San Javier ejecutará el derribo de la estructura en ruinas de La Manga

El Ayuntamiento de San Javier asumirá la demolición del edificio inacabado de La Manga que fue declarado en ruinas en 2012 y después le cargará la factura a la empresa propietaria de la estructura, que se encuentra situada junto al hotel Doblemar, a orillas del Mar Menor. El Consistorio le había dado un plazo de diez días para iniciar el derribo, que expiró el pasado 28 de diciembre, pero la compañía, perteneciente a los herederos del que fue el promotor de La Manga, Tomás Maestre, se ha negado a ejecutarla y ha reclamado 700.000 euros por la ocupación de unos terrenos.

Según informó a La Opinión el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ante el incumplimiento del plazo que le dio el Consistorio para iniciar los trabajos, ha ordenado que el Ayuntamiento ejecute de forma subsidiaria el proyecto de demolición aprobado y cargue la factura de los trabajos a la propietaria, Intramanga Turística.

Esta estructura lleva a la intemperie desde finales de los años 70 y está declarada en ruinas desde 2012. Los sucesivos equipos de gobierno de San Javier vienen anunciando desde hace décadas su derribo, dado que los años de abandono han provocado el deterioro de la construcción de lo que iba a ser el hotel Lagoymar.

El establecimiento, gemelo del Doblemar, que es el hotel más grande de la Región, no llegó a terminarse, pero tampoco ha sido posible su demolición, a pesar de las quejas de los vecinos.

La empresa propietaria ha venido oponiéndose al derribo con la pretensión de llegar a terminarlo. Tras un largo proceso judicial, que ha concluido con la ratificación del expediente de ruina, los propietarios habían aceptado la orden de demolición y a finales de año parecían dispuestos a cumplir las exigencias del Ayuntamiento, según había manifestado el concejal de Urbanismo de San Javier, Antonio Martínez.

San Javier da diez días para derribar el edificio inacabado de La Manga

Pero el plazo expiró el pasado día 28, sin que la empresa pusiera en marcha la demolición. Por el contrario, según explicó Antonio Martínez, presentó una reclamación al Ayuntamiento exigiendo el pago de 700.000 euros por la ocupación de unos terrenos.

Ante este último intento de evitar el derribo, acogiéndose a una deuda ajena al expediente, el Ayuntamiento de San Javier ha decidido poner en marcha el procedimiento para ejecutar los trabajos de forma subsidiaria y reclamar después el gasto a la propietaria.

El edil considera que, en cualquier caso, de existir una deuda debería seguir una vía administrativa distinta y no puede paralizar el expediente de demolición de un inmueble que fue declarado en ruinas en 2012. Recordó que «a finales de octubre la Comunidad Autónoma desestimó el último recurso», por lo que considera que ya no hay ningún obstáculo para iniciar los trabajos.

El presupuesto de la obra asciende a 700.000, mientras que el plazo de ejecución se ha establecido en seis meses. El responsable de Urbanismo mostró su sorpresa ante la reclamación de la empresa, dado que daba por concluido el contencioso que ha venido retrasando la demolición desde hace más de una década, aunque sostiene que «la vida útil de la estructura está acabada».

El decreto del alcalde recuerda que la normativa legal permite al Ayuntamiento «incoar un procedimiento para la ejecución subsidiaria por parte de la Administración actuante, requiriéndole el importe de los gastos que dichas operaciones generen».

El proyecto ha requerido autorizaciones de la Jefatura de Costas del Estado y de la Dirección General de Movilidad de la Comunidad Autónoma, «que han de intervenir por la afección de las obras a las servidumbres de tránsito y protección del dominio público marítimo terrestre, para que le autoricen a ejecutar la demolición del edificio, con sujeción a las condiciones impuesta en las resoluciones ya dictadas por estos órganos directivos del proyecto en febrero de 2022».