Tribunales

La Fiscalía no ve delito de odio en las declaraciones de Antelo sobre inmigración

El vicepresidente regional vinculó en una red social la llegada de pateras con el yihadismo

El órgano sí investiga al diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez, quien dijo públicamente que "la gente que viene de forma ilegal no lo hace a ganarse la vida aquí" y son "mafias"

José Ángel Antelo, vicepresidente regional.

José Ángel Antelo, vicepresidente regional. / L.O.

Alba Marqués

Alba Marqués

La Fiscalía no ve delito de odio en el mensaje sobre inmigración que el vicepresidente regional y líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, escribió el pasado 13 de octubre en la red social X, donde manifestó, tras la llegada a la costa murciana de 169 adultos y 15 niños en distintas embarcaciones, que la «infiltración yihadista» en la entrada de pateras a la Región «eleva el riesgo de atentados».

Las entidades sociales Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, Parem (Asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia) y Murcia Acoge denunciaron entonces ante la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía dichas declaraciones sobre la población migrante del también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, así como las del diputado de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien dijo públicamente que «la gente que viene de forma ilegal no lo hace para ganarse la vida aquí», ya que «no vienen a intentar buscar trabajo». Se trata, según especificó, de «mafias».

Tras la denuncia de las cuatro ONG, la Fiscalía ha requerido a la Jefatura Superior de Policía de Murcia que proceda a investigar si hay delito de odio en las palabras de Martínez Alpañez, pero no ha abierto diligencias en el caso de Antelo.

En este último caso, el órgano judicial considera que, al tratarse de declaraciones vertidas en una red social, podrían estar amparadas por la libertad de expresión, aunque «puedan resultar, para muchos, impopulares, desacertadas u ofensivas, pero no serían constitutivas de discurso de odio», aclara.

Las asociaciones denunciantes, por el contrario, creen que ambas declaraciones «entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional (extranjero y, particularmente, proveniente del norte de África), así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad».

Por ello, manifiestan que estudiarán «con detenimiento» el contenido del Decreto de Incoación. No obstante, valoran «de forma positiva» la apertura de diligencias de investigación y permanecerán atentas a los procedimientos que se lleven a cabo desde el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada de Información, para determinar si con el resultado de los mismos, se esclarecen los hechos denunciados «y se depuran las responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar».

Sin consecuencias políticas

Desde que Antelo vinculara inmigración y yihadismo, el secretario general del PSOE regional, José Vélez, lleva pidiendo al jefe del Ejecutivo, Fernando López Miras, que cese a su vicepresidente por sus declaraciones «racistas». Además, calificó de «temeridad» que desde el Ejecutivo murciano «se estén pregonando discursos y xenófobos».

Poca respuesta ha recibido hasta el momento el líder de los socialistas murcianos, mientras que el jefe del Ejecutivo regional prefirió no entrar a valorar las manifestaciones personales de los miembros de su Gobierno aunque manifestó que «la situación de la inmigración ilegal nos preocupa muchísimo porque es un drama humanitario y, por lo tanto, hay que actuar contra las mafias».

Querella criminal

Con Antelo a salvo de la Fiscalía, las cuatro ONG deben decidir si lo dejan ahí o intentarán que se siente en el banquillo poniéndole una querella criminal. Así lo explicaron cuando anunciaron la denuncia ante la Fiscalía. «Los delitos de odio que atentan contra los derechos fundamentales no se pueden tolerar», dijo en rueda de prensa Carmen Ortega, de Convivir Sin Racismo.