Estamos contemplando una caída de la demanda efectiva, que se aumentará con la implantación de la reforma laboral. Todos quieren tomar sus precauciones y anuncian que este año, ni creación de empleo, ni crédito, y además, el déficit lo disfrazan al alza, para amortiguar los resultados futuros. Hay una fricción entre la política fiscal y la política de empleo, por lo que tenemos que asegurar más la coherencia entre ambas. No tomamos con seriedad las cuentas públicas, y la independencia de los controladores del gasto publico está ausente de este proceso; además, no se clarifican las medidas para impulsar el ritmo anémico de la economía que está resultando frustrantemente lento.

España se introduce en la recesión económica tras registrar en el cuarto trimestre de 2011 una caída trimestral del PIB del 0,3%, y la tendencia es que continuará en los próximos meses. El retroceso interanual de la economía española durante el cuarto trimestre del año pasado fue consecuencia de la caída experimentada por el consumo familiar, frente al repunte registrado en el trimestre anterior, y a la mayor desaceleración del gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. El gasto en consumo final de las Administraciones públicas se mantuvo en una tasa negativa del 3,6%, la misma que en el tercer trimestre. En concreto, el consumo familiar se contrajo un 1,1% en tasa interanual, frente al avance del 0,5% del tercer trimestre, mientras que el consumo de las instituciones sin fines de lucro cayó un 0,8%, en contraste con el —0,4% del trimestre precedente.

Por otro lado, el organismo estadístico recordó que las principales economías europeas, como Alemania, Austria y Francia sufrieron una ralentización del crecimiento interanual del PIB en el cuarto trimestre del año, e incluso algunas, como Italia y Holanda, registraron tasas negativas. Sólo Reino Unido aceleró su crecimiento interanual, desde el 0,5% al 0,8%.

El empleo en la economía, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, descendió a un ritmo del 3,3%, un punto y tres décimas superior al del tercer trimestre, lo que supone una reducción neta de casi 570.000 puestos de trabajo en un año.

Llevamos mucho tiempo considerando el puesto de trabajo, el salario y demás gastos sociales como un coste variable, el cual puede ajustarse para abaratar la producción. Ya no hablamos de productividad, sino de costes, y observándolo como un elemento ajustable a menos. Se olvida que el salario es la base de una demanda agregada y que constituye el ingreso de la economía familiar; de esta forma, reduciendo costes laborales, recortamos el consumo de las familias. A un mercado ya muy débil, lo debilitamos más, impidiendo dos factores clave: consumo y ahorro, los cuales están ahora en cotas alarmantes.

Hay otras medidas que se pueden poner en funcionamiento en las empresas, como mejoras organizativas, desarrollo de sistemas de producción eficiente, auditoria laboral, de calidad, y sobre todo una buena gobernanza que posibilite la participación del trabajador en objetivos del proyecto empresarial.

Sin embargo, el propósito de la reforma era cortar por lo sano, reducir el poder sindical, marginar los convenios, potenciar los acuerdos de empresa, sin pensar que esa reducción de poderes reduce los mecanismos de compensación de la estructura del Estado de Bienestar. Debemos reflexionar sobre si reducir las estructuras de nuestro conjunto constitucional, que soporta nuestro Estado moderno, por un postmodernismo thacheriano es la mejor opción, porque hoy son los sindicatos, pero mañana serán otros sectores de la sociedad civil, y poco a poco, sólo quedarán en vigor los poderes fácticos, que son los que han impulsado esta reforma. No nos confundamos.