La Comunidad aún tiene que pagar 427 millones por la desaladora

Las deudas acumuladas por la desaladora de Escombreras con la empresa del grupo ACS propietaria de la planta exponen a la Comunidad Autónoma a una reclamación millonaria, dado que el contrato firmado en 2006 contempla la rescisión del mismo y el pago por adelantado de las anualidades pendientes en caso de impago. La falta de pago ya provocó una reclamación de la compañía Hydro Management de casi 600 millones hace una década, que llego a los tribunales, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo entre ambas partes que evitó la aplicación de la cláusula penalizadora. Según los datos que recoge el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las cuentas de la Comunidad del año 2021, la deuda de la Administración regional con las empresas de supera los 10 millones de euros, mientras que la cantidad pendiente de pago hasta 2034 roza los 427 millones.

De los 10 millones de deuda, cinco correspondían a las facturas de Hydro Management, la propietaria de la planta, y de Tedagua, la encargada de la explotación, y otros cinco a los intereses de demora acumulados entre 2014 y 2019 «por los reiterados retrasos en los pagos del principal e intereses del arrendamiento financiero».

Estas reclamaciones están en los tribunales, mientras que se encuentran pendientes de juicio los dos procesos contra el expresidente Ramón Luis Valcárcel y contra los ex altos cargos de la Comunidad y de las empresas de ACS implicados en la gestación de los contratos de 2006, en los que se incluye una cláusula leonina que permite a la propietaria reclamar de una tacada todo el dinero pendiente de pago hasta su extinción en el año 2034.

Según las cifras recogidas en el informe de fiscalización, esta cantidad ascendía al 31 de diciembre a 426,9 millones de euros.

Aunque el Gobierno regional pone más de 30 millones al año para costear el arrendamiento de la planta, la aportación de las arcas regionales no resulta suficiente para cubrir los gastos que origina esta explotación, que ni siquiera está obteniendo los ingresos que aportaba la venta de agua a los regantes del Campo de Cartagena. Las limitaciones que la CHS impuso a los regantes de la cuenca del Mar Menor que compraban el agua de Escombreras se han mantenido en los años posteriores a 2021. Según los datos facilitados por el organismo de cuenca, hasta septiembre de 2023 apenas producía 1,9 hectómetros cúbicos, que representan el 8,61% de los 22,8 hectómetros cúbicos que puede llegar a aportar.

El informe del Tribunal de Cuentas apunta que, al «quedar sin efectos las autorizaciones anteriormente otorgadas a los usuarios de la instalación» se ha producido un empeoramiento de la situación financiera de la entidad. Advierte, además, de que «las transferencias de la Comunidad han sido insuficientes para cubrir los compromisos económicos de la desaladora, provocando una situación financiera a la que cada año es más difícil hacer frente».

Recuerda que el 26 de mayo de 2023 se presentó un proyecto de cesión global de los activos y pasivos de la empresa de la Comunidad titular del contrato de arrendamiento de la desaladora a favor de Esamur, así como un informe justificativo del proyecto», que en diciembre de 2023, cuando se cerró el informe de fiscalización, estaba pendiente la valoración por parte de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, la Dirección General de Patrimonio y el ICREF.

La Comunidad responde que «actúa en base a lo que determinan los servicios técnicos y jurídicos».

Por su parte, el Tribunal de Cuentas concluye que en «el informe de auditoría de las cuentas anuales de 2021 se ha vuelto a denegar la opinión (sobre la empresa pública) debido al efecto muy significativo derivado de la incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para continuar con la actividad, que dependerá de los acuerdos de la Junta General, de los resultados de los procesos judiciales con la empresa adjudicataria del mantenimiento y explotación de la planta, así como del resultado de las negociaciones con la empresa titular de la planta».

Tirón de orejas por la ausencia de paridad en el Gobierno

El Tribunal de Cuentas también da un tirón de orejas a la Comunidad por no mantener la paridad en el Gobierno regional en el año 2021, cuando había un 70% de hombres y un 30% de mujeres. «El número de consejeros y consejeras no ha respetado la presencia equilibrada de hombres y mujeres prevista en el artículo 52 y la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, al haber representado los hombres el 70 % de los cargos». 

En este momento el Consejo de Gobierno sigue sin alcanzar la paridad, dado que solo hay tres mujeres, las consejeras de Política Social, Agricultura y Turismo, mientras que el Ejecutivo cuenta con siete consejeros, además del propio presidente.

El informe de fiscalización añade que en «el resto de los órganos directivos de la Administración (direcciones generales, secretarías generales y otros altos cargos) también se ha incumplido dicho equilibrio, dado que los hombres han representado el 67% y las mujeres el 33%».  

Por otra parte, destaca que los Presupuestos de la Comunidad «no han venido acompañados de un informe de impacto de género». Aunque la Comunidad ha contestado que no ve la necesidad de ofrecer estas precisiones en la Ley de Presupuestos, el Tribunal de Cuentas replica que se trata de una obligación tendente a facilitar la igualdad, que también aparece recogida en el Estatuto de Autonomía.

Al igual que en los informes de años anteriores, vuelve a criticar el déficit que se produce en el Servicio Murciano de Salud (SMS) de forma reiterada y reprocha al Ejecutivo que no dote al SMS de una aportación suficiente para financiar los servicios que presta.  

«Los créditos aprobados en el presupuesto del Servicio Murciano de Salud se encuentran claramente por debajo de las necesidades reales para la prestación de los servicios sanitarios en la Región». Ante este desfase apunta que el crecimiento del gasto provoca «una situación insostenible».