Sí es sí, suma y sigue

La ley ha causado un problema, y me quedo corto». Eso ha dicho el presidente del Gobierno en relación a la tristemente famosa ley del ‘solo sí es sí’. Pero olvida usted, señor presidente, que no es la ley la que ha causado el problema, sino quien la ha hecho, pues la ley carece de inteligencia para hacerse a sí misma. Qué digo, tampoco son los que la han hecho, pues se me olvidaba que la culpa la tienen los jueces que no saben interpretarla. Lo entiendo, porque es la primera vez que lo hacen, y carecen de la experiencia y formación que envuelve a la igualitaria autora de la misma, que por fin dice que aceptará el cambio porque el PSOE lo necesita, y no porque lo precisen las mujeres, añado yo.

En el colmo del desconocimiento, refiere la señora ministra que el consentimiento va a cambiar, cuando en realidad siempre ha estado ahí y no lo inventó ella, y desde luego no se va a cambiar si al final se reforma la ley. Ha dicho que «la ley está bien hecha» (si llega a estar mal hecha sale de la cárcel hasta el Tato, por eso dicen que mejor le encarguen redactar la nueva ley del IRPF) y prueba de ello, sigue manifestando, es que no hay nadie que sea capaz de hacer propuestas concretas que no signifiquen volver al modelo anterior. La única ministra que está dando la cara, además de Robles en su día (y ya no se le ha vuelto a oír más), es la de Justicia, que ha declarado que «esto ha provocado mucho dolor, es gravísimo. Teníamos que actuar». Por si fuera poco, ha tenido la gallardía de reconocer que cuando se toca el Código Penal hay que tener en cuenta las consecuencias. Ha asumido el coste de cambiar la norma para blindar al presidente, no por beneficiar a las mujeres, añado yo otra vez.

El caso es que, entretanto, suma y sigue el número de delincuentes que, o bien salen de la cárcel, o lo que es más habitual, ven rebajadas sus condenas como consecuencia de una ley hecha para proteger a las mujeres, y ha resultado todo lo contrario, en cuanto al delito de violación se refiere. El Consejo General del Poder Judicial ya ha empezado a pedir a los Tribunales Superiores de Justicia, y a las Audiencias Provinciales de toda España, el número de sentencias revisadas como consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual. Prevé dicho órgano gubernativo de los jueces unas 4.000 revisiones. Y para ello se basa en la estadística mandada desde todas las cárceles del país, que albergan 4.030 presos por delitos sexuales, aunque no todos ellos cumpliendo condena, pues los hay que se encuentran en prisión preventiva, que también se verán beneficiados por esta ley cuando se les juzgue.

Lo único que me consuela son dos cosas. Una, que al parecer por fin se va a reformar ese fallo enorme de la ley, gracias a la iniciativa de quien ha sabido reconocer el error y no se ha enrocado como en una partida de ajedrez. Y otra, que según Metroscopia, la Justicia está siendo bien valorada por los españoles. En una encuesta de este mismo mes de febrero ha llegado a la conclusión que un tercio de los españoles (trece millones de personas) ha tenido un contacto directo (imputado) o indirecto (testigo o perito) con la Justicia, y su experiencia ha sido altamente positiva, tanto entre los que dicen que han ganado el caso, como entre los que lo han perdido (permítanme que esto lo dude) o entre los que aún no saben el resultado (eso es más creíble).

Supongo que, entre los encuestados no había nadie que estuviera esperando cinco años para que saliera su asunto, y se ha visto nuevamente retrasado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Suman y siguen las rebajas de condenas a delincuentes sexuales y el retraso en la Administración de Justicia.

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