Un jurado popular deberá decidir en el juicio que se celebrará en Murcia entre el 25 de abril y el 3 de mayo si considera culpable a Cristina Elena Toma por el presunto asesinato a quemarropa en el municipio de Águilas en 2017 del ciudadano italiano Giuseppe Nirta, quien estaba siendo investigado por la fiscalía española por sus presuntos vínculos con la ‘Ndrangheta (la mafia calabresa).

La Fiscalía reclama su ingreso en prisión durante 26 años. Cristina Elena Toma, de nacionalidad rumana, era en el momento de los hechos, -el 9 de junio de 2017-, la pareja sentimental de la víctima. Este, a su vez, era hijo de un capo del crimen organizado de la región de Reggio de Calabria (mafia calabresa). Sin embargo, esta mujer es la principal sospechosa del asesinato. De hecho será la única persona que se sentará en el banquillo de los acusados.

El relato de los hechos de la Fiscalía, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso El Periódico de España, indica que sobre las diez de la noche del 9 de junio de 2017 Giuseppe Nirta, de 52 años, llegó en un vehículo Alfa Romeo 147 a una vivienda que tenía alquilada en el Paraje de El Charcón, en Águilas. «Bajó del vehículo y cuando se encontraba junto a la puerta delantera izquierda del mismo, Cristina Elena Toma salió situándose en la parte trasera de dicho vehículo, y sujetando un arma corta de fuego efectuó tres disparos hacia Giuseppe Nirta desde esa posición y otros cuatro desde la parte delantera del vehículo, que impactaron contra el cuerpo de Nirta ocasionándole la muerte», especifica el escrito del ministerio público.

Y para «ocultar» la ejecución de su pareja, siempre según el relato de la fiscalía, la acusada usó el teléfono móvil de la víctima para llamar a un amigo de Nirta, a quien informó del asesinato. Y fue este testigo, también de nacionalidad italiana, quien alertó a los servicios de emergencias de los hechos: «Cristina Elena Toma en ningún momento llamó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni a los servicios médicos para que atendiesen a Giuseppe Nirta», destaca la fiscal María Monserrate Mula Igualada.

Esta conclusión del Ministerio Público se basa en dos informes técnicos de la Guardia Civil. El primero elaborado por el Departamento de Escena del Crimen de Criminalística y el segundo por el Departamento de Química. Según el trabajo realizado por este último grupo policial la camiseta y los pantalones de Cristina Elena tenían restos de los residuos de los disparos.

Y el informe del Grupo de la Guardia Civil experto en Escena del Crimen, cuyos componentes reconstruyen los crímenes con infografías en tres dimensiones, destacó las «incompatibilidades» entre la versión de la sospechosa y la posición de los casquillos y del cuerpo del fallecido en la escena del crimen.

Además, el dosier considera «cuestionable» el relato de Cristina Elena Toma, ya que esta ubica al supuesto sicario tan alejado de ella que sería muy difícil que los residuos llegaran a sus manos y a su ropa, tal y como confirmaron los informes de la Guardia Civil.

Por su parte, el abogado defensor de la sospechosa, Evaristo Llanos, rechaza en su escrito que los hechos se produjeran según el relato de la fiscalía. Su clienta declaró tras los hechos que una persona desconocida se les había acercado por detrás mientras ellos salían del vehículo para abrir el portón de acceso a la finca de la vivienda, y en ese momento disparó a Giuseppe Nirta a bocajarro. Cristina Elena Toma se llevó las manos a la cabeza y mientras oía las detonaciones logró escabullirse, pero sin llegar a ver la cara del sicario que había disparado a su novio, según su testimonio.

Además, el abogado Evaristo Llanos, que pide la absolución de su clienta, considera que en esta causa se debe otorgar a Cristina Elena Toma un atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, y especifica que el periodo de instrucción ha durado más de cuatro años, se han producido retrasos «injustificados» no atribuibles al imputado ni a la complejidad de la causa.

El Ministerio Público reclama para Cristina Elena Toma 24 años de prisión por el delito de asesinato y dos años por el de tenencia ilícita de armas. Por su parte, los descendientes de Nirta exigen 20 años de cárcel para la sospechosa.