Investigación

La Policía registra las oficinas de la Autoridad Portuaria por orden de la jueza

Los investigadores recogen distinta documentación en dependencias del Puerto destinadas a tareas informáticas

Personas en el interior del edificio de la APC que ha sido registrado por la Policía por orden de la jueza.

Personas en el interior del edificio de la APC que ha sido registrado por la Policía por orden de la jueza. / Iván Urquízar

Investigadores de la Policía Nacional se personaban este viernes por la mañana en oficinas pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) para cumplir con lo ordenado por la jueza encargada del caso Puerto, indican fuentes policiales y judiciales, que apuntaron que el asunto está considerado secreto.

En concreto, la Policía se desplazó al lugar, dependencias destinadas a Informática y emplazadas en la carretera del Faro de La Curra, ya que la jueza quiere que se revisen dispositivos que estima que son clave para la obtención de determinados datos que arrojen luz al caso que se investiga. Al lugar también se movilizó una secretaria judicial, como es habitual en este tipo de actuaciones. La instructora dictaminó que los empleados del puerto permitiesen el acceso a los dispositivos que fuesen necesarios para obtener información relevante en la causa. Se investiga si en la APC había una trama de amaño de contratos y de adjudicaciones de empleos a personas relacionadas con el Partido Popular desde el año 2014 al 2021.

Exterior del edificio de la APC que ha sido registrado por la Policía por orden de la jueza.

Exterior del edificio de la APC que ha sido registrado por la Policía por orden de la jueza. / Ivan Urquizar

Como adelantó La Opinión en marzo de 2022, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia abrió una investigación tras una denuncia presentada por los sindicatos, que denunciaban que hubo contratos amañados por parte de la APC. Ya entonces los agentes se personaron en dependencias del organismo portuario, donde se hicieron con documentación y hablaron con varios técnicos de la entidad. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del asunto.

Se investiga si se cometió prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documento público.

La entonces presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, también del PP, dimitió a finales del pasado mes de enero tras estallar el escándalo. Además de Muñoz, están imputados el anterior presidente de la Autoridad, el también popular Antonio Sevilla, y el director general de la entidad, Fermín Rol.