La Comunidad Autónoma consiguió devolver 1.568 millones de su deuda en 2020, a pesar de los gastos que tuvo que realizar en el primer año de la pandemia, según recoge un estudio de la Fundación de Estudios Aplicados (Fedea).
Esta cifra representa casi el doble de los recursos destinados a rebajar el endeudamiento el año antes de que estallara la crisis sanitaria. La devolución de los créditos aportados por el Estado en la última década se ha intensificado este año hasta el punto de que en el segundo trimestre de 2022 la Comunidad ha logrado estabilizar la deuda por primera vez en la última década y solo ha incrementado los préstamos bancarios en 74 millones.
La Administración regional debía 11.587 millones de euros al terminar el segundo trimestre de 2022 según los datos del Banco de España. Esta cifra coloca a la Región en el cuarto puesto entre las comunidades más endeudadas, con el 34,2% en relación al PIB.
En el estudio dirigido por Ángel de la Fuente se recuerda que para ayudar a las autonomías a hacer frente a la pandemia, «en 2020 el Gobierno central aumentó significativamente las transferencias a través del llamado Fondo Covid, dotado con unos 16.000 millones, que financió transferencias no retornables a las comunidades». Estos ingresos extraordinarios ascendieron a 475 millones en la Región.
El FLA y el pago a proveedores que salvaron las cuentas
El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores fueron los principales mecanismos establecidos por el Ministerio de Hacienda para socorrer a las comunidades autónomas que se quedaron sin financiación tras la crisis. El FLA permitió costear los servicios, mientras que el Plan de Pago a Proveedores hizo posible el abono de las facturas acumuladas en los cajones de las consejerías, que estaban asfixiando a las propias empresas acreedoras, porque la morosidad de la Administración llegaba a poner en peligro su supervivencia. Para recibir estos créditos la Comunidad tuvo que aplicar un duro plan de ajuste.
Además, Murcia fue una de las doce comunidades beneficiarias de «la condonación de los saldos a devolver al Estado de la liquidación de 2020», como resultado de las entregas a cuentas calculadas sobre la recaudación estimada antes de la pandemia, que ascendió a unos 4.400 millones.
Por otra parte, pese a los gastos originados por la pandemia, la Región mantuvo restricciones como la enseñanza semipresencial, que también generaron ahorros.
La inyección de fondos del Estado que llegaron el primer año de la pandemia permitió rebajar la deuda a la mayor parte de las comunidades, salvo Asturias y Aragón, que amortizaron en 2020 cantidades inferiores a las de 2019. En total se produjo una rebaja de 39.809 millones en la deuda autonómica, frente a los 24.948 del año anterior.
Desde el año 2012, cuando se cerró el grifo de la financiación bancaria y el Gobierno central tuvo que acudir en apoyo de las comunidades más deficitarias, hasta 2020, Murcia ha recibido 13.042 millones en préstamos del Estado, según se recoge en el estudio La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2020.
En 2020 la Comunidad había devuelto 4.092 millones de euros de los créditos que había aportado el Estado desde 2012. Los 1.568 millones amortizados en el primer año de pandemia representan más del 38% de la devolución total en seis años.
Murcia es la comunidad que recibe menos dinero por habitante
La Región es la comunidad autónoma que recibió la menor aportación por habitante en el primer año de pandemia, a pesar de los recursos que logró destinar a la rebaja de la deuda. Según el estudio de Fedea titulado La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2020, la aportación del Estado que obtuvo Murcia supuso el 92,5% de la media nacional. Sin embargo, la financiación por habitante asignada a la Región se había situado en torno al 93% de la media en los años anteriores y en 2010 llegó a alcanzar el 95,4%.
Según el informe de Fedea, Valencia ocupa el penúltimo puesto, con un 93,5%, mientras que Andalucía alcanza el 94,1%.
El estudio apunta que en 2013 se produjo un cambio en el cálculo de la cifra de habitantes de la que parte el reparto autonómico, que redujo «la población protegida por la sanidad pública en España en 870.000 personas», en su mayoría inmigrantes.
Así, mientras que «en la carta de 2012 se computaba toda la población empadronada, en 2013 se parte directamente de datos de población protegida por el sistema nacional de salud, esto es, de los titulares de tarjetas sanitarias públicas».
Su conclusión es que este cambio «benefició a las comunidades que tienen menos inmigrantes», en perjuicio de Murcia y no está claro si se ha revisado.
La Consejería de Hacienda, que ha eludido pronunciarse sobre el informe de Fedea, sostiene que la Comunidad ha dejado de recibir «una media de 650 millones anuales en los últimos diez años».
