La reforma del delito de malversación podría afectar a la acusación de Valcárcel

La reforma del delito de malversación que se ha abierto a llevar a cabo el Gobierno de España a petición de los independentistas de ERC podría afectar en la Región de Murcia al Caso Desaladora, por el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha abierto la fase de preparación del juicio oral contra el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel.

La magistrada acusa en su auto al que fuera líder del Partido Popular de la Región durante más de 25 años de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones y apunta a que fue él el que «ordenó la adquisición de la desaladora», que ha costado este año a la Administración regional 27,4 millones, a pesar de que apenas si ha podido suministrar caudales.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, consideró ayer en un acto en Alcantarilla que la reforma del delito de malversación planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone una «deriva democrática como nunca antes» se ha visto, por lo que pidió a sus barones autonómicos que «aporten sensatez» al Ejecutivo.

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Además, advirtió de que «reformar el código penal y quitar delitos a la carta» es una práctica que «preocupa y asusta a todos los españoles» y que es «lamentable y vergonzosa». En su opinión, el Gobierno central no debe tomar sus decisiones dependiendo de «los intereses de quienes quieren romper España», y lamentó que el Ejecutivo ceda a los deseos de los independentistas catalanes derogando el delito de sedición y atienda también a sus intereses y a los de los condenados en el caso de los ERE de Andalucía reformando el de malversación.

Por su parte, la diputada regional del Grupo Parlamentario Popular Miriam Guardiola denunció que Sánchez «reforma la sedición y la malversación para beneficiar a los suyos y mantenerse en el poder» y anunció que desde su grupo ya se ha registrado una moción sobre la derogación del delito de sedición y también se registrará otra sobre la reforma del delito de malversación, al entender que «el Gobierno de Sánchez pretende reformar el Código Penal a la carta para beneficiarse».