Judicial

La Justicia regional colapsa: los funcionarios inician su huelga mientras jueces, fiscales y abogados estudian parar

Más del 80% de los empleados públicos de la Administración secundan los paros, según los sindicatos, que arremeten contra los secretarios judiciales

Un momento de la concentración de los funcionarios de Justicia en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Un momento de la concentración de los funcionarios de Justicia en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia. / Juan Carlos Caval

Ana Lucas

Ana Lucas

Con la ‘resaca’ de la huelga de secretarios judiciales aún reciente, y lo que supuso para una Administración que ya demandaba medios humanos y materiales con urgencia, los tribunales de la Región afrontan otro parón motivado por las movilizaciones, esta vez de los funcionarios, a quienes previsiblemente seguirán (si el Ministerio no atiende sus demandas) magistrados y fiscales.

Cabe recordar que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron en huelga más de dos meses, en los que paralizaron la Justicia en la Región de Murcia (fue en la Comunidad donde más se notó el parón), y, cuando por fin lograron un acuerdo con el Ministerio de Pilar Llop, pactaron que les subirían el sueldo 450 euros cada mes

El pasado 28 de marzo se rubricó el acuerdo de huelguistas y Ministerio, y la Justicia intentó volver a poner en marcha sus engranajes, tras suspensión de unos 350.000 juicios y vistas, casi 14.000 de ellos en la Región de Murcia, donde el TSJ anunció un plan de contingencia para desatascar unos tribunales que ya estaban atascados antes del parón.

Un momento de la concentración de los funcionarios de Justicia en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Un momento de la concentración de los funcionarios de Justicia en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia. / Juan Carlos Caval

La subida salarial de los letrados de la Administración de Justicia sentó regular a otro colectivo: los funcionarios que trabajan en los juzgados (unos 45.000 en toda España, 1.500 de ellos en la Región), que consideran que ellos también merecen el aumento. Y, tras varios anuncios, este lunes, tras las Fiestas de Primavera, daba comienzo su huelga.

Al Ministerio de Justicia no le pilla por sorpresa, dado que los sindicatos CSIF, STAJ, Comisiones Obreras, UGT y CIG, que secundan los paros y la jornada de huelga general este miércoles, ya habían amenazado que, si los letrados lograban una subida de sueldo, el colectivo de funcionarios la reivindicaría para sí. 

Se concentran en la Ciudad de la Justicia de Murcia y el miércoles irán a Madrid, a movilizarse en su paro general

La primera jornada de la huelga de los funcionarios de Justicia, que ha arrancado con paros parciales entre las diez de la mañana y la una de la tarde, causó un fuerte impacto en los actos y vistas judiciales, donde, en el conjunto del país, se vieron afectadas 700.000 actuaciones, decenas de ellas en la Comunidad murciana.

«Ya sabemos que jueces y fiscales van a ir detrás, aunque a ellos al menos los recibe el Ministerio», indica a La Opinión Federico Morell, delegado sindical de UGT en Murcia y funcionario en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Molina de Segura. 

"Unos privilegiados"

El personal llamado a la huelga es el de los cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia: engloba a más del 90% del personal de los juzgados

En concreto, se trata de los empleados públicos que pertenecen a los subgrupos A1 (médicos forenses y facultativos), A2 (Gestión Procesal y Administrativa y técnicos especialistas de laboratorio), C1 (Tramitación Procesal y Administrativa y ayudantes de laboratorio) y C2 (Auxilio Judicial).

"Desde el 24 al 31 de enero, todos los días que cogieron los LAJ fueron de vacaciones y asuntos particulares"

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la Región coincidieron en cifrar en más del 80% la participación de los funcionarios en los paros parciales que empezaron este lunes. En la Comunidad, los funcionarios se concentraron en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia, con pancartas en las que se podía leer: ‘Funciones claras, retribuciones justas, carrera profesional ya’.

En opinión de Federico Morell, es «evidente» que los secretarios judiciales «son unos privilegiados», ya que a los trabajadores públicos, asegura, «desde el minuto uno se nos ha prohibido pedir días propios o vacaciones», algo que, asegura, sí hicieron los letrados durante su huelga.

«Desde el 24 al 31 de enero, todos los días que cogieron los secretarios judiciales fueron de vacaciones y asuntos particulares», asevera el sindicalista, para quien los LAJ «anunciaron huelga, pero no fue una huelga», ya que cobraron muchos de los días.  

«Esperamos que, por el bien de la Justicia, intentemos llegar a un acuerdo lo antes posible», afirma Morell, que recuerda que «ya ha habido dos meses de paralización» por causa de los LAJ.

Además, lamentó que los secretarios judiciales arrastrasen a los funcionarios a su paro. «Como sindicato, respeto la huelga de cualquier colectivo, pero los letrados de la Administración han conseguido que los compañeros que están sentados todos días en la mesa no hicieran nada», dijo. Algo que está en la línea con lo que declaraba a este periódico Flora Martínez, secretaria del Sector Administración de Justicia de Comisiones Obreras en la Región: «Los juzgados los paralizamos nosotros, fuimos obligados a no trabajar o a trabajar a medio gas».

Jueces y fiscales esperan al 3 de mayo

Jueces y fiscales se han expresado en la misma línea que los funcionarios de la Administración, aunque todavía sin un calendario claro ni con medidas de presión establecidas, tras sendas reuniones con Justicia que han calificado de «decepcionante» y «desalentadora», respectivamente.

Ascensión Martínez, magistrada de lo Contencioso en Murcia y portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, indica a La Opinión que «estamos pendientes de la reunion de la mesa de retribuciones convocada el 3 de mayo por el Ministerio de Justicia», a lo que añade que «a partir del resultado, examinaremos todas las opciones».

«Esperamos que se llegue a un acuerdo», manifiesta la jueza, que hace hincapié en que «no queremos conectar esta convocatoria con la huelga de los Letrados de la Administración», puesto que «ya teníamos todas las asociaciones judiciales, desde finales de 2022, a demanda interpuesta solicitando esta convocatoria».

Aunque el Ministerio ya ha convocado para el próximo 3 de mayo la mesa de retribuciones en la que tiene que negociarse su subida salarial, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, afirma que esto «no garantiza nada» y que deben seguir planificando dichas acciones, sin descartar la huelga.

Los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación profesional mayoritaria de jueces españoles, apoyan una hipotética huelga para defender lo que consiguieron los secretarios judiciales: una subida de sus salarios. 

Por otro lado, la Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) anunciaron a inicios de este mes que preparan un calendario de «medidas de presión» contra el Ministerio de Llop con el fin de mejorar las condiciones profesionales de la carrera fiscal así como también obtener un aumento de salario. Los representantes de los fiscales también están en conversaciones con el Ministerio para que convoque una mesa de retribuciones.

Clamor del Turno de Oficio

Los abogados del Turno de Oficio también están que trinan. O no han dejado de estarlo. Llevan años insistiendo en que trabajan mucho y están mal pagados. El 27 de abril se concentrarán frente al Congreso para exigir la actualización de los baremos y denunciar retrasos en los pagos.

En Semana Santa, el Consejo General de la Abogacía Española emitía una declaración institucional en la que propone un pacto de administraciones públicas y formaciones políticas para mejorar la justicia gratuita y el Turno de Oficio. «La difícil situación que vive el sistema judicial en España se ha agravado a consecuencia de la crisis pandémica, unido a la crónica desatención dispensada por los poderes públicos», se lee en el comunicado.

«A una mayor saturación de la Justicia se le suma el deterioro constante de las condiciones en las que trabaja un colectivo clave para garantizar el derecho de defensa de la población más vulnerable como es la abogacía que ejerce en el Turno de Oficio y la justicia gratuita», destacan.

El verano pasado, decenas de abogados de la Región se plantaban en la puerta de la Delegación del Gobierno en Murcia con carteles de ‘Ministerio, paga ya’, en referencia a la cantidad de dinero que les debían del Turno de Oficio. Armados con pitos y vestidos con sus togas, los letrados cortaron la carretera al grito de «no somos esclavos» y «la abogacía cumple; el Ministerio, no».

Aunque esta situación viene de lejos. En el estío de hace un lustro, los letrados del Turno de Oficio de la Comunidad denunciaban que llevaban sin cobrar desde enero. «Esto es humillante, encima de mal pagados, tarde», hacían hincapié.

Qué piden los funcionarios

‘Ministra, retribuciones justas ya’, se leía en la pancarta más grande de las que portaban los huelguistas en su concentración de este lunes, primer día de paros. Mientras en el exterior de la Ciudad de la Justicia de Murcia se concentraban los funcionarios, en la sede de la Audiencia Provincial, en Ronda de Garay, se celebraba un juicio por asesinato. Eso era posible porque se trataba de una causa con preso, algo que se incluye en los servicios mínimos establecidos. Estos, al igual que pasó cuando pararon los secretarios judiciales, cubren también causas como las de violencia de género o menores. 

En cuanto a qué piden los trabajadores públicos de los juzgados, los sindicatos explican que demandan un incremento del Complemento General del Puesto, que se aplique a todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales. 

En este sentido, sugieren que la subida sea de 430 euros al mes para los profesionales de la categoría A1, como son médicos forenses y facultativos; 400 euros más al mes para el cuerpo de funcionarios de Gestión y técnicos especialistas de laboratorio; 375 euros al mes para Tramitación y ayudantes de laboratorio; y 350 euros mensuales adicionales para los de Auxilio Judicial. 

Por otro lado, quieren que se paralice la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) mientras se negocia un cambio de la normativa sobre las nuevas condiciones laborales de los funcionarios de justicia en cuestiones como los destinos, horarios y retribución de funciones.

Los representantes de los huelguistas lamenta las molestias que estos paros han causado, una vez más y de seguido, a los ciudadanos, aunque dejan claro que la culpa no es de ellos, sino del Ministerio de Justicia, «por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados de la Administración de Justicia», remarcan.