Funcionarios de Justicia piden "condiciones dignas" ante la sede del PSOE en Murcia

Un grupo de funcionarios de Justicia de la Región se concentraba este martes ante la sede del PSRM-PSOE, en la calle Princesa de Murcia. «Es el partido que gobierna en España, queremos entregar una carta a Pedro Sánchez», detallaron desde UGT. Y es que las competencias de Justicia no están transferidas. De ahí que corresponda al Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez, hablar con estos trabajadores públicos. Sin embargo, los afectados afirman que no lo hace. Que se sienten ignorados.

Los funcionarios de Justicia de la Región inician su huelga indefinida: "No quieren hablar ni negociar con nosotros"

Cabe recordar que jueces y fiscales firman este martes la subida de 450 euros al mes mientras los estos trabajadores públicos esperan la llamada del Ministerio. El acuerdo, según detallaron desde el Ministerio, sirve para mejorar el Servicio Público de Justicia.

Lograron este incremento salarial tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras los funcionarios de la Administración de Justicia esperan que el departamento de Pilar Llop les llame para ver si es posible retomar las negociaciones que se vieron frustradas y dar carpetazo al parón que mantienen desde hace un mes, y que este lunes se recrudeció.

Desde el Ministerio de Justicia «no quieren hablar», lamentaban este lunes afectados de la Región. De ahí que no les quede otra que endurecen sus protestas. La Administración de Justicia sigue en huelga, o por lo menos parte de ella. Los 1.500 funcionarios de Justicia que hay en la Comunidad daban inicio este lunes a una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales. Las cuales, recordaron, sí lograron los secretarios judiciales.

Mientras, la Justicia tiembla por otro de sus flancos: el de los equipos técnicos forenses, que anunciaron hace unos días que pararían también el día 24 de mayo. Este miércoles.

Se trata de equipos compuestos por educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales forenses del territorio no transferido de la Administración de Justicia (destinados en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Baleares y Ceuta y Melilla) adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Piden lo mismo que los funcionarios: un reconocimiento laboral ajustado a su especializado y a la alta responsabilidad que conlleva su trabajo.

Cuando anunciaron sus paros, recordaron que son ellos quienes atienden a las víctimas más vulnerables y realizan los informes periciales de un elevado y heterogéneo número de asuntos, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, conflictos familiares, violencia de género, abusos sexuales y menores víctimas y autores de violencia, entre otros muchos.