Todo comenzó hace alrededor de medio año. La Fiscalía Anticorrupción de la Región recibía hace unos meses una denuncia en la que se aportaban datos que hacían vislumbrar indicios de que pudiesen estar cometiéndose delitos en la Autoridad Portuaria de Cartagena. La persona que puso esto en conocimiento del Ministerio Público no fue a la Comisaría, sino directamente a la Justicia. Por tanto, el fiscal responsable del área abrió las correspondientes diligencias y pidió a la Policía Nacional que investigase.
Los agentes se personaron este miércoles en las dependencias del organismo portuario, donde se hicieron con documentación y hablaron con varios técnicos de la entidad, según confirma la propia Autoridad Portuaria, quien señala que en ningún momento se requirió la declaración de ningún directivo.
La investigación se encuentra en sus inicios y la Policía aún no ha elaborado y remitido al fiscal informe alguno.
En cuanto a qué estaría bajo sospecha, fuentes cercanas apuntan que se trataría de contratos técnicos de en torno al año 2016, indican fuentes próximas a la investigación. De hecho, los contratos bajo sospecha son los documentos que la Policía fue a buscar y que, según la Autoridad Portuaria, le fueron aportados. La misma institución señala que se trata de obras con cantidades irrelevantes entre los "miles de contratos" que se realizan en la entidad.
La Autoridad Portuaria resta importancia a esta investigación y asegura que se trata de un caso concreto contra algunos técnicos de la entidad por, al parecer, desavenencias internas.
El caso está en manos de los profesionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, bajo las órdenes del fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
La Autoridad Portuaria es un organismo público encargado de la gestión del Puerto de Cartagena. Se ocupa de coordinar los servicios, llevar a cabo la remodelación de las instalaciones y gestionar cruceros y contenedores, entre otras ocupaciones.
