El Ayuntamiento de Lorca aprueba una moción de rechazo a la amnistía

El Pleno del Ayuntamiento de Lorca rechaza desde esta mañana “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito”.

En una comparecencia previa a la celebración de la sesión plenaria, Rosa Medina, secretaria general del Partido Popular lorquino, anunciaba ante los medios la intención de su partido de solicitar al resto de grupos políticos locales que consideraran que “el imperio de la Ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento”.

Finalmente, la moción ha resultado aprobada con los votos a favor de PP y Vox, y en contra de PSOE e IU. Dentro de la moción figuran los siguientes apartados: animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas; así como dar traslado de estos acuerdos a Presidencia de gobierno, a la vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Según Medina, en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, “una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la Ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador, ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”.

En palabras de la edil, la situación actual no es comparable a la que vivía España en 1977, cuando se aprobó una amnistía "en pro de la Transición". "Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo, se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado”, señalaba la portavoz del equipo de Gobierno.

El Tribunal Supremo “condenó a los principales líderes del independentismo catalán a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces, tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referédum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema”, indicaba Medina Mínguez, que terminaba su intervención señaladno que el precio de la “Presidencia no sería sólo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”.