Urbanismo impone casi 500 expedientes por construcciones ilegales en Cartagena en dos años

En tan solo los dos últimos años el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena ha tramitado un total de 470 expedientes sancionadores con decreto de sanción, en su gran mayoría por hacer obras sin licencia o por hacer construcciones que exceden lo autorizado en la licencia, según recuerdan desde el Consistorio. Estos expedientes se realizan al amparo de lo dispuesto en los artículos 272 y siguientes de la Ley de 2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

En concreto, en 2021 se incoaron 259 expedientes. Este 2022, a falta del mes de diciembre, la cifra ha descendido hasta los 211, según aseguran fuentes municipales consultadas por La Opinión.

El Ayuntamiento ha estimado que a través de las sanciones urbanísticas recaudará en torno a un millón euros en 2023. Una previsión reflejada en el Presupuesto municipal y que es similar a la de 2021 y 2022. «Esta cifra se calcula teniendo en consideración lo que se ingresó en años anteriores y siempre se hace a la baja, de forma prudente, para que no repercuta en la previsión de gasto», según explican fuentes municipales consultadas por La Opinión.

En 2019 el Consistorio recaudó 771.797 euros, lo que supuso un importante incremento con respecto a 2018, cuando tan solo se recaudaron 49.584 euros.

Las sanciones pueden llegar al Ayuntamiento a través de la denuncia de un particular o ser de oficio. En este segundo caso, el Consistorio abre un expediente e impone una multa que puede ser leve, grave o muy grave, en función de la magnitud de la obra ilegal.

Posteriormente se le da a la persona en cuestión un periodo de tiempo para que legalice la construcción, en caso de que sea posible. En caso de que no, se le impone un decreto «para que devuelva el terreno a su estado natural», es decir, a que la derribe, según explican las fuentes consultadas.

En caso de que este requerimiento no sea atendido, mediante decreto del concejal de Urbanismo puede derivar el caso hasta el juzgado de instrucción que corresponda, «a los efectos de que se determine la responsabilidad penal a que haya lugar por el incumplimiento de la orden de suspensión dictada».

También existen expedientes sancionadores de actividad, a saber, aquellos casos en los que se realiza, por ejemplo, una actividad en una nave que no estaba estipulada en la licencia, pues el suelo no es compatible. Asimismo, hay expedientes sancionadores de vertidos, que se imponen por ejemplo a escombreras ilegales.

Obras ilícitas en la Algameca

Uno de los casos más sonados en cuanto a construcciones ilegales durante estos dos últimos años es el de las que se ubican en la Algameca Chica. En julio de 2021 la Guardia Civil desarrolló la operación ‘Pequeña Shanghai’, que concluyó con la investigación de ocho personas como presuntos autores de un delito urbanístico al construir seis edificaciones sin permiso en el poblado costero ubicado en la desembocadura de la rambla de Benipila.

Este mismo año el propio Ayuntamiento también ha abierto, por su parte, nuevos expedientes sancionadores por la realización de nuevas obras.

El poblado se encuentra en dominio público hidráulico, competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y en dominio público marítimo terrestre, competencia de la Demarcación de Costas del Estado.