El tono de Fernando López Miras con Pedro Sánchez durante su sesión de investidura no hacía presagiar nada bueno. Según él, su principal preocupación era «defender a secesionistas y proetarras y perpetuarse en el sillón», y le acusó de poner las instituciones del Estado «al servicio de los que quieren romper España». Pese a todo, una vez investido Sánchez, aseguró que tendería «con lealtad su mano al Ejecutivo central». No esperaba López Miras la tormenta que se le venía encima una vez que los ministros tomaron posesión de sus poderes.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, fue la primera en llamar al orden a la Región por la instrucción de la Consejería de Educación que permite a los padres vetar contenidos curriculares a sus hijos. Esta norma se impuso en los colegios como requisito de Vox para investir al presidente López Miras el verano pasado. «El pin parental es una objeción de conciencia encubierta pin parentalno aplicable al terreno de la educación», afirmó la ministra, que adelantó que, de no retirarse la instrucción, recurrirá ante los tribunales en el plazo de un mes.
El viernes pasado estaba programada una reunión entre la ministra Celaá y la consejera de Educación murciana, sin embargo, Esperanza Moreno anunció el jueves que no acudiría por motivos de «tiempo». Además del plante, Moreno adelantó que no van a dar marcha atrás, escudándose en los informes favorables de los servicios jurídicos de la Comunidad. «Si las instancias judiciales nos dicen que hagamos otra cosa, lo haremos, pero no lo haremos porque nos lo diga un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos», se retractaba el presidente López Miras antes de ayer.
Tajo-Segura
En los meses de noviembre y diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica no autorizó ningún caudal para riego, a pesar de que los técnicos habían informado favorablemente el envío. «La hoja de ruta del Ministerio es cerrar el Tajo-Segura», aseguraba el 13 de enero el diputado popular Jesús Cano. El 24 de enero el ministerio de Teresa Ribera autorizaba un trasvase del Tajo de 16,2 hectómetros cúbicos al Segura para ese mes, a pesar de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto había autorizado el envío de 20 hectómetros cúbicos. «Nuevo ataque del Gobierno central. Pedro Sánchez quiere cerrar el trasvase y no hace nada por disimularlo», insistía López Miras. El 4 de febrero se conocía que el sindicato de regantes Scrats y el Gobierno murciano recurrirán el envío de agua del mes de enero.
Financiación
Malos tiempos para las arcas públicas murcianas, si es que alguna vez fueron buenos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba el 21 de enero la prórroga de las entregas a cuenta del IVA, lo que significa que el Estado no de devolverá a las comunidades autónomas lo recaudado de este impuesto en el año 2017, una cantidad que en la Región alcanza los 84 millones de euros. «Basta de maltrato. ¿Ese dinero irá a pagar el sillón de Sánchez?», se preguntaba entonces López Miras.
La sorpresa llegó el 29. Montero intervenía las cuentas de la Comunidad ante los retrasos producidos en el pago de las facturas, asumiendo el pago de las deudas pendientes con las empresas proveedoras. Y es que el periodo medio de pago de la Administración regional rondaba los 76 días, cuando la ley establece un plazo máximo de 60. A esta situación se suma que el déficit en el mes de noviembre alcanzaba ya el 1,32%, cuando el techo máximo autorizado a las autonomías para todo el año 2019 estaba en el 0,4%. En cuanto a la deuda regional, llega a los 10.000 millones y representa más del doble que el presupuesto anual de la Comunidad. Aun siendo conocedor de estos datos, el consejero Javier Celdrán acusó al Gobierno central de «castigar a esta comunidad dándole una patada en el culo». Además, añadió que las demoras en el pago a proveedores las provoca el propio Ministerio por la deuda del IVA, la infrafinanciación a la Comunidad y los atrasos en los ingresos de las entregas a cuenta.
Mientras que la ministra Montero denunciaba en televisión que «las cuentas públicas de Murcia son una huida hacia adelante», desde San Esteban le preparaban un requerimiento que ya ha sido enviado en el que le exigen la devolución del IVA de 2017 y amenazan con llevarla a los tribunales si no se produce.
La DANA
En el mes de febrero los murcianos aprendieron lo que es el BEI (Banco Europeo de Inversiones). El consejero de Hacienda pidió a esta institución un crédito para reparar los daños de la DANA que arrasó la Región el pasado mes de septiembre. El BEI le preconcedió un préstamo de 320 millones; sin embargo, la administración autonómica necesitaba de la autorización del Ministerio para recibir esos fondos. Otra vez Montero. La ministra no lo autorizó porque «se tiene que hacer dentro de los parámetros autorizados».
En el Ejecutivo regional no sentó nada bien enterarse tres días después de que los italianos sí recibirán del BEI un préstamo de 300 millones para los daños de la gota fría. Para Celdrán, la actitud de la ministra era una respuesta a la política fiscal del PP: «No lo autoriza porque aquí bajamos impuestos». El delegado del Gobierno en aquel momento, Francisco Jiménez, explicaba que «lo que hace el gobierno estatal es cumplir la ley de estabilidad presupuestaria que hizo el gobierno de Rajoy. No es posible autorizar endeudarse más».
Cabe recordar que unos días antes el Levante volvió a sufrir un episodio de fuertes lluvias -borrasca Gloria- que provocó nuevas inundaciones. El 25 de enero, Sánchez visitó la Región para sobrevolar las zonas inundadas y dedicó unos minutos a los alcaldes de las zonas afectadas. «Me alegra que Sánchez compruebe lo que todo el mundo sabe: que el dominio público hidráulico está descontrolado en la zona», comentó el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga.
El AVE
Un nuevo retraso de la llegada del AVE enfurecía a comienzos de mes a empresarios y miembros del Gobierno. Las obras concluirían en un plazo de 15 meses a contar a partir del momento en el que el Consejo de Administración de Adif dé su visto bueno al proyecto modificado. Para Díez de Revenga «se está discriminando a los murcianos» y el PP acusó al PSOE de «mentir» para ganar las elecciones de mayo.
El Mar Menor
El Mar Menor sigue siendo una 'patata caliente'. Miras llegó a afirmar que Sánchez quiere que «colapse» la laguna, al tiempo que se queja de ser ninguneado en Moncloa: «He escrito once cartas sobre asuntos importantes a Sánchez y no he recibido contestación». El jueves, el Consejo de Gobierno aprobó enviar un requerimiento, con plazo de un mes, para que el Gobierno central adopte medidas para eliminar los aportes de agua dulce que llegan al Mar Menor a través de la rambla del Albujón y el acuífero. Si no, tribunales. Esta decisión llega dos días después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se encarase con Francisco Bernabé en el Senado y le dijera que «la situación del Mar Menor tiene muy poco que ver con los fenómenos meteorológicos extremos y sí con la saturación de un modelo de desarrollo que ha colapsado».
