (5%) y Villanueva del Segura (5%). El municipio de Murcia solo supone el 2% de las comunicaciones recibidas por la Consejería. Los problemas fitosanitarios que más se han detectado son la presencia de barrenillo y gusano cabezudo en el caso de los frutales de hueso y almendro o verticilium, yesca y eutipiosis para la uva de mesa y vid.
Sanciones
De toda la revisión de los documentos aportados por los agricultores o particulares más las investigaciones en el campo, 829 solicitudes de quemas (el 17% del total) han presentado algún tipo de deficiencia, como por ejemplo haber comunicado la fecha mal o no haber presentado la declaración responsable. En este punto, la Consejería remarca que, tras la comunicación a los afectados de estas deficiencias, todas se han «subsanado».
Más allá de esto, entre las denuncias abiertas por Guardia Civil, Seprona, Agentes Medioambientales o Policía Local por saltarse las normas a la hora de quemar, la Consejería ha dado trámite en un año a 523 expedientes, muchos de ellos por la incineración de podas en viviendas particulares. Medio Ambiente aclara que estos expedientes todavía no han acabado en sanción firme ya que los plazos para la defensa del afectado no han concluido.
En la mayoría de las explotaciones de la Región de Murcia, asegura Medio Ambiente, los productores realizan la trituración e incorporación al suelo de los restos, «siempre y cuando no signifique un problema fitosanitario para la explotación, que supondría un incremento de los tratamientos contra plagas y una pérdida de producción».
