Una denuncia por malos tratos desencadenó la operación contra ‘El Karateca’

‘El Karateca’ está en prisión provisional desde el pasado viernes, cuando el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Mula acordó la situación, comunicada y sin fianza, para Pedro Sánchez Guiaro y cuatro personas más. En total, 10 de los 20 detenidos en la Región de Murcia están en la cárcel de forma provisional.

Los abogados de ‘El Karateca’ han presentado este jueves un escrito al juzgado pidiendo la nulidad de las escuchas, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales y que estas escuchas permitieron la entrada en su domicilio, por lo que todas las pruebas encontradas en los registros son «fruto del árbol envenenado». Por este motivo, solicitan la libertad provisional sin fianza o con una fianza que sea proporcionada a sus medios económicos.

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En el escrito, firmado por José María Caballero y al que ha tenido acceso La Opinión, se asegura que la solicitud de intervención telefónica por parte de los investigadores de la Guardia Civil al Juzgado número Dos de Mula fue denegada el 7 de septiembre de 2023 porque no se aportaban «indicios lo suficientemente sólidos para fundamentar una medida limitativa de derechos fundamentales».

A pesar, remarca la defensa de ‘El Karateca’, de llevar más de dos años investigando a Pedro Sánchez Guirao, no hubo indicios suficientes. Una situación que se repitió con una nueva denegación el 10 de octubre por parte del Juzgado número Uno de Mula, que dijo que solo se estaban aportando conjeturas y que «los antecedentes de los implicados no pueden servir como un indicio objetivo de la actividad que estarían desarrollando en la actualidad».

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El letrado explica que existe una «especial fijación en contra de mi patrocinado por parte del equipo de investigación que ha diseñado la operación que ha dado lugar a esta causa con el único objetivo de poder imputar una conducta delictiva al Sr. Sánchez Guirao». Una afirmación que remarca con la tercera solicitud de escuchas y tercera negativa por parte del juzgado, que el 9 de noviembre volvió a remarcar que no había elementos suficientes para «acordar la idoneidad de la intervención telefónica de Pedro Sánchez».

Denuncia de su expareja

Sí se autorizó, en aquella ocasión, la intervención de otro de los detenidos, D.S., y la geolocalización de un vehículo que disponía del sistema de «caleta» usado para el tráfico de drogas. Al cuarto intento, presentado por los investigadores de la Guardia Civil el 28 de noviembre es cuando se acuerda la intervención telefónica de ‘El Karateca’, así como dos vehículos de su actual pareja, M.H., que eran utilizados por el que consideran que es el cabecilla de la trama de tráfico de drogas.

La diferencia de esta solicitud con el resto se basa en una denuncia por malos tratos de su expareja, S.J., que según la Guardia Civil se realiza por la violencia sufrida y por las «actividades delictivas llevadas a cabo por Pedro Sánchez». Según recoge la defensa de ‘El Karateca’, el Instituto Armado añadió a la solicitud que la expareja añadió en la denuncia que el acusado «tiene una vivienda en Bullas donde guarda una gran cantidad de cocaína» y que cuando ella accedía a ese domicilio «Pedro le decía que tenía que ponerse guantes y que no tocara nada».

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Dijeron los investigadores que «Pedro Sánchez Guirao tuvo esa misma tarde conocimiento de que S.J. le iba a denunciar ante la Guardia Civil no solo por malos tratos sino también por tráfico de drogas», ya que dio datos de la calle Obispo de Bullas, donde la pasada semana se realizó un registro y acabó detenida una persona. Los agentes del operativo policial establecido ante esa casa «pudo apreciar cómo los investigados mostraron un gran nerviosismo» y sacaron paquetes del interior del domicilio y se marcharon de forma apresurada.

Dice la defensa de ‘El Karateca’ que en las imágenes aportadas no puede observarse que sacasen «una gran cantidad de material», que pese a que se habla de tres bolsas, una de ellas de gran tamaño, en realidad eran tres bolsas más bien medianas o pequeñas y que no parecía que contuviesen nada mínimamente pesado.

Además, remarca que todo estaba basado en la denuncia de la expareja, que se encontraba en una «notoria situación de enemistad» con ‘El Karateca’. Denuncia que, asegura la defensa, fue sobreseída y archivada «al reconocer aquella que realmente había exagerado su relato y que las acusaciones que había vertido no fueron reales».

Caballero finaliza en su escrito recordando que el Tribunal Constitucional dice que estas medidas tienen que basarse en datos objetivos, con una base real de la que pueda deducirse que se ha cometido o que se va a cometer un delito y que no estén basadas en meras suposiciones o conjeturas.

Dado que, concluyen, las medidas restrictivas de los derechos fundamentales no pueden ser desvelados para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos. La consecuencia es una «nulidad radical e insubsanable» de todas las actuaciones y de las que se derivan de ellas.