Sanción por el mal estado de las ermitas del Monte Miral de Cartagena

Alrededor de 150.000 euros de sanción por el estado de las ermitas del Monte Miral. Es la cuantía a la que condena el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región a la empresa propietaria de las capillas, Portmán Golf, en cumplimiento del expediente sancionador 1/2020 abierto por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma.

La resolución judicial también pone el foco sobre la obligación que tiene el Gobierno regional para velar por la conservación y el mantenimiento de las ermitas, protegidas por distintas resoluciones autonómicas y vinculadas al patrimonio religioso del Monte Miral junto al monasterio de San Ginés de la Jara. Una labor de protección que han criticado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de la Comarca de Cartagena (Daphne), que fue el colectivo que inició la denuncia que derivó en el expediente sancionador ante el deficiente mantenimiento de las ermitas.

Una situación que ha provocado el deterioro tanto de la estructura de las capillas como de las denominadas como ‘pinturas negras’ de la Ermita de Los Ángeles; y que en su día pareció tratar de atajar la propiedad. No obstante,, según la denuncia y la resolución judicial, la mercantil llevó parte del material de trabajo con un helicóptero, pero ante el elevado coste de este método ha impedido continuar las obras.

Es la versión que también ha mantenido el Ayuntamiento de Cartagena en diversos plenos en respuesta del concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, a las preguntas que, en su mayoría, ha planteado la responsable de Patrimonio de MC y edil de la formación cartagenerista, María Dolores Ruiz.

Una respuesta censurada por la propia Ruiz al entender que lo que debe primar es el cumplimiento de una resolución judicial y los intereses patrimoniales y culturales de Cartagena sobre los propios de una empresa privada.

Por ello, la edil cartagenerista ya ha avanzado que para el próximo pleno municipal va a presentar numerosas preguntas acerca de los pasos a dar por parte del Ayuntamiento para hacer que se cumpla la sentencia judicial. «Tienen que velar por nuestro patrimonio y no por los intereses de una mercantil que ha demostrado no tener interés alguno en conservar las ermitas», ha dicho Ruiz.