La Comunidad ya ha escolarizado a 81 niños ucranianos que salieron de su país huyendo de la invasión de Rusia. Lo comunicó ayer el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, durante la sesión de control al Consejo de Gobierno, en la Asamblea Regional.
Es un proceso que, según explicó, «se hace en 24 horas» una vez que llegan a la Región gracias a la coordinación de todas las consejerías y a las entidades sociales. No obstante, el presidente regional afirmó que es necesaria la «cogobernanza con el Gobierno de España».
En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas propusieron un plan nacional efectivo de acogida a los refugiados, dotado con un fondo extraordinario que pueda sufragar los gastos, en la pasada Conferencia de Presidentes. «Lo echamos en falta, ya vamos tarde, pero ahí va a tener el Gobierno de España toda nuestra colaboración», adelantó.
También reclamó «cogobernanza» para el plan de respuesta al impacto de la guerra que va a tener en España. Precisamente, hoy a las 17.30 horas se reúne el presidente con la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos para analizar las consecuencias que está teniendo la invasión de Ucrania en la economía murciana, así como para hacer propuestas concretas al Gobierno de España para elaborar ese plan de impacto.
López Miras apuntó que ayer mismo el Ejecutivo central aceptó el ofrecimiento de la Comunidad, que al comenzar la guerra puso a su servicio «todos los recursos» para hacerse cargo de los ucranianos huidos, desde plazas de acogida hasta camas de hospitales y UCI o material sanitario.
El jefe del Ejecutivo explicó que, en cuanto llegan los refugiados y son identificados, son atendidos por el Servicio Murciano de Salud. Si se trata de un menor no acompañado, se activa el Protocolo de Cuidado de la Comunidad a niños extranjeros que no están acompañados de un adulto, por el que pasan por un chequeo médico y entonces pasan a su escolarización.
Conferencia de Presidentes
El encuentro de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en La Palma el domingo pasado salió en varias ocasiones durante la sesión plenaria de ayer.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, denunció que «mientras la sociedad nos transmite su enorme preocupación por la subida de impuestos, el Gobierno de Sánchez y Podemos pide que sigamos esperando al 29 de marzo». Miras subrayó entonces que en la Conferencia le dijo al presidente de España que era «urgente» que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «suspendiera su reforma fiscal». También le pidió una «bajada concreta de impuestos», como reducir el IVA al 4% de los hidrocarburos , la gasolina, el gas y la electricidad. Asimismo, le transmitió la necesidad de bajar también al 4% el IVA para productos básicos «de manera temporal».
Además, pidió a Sánchez que favoreciera la exportación de empresas murcianas a terceros países para garantizar el suministro interrumpido por el conflicto bélico en Europa, que abriera una nueva línea de financiación de créditos ICO para financiar a estas compañías durante la búsqueda de nuevos mercados y que flexibilizara las aduanas. «No hubo acuerdos», lamentó.
Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, preguntó a Miras por el «inasumible incremento de gasto para promover medidas de reivindicación de demandas de género y feministas». El presidente murciano respondió que en La Palma le hizo saber a Sánchez que pensaba que era necesario «redefinir los presupuestos» porque «las prioridades no son las mismas» y, por lo tanto, «los objetivos han de ir dirigidos a ayudar a las familias».
Podemos cuela a la alcaldesa de Archena en la sesión de control
«No me gusta la composición del Gobierno regional, me atrevo a decir que no le gusta a nadie. Es más, estoy segura de que, si la situación parlamentaria fuese otra, algunos miembros del Consejo de Gobierno no estarían ahí». Son las palabras de Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, que resonaron ayer en el hemiciclo, si bien ella no estaba presente. Las declaraciones que hizo la regidora en una entrevista en la Cadena Cope el domingo pasado fueron leídas por Rafael Esteban, diputado de Podemos, para preguntarle después a López Miras «por qué sigue el señor Luengo en su puesto de consejero».
El presidente acusó a Esteban de hacer «malabarismos dialécticos» para introducir en el debate sus «argumentos políticos».
Miras pide al PSOE que «hable» con Vélez ante la reducción del Seprona
Fernando López Miras aprovechó una de sus intervenciones en la sesión de control de la Asamblea para pedirle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, que intente mediar ante las instituciones gobernadas por el PSOE para evitar que la Guardia Civil suprima cuatro patrullas del Seprona (su Servicio de Protección de la Naturaleza), tal y como informó ayer La Opinión.
«Le pediría que hable con el Ministerio del Interior del Partido Socialista o con su delegado del Gobierno -José Vélez, también secretario general del PSRM-», le dijo el jefe del Ejecutivo, que señaló que «ahora es más importante que nunca vigilar el Mar Menor y el medio ambiente» y lamentó que «nos reduzcan plantilla de la Guardia Civil».
Además, puso en valor que los agentes medioambientales han inspeccionado «más de 11.000 hectáreas en el Campo de Cartagena».
Según pudo saber esta Redacción, la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles de la Región de Murcia) ha alertado de un proyecto de la Benemérita con el que piensa reestructurar este servicio, centralizando sus recursos. Como consecuencia de esta operación, los agentes del Seprona de los municipios de Águilas, Abarán, Torre Pacheco y Alhama de Murcia serán trasladados a otras localidades para engrosar sus equipos, quedando las áreas anteriores sin patrullas medioambientales propias. De este modo, Águilas quedará bajo el paraguas de los guardias de Lorca, Abarán dependerá de Jumilla, Torre Pacheco será vigilado por Cartagena y Alhama de Murcia quedará en manos del Seprona de Murcia.
«Resulta imposible abarcar las extensas áreas asignadas y, consecuentemente, existirá menor control y vigilancia sobre las mismas», advierten desde AUGC.
