Martínez-Cachá, sobre la tubería de El Carmolí: "Nadie me dijo que era necesaria una evaluación ambiental"

En un verano donde el Mar Menor destapó su color más verde debido a la intensa contaminación de sus aguas por los vertidos agrícolas en la cuenca del Campo de Cartagena, la obra del colector que desviaría agua de la desembocadura de la rambla del Albujón hasta la desalobradora de Cabo de Palos nació como una posible solución al problema ecológico de la laguna. Esta conexión, que llevó a cabo la Consejería de Agricultura en 2016, se hizo por la vía de urgencia en lo administrativo y sin medir su impacto ambiental.

Este motivo ha llevado a la exconsejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, hasta el banquillo de los juzgados de la Audiencia Provincial este jueves, acusada de un delito de prevaricación que podría conllevar 12 años de inhabilitación para cargo público, como pide el Ministerio Fiscal. Parte del caudal de la rambla acabaría en las instalaciones de la Comunidad de Regantes de Arco Sur, para posteriormente rechazar la salmuera al Mediterráneo si la entidad decidía limpiar el agua por las altas concentraciones de sal. El caso también fue denunciado por Ecologistas en Acción, que ejerce de acusación particular en manos del abogado Ginés Ruiz Macía, quien pide 10 años de inhabilitación para la exintegrante del Gobierno regional.

Adela Martínez Cachá se sienta este jueves en el banquillo por la tubería del Carmolí

La antigua responsable de Medio Ambiente ha alegado durante la primera sesión del juicio que ella no era responsable directa de tramitar administrativa y ambientalmente los proyectos de su Consejería. "Nadie me dijo que era necesaria una evaluación de impacto ambiental" de las obras, defiende, así como que nadie dentro de su departamento le indicó que debían consultar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la necesidad de someter o no el proyecto a un estudio de estas características.

"Si usted me pregunta (en referencia al fiscal) si en mi presencia, en alguna de las reuniones o en privado, alguien me dijo que fuera preciso realizar la declaración de impacto ambiental, no", ha sentenciado. "No le di importancia a que no me consultaran" si se debía preguntar por este procedimiento, ha añadido a preguntas de la Fiscalía, "porque tampoco me consultaban por otros cientos expedientes".

En agosto de 2016, tanto Cachá como el exdirector general del Agua, Andrés Martínez Francés, acusado también por los mismos motivos, declararon las obras de emergencia para agilizar su tramitación sin consultar previamente a los técnicos de Evaluación Ambiental, un procedimiento que, según la Fiscalía, "omitieron arbitrariamente". La exconsejera remarcó ante la Sala que ella no ordenó el comienzo de los trabajos: "Los consejeros no ordenamos el inicio de una obra", algo que ha chocado con la versión del fiscal, que cree que la firma de la resolución de ejecución de la tubería el 12 de agosto implicaba dar el visto bueno.

A finales de ese mes, la misma Dirección General encargada de estudiar el posible daño sobre el medio natural de estos proyectos advirtió que sí era precisa dicha evaluación, como era "previsible" para el Ministerio Público, pero se continuó con las obras a sabiendas los acusados de que "conocían las conclusiones" de dicho departamento.

La acusada ha remarcado que, aunque no se hubiera hecho un estudio ambiental detallado sobre la conducción, la misma estaba condicionada a la Declaración de Impacto Ambiental que limitaba el funcionamiento de la desalobradora de Cabo de Palos, dependiente de Arco Sur. Esto bastaría para los dos acusados en cuanto a los trámites ambientales, ya que la obra debía "cumplir los parámetros de la DIA". La llegada de los caudales del Albujón a las instalaciones de los regantes suponía un incremento en la emisión o concentración de vertidos que tenía autorizada la comunidad, por lo que era necesario tanto un nuevo visto bueno para el aprovechamiento de esas aguas como para el rechazo de la salmuera por el emisario de Cabo de Palos, algo que no llegó a autorizar la Confederación Hidrográfica del Segura.

Un informe en un día

Martínez-Cachá ha soslayado que aprobó esa vía de urgencia tras recibir las oportunas explicaciones del director general, pero reconoce que no leyó el informe del proyecto de la tubería: "No es mi función informarme". "El director general, de forma muy competente, me explica en qué consiste el proyecto, y yo descanso en la tranquilidad de que los técnicos que han participado en el proyecto habrán definido de forma correctísima todo lo que sea preciso para que esa obra se pueda dar".

Esta obra sólo había sido sometida a un análisis para medir las repercusiones sobre la Red Natura 2000, pero se hizo cargo de ella un órgano de la Consejería (la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Región de Murcia) que no tenía competencias para concretar si era obligatorio o no evaluar ambientalmente la nueva conducción. El informe se elaboró en un día y al siguiente se dio el visto bueno a la ejecución de la tubería. En menos de una semana comenzaron las obras sin que hasta ahora la conducción haya entrado en funcionamiento.

La exconsejera ha querido aclarar ante los magistrados de la Audiencia Provincial que el informe del OISMA "no dice que sea necesaria una declaración de impacto ambiental", aunque cuando declaró las obras de emergencia dicho documento aún no había llegado a sus manos. Respecto a la conclusión de la Dirección General de Calidad semanas más tarde sobre la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, el fiscal ha preguntado qué hizo con ese informe: "Yo no tengo acceso a ese informe, no lo llegué a ver ni estuvo encima de mi mesa".

La obra "podría ser factible"

El ex director general de Agua de la Comunidad, Andrés Martínez, ha declarado por su parte que en las reuniones mantenidas aquel verano de 2016 se definieron estas obras, entre técnicos y científicos, como una opción "factible" ante la degradación del Mar Menor y la situación de sequía que sufría la Región. "Se acordó que la obra podía ser factible por la situación de sequía y amparada en un decreto excepcional que posibilitaba que la Confederación pudiera tramitar autorizaciones de forma inmediata".

Al igual que ha argumentado su exjefa en la Consejería, Martínez cree que los condicionantes ambientales estarían controlados por los límites que la DIA de la desalobradora de Arco Sur había impuesto a los regantes en cuanto al volumen de agua que podía tratar en las instalaciones y verter posteriormente.