Los trabajadores de las cárceles de la Región sufren agresiones cada día: "Sabes que te pueden matar"

«Vas a trabajar y sabes que te pueden matar, que no es una locura pensar que ese día no llegas a tu casa, eh. Parece un disparate dicho así, pero a la compañera de Tarragona le ha pasado». Así se expresa un funcionario de prisiones de la Región a propósito de lo que hizo Iulian S.O., un sujeto que cumplía condena el penal de Mas d’Enric, en Cataluña por asesinar a una prostituta. Desde hacía más de cuatro años, el reo trabajaba en la cocina de la prisión, y ahí fue donde cosió a cuchilladas a Nuria, la cocinera responsable de esta cárcel de Tarragona. Tras asesinarla, Iulian se suicidó.

Los presos de Campos y Sangonera fabrican armas con la pata de una silla y con una lata de atún

El crimen hizo estallar el polvorín en el que se habían convertido las cárceles de toda España, también las de la Región. Los funcionarios de prisiones protagonizaron movilizaciones durante dos mañanas, la del lunes y la del miércoles: bloquearon accesos, quemaron neumáticos, lanzaron botes de humo y corearon el nombre de su compañera asesinada. Son conscientes de que les puede pasar a ellos, dado que, afirman, sufren agresiones a diario. 

"Quien pega a un policía que lo va a detener, sabe que será castigado por ello: arremeter contra nosotros sale gratis"

«Llevamos advirtiendo durante años de que algo así iba a pasar: es un antes y un después», subraya Turruchel Rodríguez, funcionaria de Campos del Río e integrante del colectivo Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Uno cada 17 horas

«La estadística dice que, cada 17 horas, un funcionario de prisiones es agredido en España», manifiesta al respecto. Eso implica «medio centenar de funcionariuos agredidos mensualmente».

Estas cifras «se han multiplicado por cuatro»: en 2021 «la media era de unos 13 funcionarios agredidos mensuales, en 2022 subió a 38 y en 2023 a 49», destaca Turruchel Rodríguez. 

"La Administración no contabiliza las amenazas de muerte o los empujones"

Cerca de un millar de personas (funcionarios de Interior, sanitarios, personal administrativo...) trabajan en las tres penitenciarías que hay en la Comunidad murciana: las cárceles de Campos del Río y Sangonera y el Centro de Inserción Social (CIS) Guillermo Miranda, donde hay internos en régimen de semilibertad. «A algunos de ellos no debería de habérsele concedido, no están preparados», estima Rodríguez, que hila la situación con el caso de Tarragona al aseverar que «el interno que mató a la cocinera no debería haber tenido acceso a ciertos beneficios» de los que disfrutaba.

Aunque lo más suave que se encuentra un funcionario de prisiones en su puesto de trabajo es un insulto (el pan de cada día, lamentan), con las cifras en la mano resulta que «la mayoría de las agresiones, la Administración no las contabiliza», expresa la integrante de TAMPM.

Agresiones impunes

Y es que «las amenazas de muerte y los empujones se consideran agresiones leves», con lo cual «no cuentan», hace hincapié.

Otro funcionario que prefiere que no conste su nombre recalca que «quien pega o escupe a un policía que lo va a detener, sabe que será castigado por ello: arremeter contra nosotros sale gratis».

A solas con un walkie-talkie

A la pregunta de cómo es una jornada laboral tras los muros de la prisión, Turruchel Rodríguez comenta que «en un módulo normal de Campos del Río hay unos 130 o 140 internos, para los que estamos dos funcionarios durante catorce horas». Además, «la mayor parte del tiempo estamos solos», dado que «hay un funcionario por galería para hacer la bajada de celdas: estás tú sola en una galería enorme y no podemos portar una defensa, por seguridad: solo llevamos un walkie-talkie para pedir ayuda». 

Lo que ocurre es que «en ese mismo momento, los compañeros están en otros módulos haciendo lo mismo», por lo que «a veces son los propios internos los que tienen que defendernos».

Precisa que recientemente, en el penal de Campos del Río (donde hay unos 1.100 presos) les llegó «una remesa» de trabajadores en prácticas, pero se trata de personas que «están aprendiendo», a las cuales «no les pueden exigir lo que a un funcionario de carrera».