La magistrada presidenta de la Audiencia Provincial, conforme al veredicto emitido por el jurado el pasado jueves, absuelve a la acusada del delito de asesinato y del delito de tenencia ilícita de armas por la muerte a por disparos de bala de su novio, de nacionalidad italiana, el 9 de junio de 2017, en el paraje El Charcón de la localidad de Águilas.
La sentencia, notificada hoy, recoge el veredicto del jurado en el que, por unanimidad, los nueve miembros que componían el tribunal popular declaran no probado que la acusada disparara en siete ocasiones a su novio con un arma corta de fuego, causándole la muerte.
La acusación pública pedía 21 años de prisión por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas con la agravante de parentesco y que se le impusiera la obligación de indemnizar a la madre del fallecido con 200.000 euros. Responsabilidad civil que la acusación particular elevó a 500.000 euros, adhiriéndose en lo demás al Ministerio Fiscal.
La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).
La mujer sostuvo su inocencia hasta el final
"No se pueden comportar así con una persona que nunca en la vida ha hecho nada”, dijo, cuando declaró por primera vez en la Audiencia Provincial de Murcia, Cristina Elena T., la acusada de asesinar a tiros a su novio en verano de hace cinco años en Águilas. La mujer sostuvo siempre que fue un encapuchado, pistola en mano, el que mató al italiano. Ella es "una persona normal y corriente, no una asesina", aseveró. Tras unos días de vista y apenas unas horas de deliberaciones, el jurado popular ha emitido su veredicto.
La víctima del crimen fue Giuseppe Nirta, de 52 años, hijo de un capo del crimen organizado de la región de Reggio de Calabria. Esta circunstancia pesó sobre los investigadores de la Policía Judicial en un principio, aunque luego el cerco se fue estrechando en torno a su compañera sentimental. La única que se sentó en el banquillo.
Pese a los intentos dela fiscal, Arantzazu Echeandia, y la acusación particular, ejercida por Pedro Hernández Bravo en nombre de la madre del finado, de demostrar la culpabilidad de la sospechosa, los nueve hombres y mujeres del jurado entendieron que los indicios contra Cristina Elena no estaban claros. Y no ven que la presencia de algunos residuos de disparos en la ropa de la mujer, uno de los argumentos que empleó la Policía Judicial para proceder a su arresto, sea suficiente como para condenar a la mujer, para quien el Ministerio Público llegó a pedir penas que sumaban 26 años entre rejas.
