Uno de los funcionarios cambió de teléfono y borró su agenda para tratar de esquivar la denuncia por corrupción en la cárcel de Sangonera

El segundo funcionario de la prisión murciana de Sangonera la Verde que figura en una denuncia anónima enviada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como presunto integrante de la supuesta trama corrupta que operaría en aquella ha adoptado en los últimos meses diversas medidas para intentar no verse implicado.

Entre esas medidas figura el haber cambiado de teléfono y deshacerse de los números que figuraban en su agenda y que podrían resultar comprometedores para él dentro de las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil, que ya lleva efectuadas una decena de detenciones por las actuaciones presuntamente ilegales llevadas a cabo en la citada prisión.

Los agentes han tenido conocimiento de esas medidas de precaución a través de la conversación telefónica que mantuvo con el jefe de servicio de la cárcel murciana que está encarcelado desde hace más de un mes como principal sospechoso de la supuesta trama.

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En la conversación, se observa que no quiere ser explícito a la hora de responder a las preguntas que le hace su interlocutor, ya que, como sostienen los investigadores, es presumible pensar que temía que la conversación que mantenía podía estar siendo grabada.

No obstante, sí le dijo que quería “limpiarse un poquito”, cambiar de aires y quitar teléfonos que no debía tener en la agenda.

A lo largo de la conversación sale a relucir la existencia de un móvil en el interior de la prisión a través del cual, y por medio de algunos internos, se pueden estar cometiendo hechos presuntamente ilícitos.

Las investigaciones del caso, que son dirigidas desde 2021 por un juzgado de Instrucción de Murcia, tratan de esclarecer esa supuesta trama delictiva que facilitaría trato de favor a ciertos reclusos a cambio de compensaciones económicas.

Esas supuestas actividades delictivas consistirían en facilitar los vis a vis con los internos, que estos pudieran poseer teléfonos móviles en el interior del centro penitenciario y adquirir droga y en la venta de productos que no se pueden adquirir en el economato.

El caso fue destapado por las familias de dos presos que denunciaron a la Fiscalía que una de ellas había entregado al funcionario que está en prisión por estos hechos 90.000 euros y la otra, que le había dado 40.000 euros.

En los últimos días, el juzgado de instrucción ha tomado declaración a una decena de testigos, entre ellos, las personas que aseguran haber hecho aquellas entregas dinerarias.