A nadie se le escapa que la llegada de Marcos Ortuño, exalcalde de Yecla, al Gobierno regional tras la remodelación del Ejecutivo por parte de Fernando López Miras después de la moción de censura supuso un antes y un después para Javier Celdrán. 

Ortuño pasaba a ocupar la Consejería de Presidencia (añadiendo las competencias de Turismo y Deporte) y, por tanto, es el nuevo enlace de San Esteban con las instituciones y mano derecha del presidente Fernando López Miras. Fuentes cercanas al Gobierno autonómico aseguran que Celdrán entendió este último movimiento como que le estaban «dejando de lado» y desde entonces cambió su actitud con el resto de sus compañeros del Consejo de Gobierno, mostrándose «triste» y «apagado», relatan.

A esta drástica reducción de poder hay que añadir la aprobación de la reforma de la Ley del Presidente esta misma semana, que tumba la limitación de mandatos y permite a Fernando López Miras volver a presentarse a las elecciones las veces que lo considere, violando el pacto de gobernabilidad que firmó en 2019 con Ciudadanos.

Las aspiraciones que pudiera tener Javier Celdrán de ser el futuro sustituto desaparecían de un plumazo, ya que el jefe del Ejecutivo murciano ya no tiene que hacerse a un lado y el Partido Popular ya se encargó, antes de cambiar el Estatuto del Presidente, de meter en el Gobierno a otro hombre fuerte, que no es otro que el yeclano Marcos Ortuño. 

Por otra parte, el consejero Javier Celdrán es visto por algunos dirigentes populares como uno de los culpables de que los presupuestos tardaran tanto en aprobarse por su «nula» capacidad de diálogo. La misma que tanto molestaba a los exsocios del Gobierno regional y que al final optaron por presentar una moción de censura junto con el Partido Socialista de Diego Conesa.

Además, el responsable de Hacienda fue el encargado de entablar contactos con algunos políticos murcianos para tratar el tema de una posible reforma electoral que eleve el umbral de entrada a la Asamblea Regional del 3 al 5%. 

LA OPINIÓN se hizo eco de las intenciones del Gobierno y Celdrán optó por negar unas reuniones que se puede demostrar que sí se produjeron. Incluso, el jefe del Ejecutivo tuvo que salir al paso afirmando que esta ley, «al igual que otras muchas, se pueden reformar con diálogo y consenso». El propio consejero saliente explicó que «nunca» había mantenido estas conversaciones con «diputados», cuando esta Redacción jamás habló de parlamentarios, sino de políticos en activo.