Cuando se confunde la velocidad con el tocino, la anécdota en la vida cotidiana se convierte en agujero negro en la actividad política. El otrora pecador y ahora pío Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, nos va a endilgar una ley de seguridad ciudadana digna de las esencias ideológicas propias y de su partido.

Pero también es una ley que nos descubre espacios de rebelión hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, parece que es posible insultar a España porque la ley prevé un castigo para tal delito. Creía que era imposible insultar a algo que no existe. Es lo mismo que blasfemar: toda esa sarta de ordinarieces e imprecaciones hacia un supuesto Dios o ser supremo, se caen por su propio peso al carecer de objeto o de complemento circunstancial, según se mire, teniendo en cuenta que Dios tampoco existe. El departamento de asuntos ontológicos de Moncloa debe estar en horas bajas. Y el del ministerio del Interior es probable que no tenga funcionarios, han debido de ser trasladados a otros lugares por culpa de la crisis, pretexto de pretextos.

Puestas así las cosas, y todavía no aclarada muy bien la tipificación del mencionado delito de insultar a España, opto por tomar la delantera con el título de este artículo. Ya sé que la ley todavía no está en vigor, pero como ahora todo tiene carácter retroactivo o diferido, igual me toca una pedrea en forma de sanción. Aunque si el departamento de asuntos ontológicos del actual Gobierno de España está en caída libre, el que se dedicaba a estudiar la transcendencia de la posición del adjetivo respecto al nombre, no creo que esté ni que se le espere.

Con lo cual, estoy convencido de que cualquier abogado, por poca preparación que tenga, conseguirá liberarme de multas diferidas porque la discusión acerca de quién actúa como adjetivo y quién como nombre, puede llevar años. Similar problema con participios y gerundios, reprimido y reprimiendo, cagado y cagando, jodido y jodiendo.

Feliz día 6 de diciembre, aunque sea de la Constitución.