Murcia no es Bangladesh, pero se parece

Hace diez años, en el país asiático ocurrió una tragedia sin precedentes. Murieron en un edificio textil, destinado a coser las prendas que se lucen en un occidente cada vez más depredador, más de mil personas, una masacre que se pudo evitar si se hubieran atendido las denuncias de los trabajadores que alertaron sobre el precario inmueble.

Después de que el bloque se viniera abajo en abril de 2013, la administración de turno inició una serie de batidas que conllevó el cierre de casi una veintena de establecimientos. Salvando las distancias, los paralelismos entre esa tragedia y la de Atalayas de hace una semana son inevitables y corresponden al mismo proceder por parte de los gobernantes que deben garantizar que todo está en orden y de unos funcionarios que deben atenerse a las normas urbanísticas que son las que dictan cómo hay que hacer las cosas.

El problema es que los departamentos que rigen los designios urbanísticos de pueblos y ciudades no siempre responden al interés público y a veces se generan proyectos a la carta adaptando a martillazos las resoluciones administrativas o estableciendo protocolos muy laxos. Una circunstancia a la que hay que añadir la dejadez y la mala praxis de empleados públicos y la no vigilancia o inoperancia de los gestores políticos.

Murcia no es una excepción y el caso de Atalayas es la punta del iceberg de un urbanismo que tiene demasiados ‘cadáveres’ en el armario. Desde un hospital ilegal hasta un campus universitario sin demasiado control demuestran que en la capital de la Región se lleva haciendo una mala gestión desde hace lustros. Cómo es posible que a un ayuntamiento con más de 3.000 empleados le puedan plantar un centro sanitario en una zona no apta o varios edificios universitarios sin que se dé cuenta. 

Un domingo de lágrimas y misas por los 13 fallecidos de Atalayas

Por no hablar de las miles de construcciones ilegales que jalonan la huerta (entre viviendas, casetas,naves, etc.), de las quemas ilegales, de los vertidos incontrolados o de los locales sin licencia ni proyecto de seguridad que campan a sus anchas en la ciudad y en las pedanías. Hasta un chalé en pleno monte publicitado y denunciado públicamente que ha sido concluido pese al precinto del Ayuntamiento.

Ese mirar para otro lado y esa falta de vigilancia, ¿responde a intereses inconfesables o es pura dejadez? Hay funcionarios en el Ayuntamiento que, tras la consternación por la tragedia de Atalayas, se han atrevido a decir en petit comité que el urbanismo en Murcia es una especie de mafia que lleva operando desde hace demasiado tiempo. Incluso, hablan de directrices verbales a determinados empleados municipales que llevan ciertas tareas para sacar adelante iniciativas sobre las que los papeles oficiales dicen cosas diferentes a las instrucciones dadas.

El Ayuntamiento de Murcia admite que hay otros locales con órdenes de cierre sin ejecutar

Nada nuevo si se repasa la lista de los casos de corrupción de un municipio en el que siempre da la sensación de que todo está a medio hacer y que funciona por inercia con intereses cruzados. De momento, el Ayuntamiento ha apartado (al día siguiente de tomar esa decisión los afectados seguían en sus puestos) a un inspector y al jefe de Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades, un cargo muy rimbombante para acabar en una gestión nefasta que ha tenido como consecuencia que no se aplicara una orden de cese firmada por el concejal socialista, Andrés Guerrero, hace más de un año. Antes nadie movió un dedo para que Teatre fuera chequeado de arriba abajo pese a que llevaba funcionando lustros con distintos nombres hasta su chapucera partición, entrando este expediente en un agujero negro del que están saliendo a la luz papeles oficiales que demuestran que se sabía de su existencia y, por ende, de su alegalidad.

Tanto Guerrero como el concejal actual, Antonio Navarro-Corchón, que también fue edil de Urbanismo en el primer mandato del alcalde Ballesta, han intentado cargar las responsabilidad a los funcionarios que dejaron en el limbo la orden de cierre, un camino equivocado que así se lo harán saber los sindicatos con representación en el Ayuntamiento que ya, la semana pasada, en una junta de Personal, analizaron el caso. En unos días volverán a tratarlo y no es creíble que todas las culpas vayan a recaer en el proceso administrativo que se debió de seguir. El cerco se estrecha sobre los dos políticos que, como máximos responsables, no han estado a la altura de lo esperado. Por nadie pase. 

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