Los familiares de Sara Gómez, la mujer que falleció tras someterse a una lipoescultura, se concentrarán este sábado en la Glorieta de España de la ciudad de Murcia en una acción en la que clamarán por "cambiar la legalidad" y evitar que otras personas pasen "por lo que ha sufrido Sara".
Esta concentración se hará días antes de que este martes comiencen las declaraciones de los testigos llamados por la jueza que instruye el caso en Cartagena, pues en el Santa Lucía de esta ciudad expiró la mujer, tras un mes en la UCI.
En cuanto a estos testigos, se prevé que el viernes 4 de febrero declaren una ATS y una auxiliar, además de dos sanitarios del Santa Lucía, indican fuentes judiciales.
Los parientes de Sara, que convocaban este miércoles una rueda de prensa en un hotel de la ciudad de Murcia, ya no cuentan con la defensa más enfocada a esclarecer una posible negligencia médica con resultado de muerte, que era la que ejercía el abogado de la Asociación Defensor del Paciente, Ignacio Martínez: ahora han contratado a penalistas. Y cada parte de la familia cuenta con un letrado.
En este sentido, el nuevo abogado de la acusación particular de una parte de la familia de Sara, el conocido penalista Evaristo Llanos, ha dicho que "esperan a recibir la prueba pericial médico forense con la descripción de los hechos para saber el grado de responsabilidad del cirujano que intervino a Sara", esto junto al resto de pruebas periciales, "esperan sirva para un pronto esclarecimiento de los hechos", ha asegurado el letrado.
Como ya adelantó LA OPINIÓN, la familia de Sara no descarta acusar al cirujano de homicidio por dolo eventual y pedir cárcel.
La otra abogada que ejerce la acusación particular del padre del hijo pequeño de Sara, Mercedes Murcia Mazón, comentó que "esperan saber exactamente qué pasó en el quirófano" e investigar y aclarar si el presunto acusado del delito "tenía o no la preparación teórica y práctica adecuada para este tipo de intervenciones, además de conocer el material usado en la operación".
Al respecto, ambos letrados han querido centrar las acusaciones sobre la responsabilidad penal de los hechos en el "médico que llevó a cabo la intervención, en la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena y en el centro de estética que derivó a la paciente a la clínica cartagenera para averiguar "qué grado de responsabilidad civil y penal puede tener está empresa, conocer con que médicos trabaja y a qué centros deriva".
El proceso está en fase inicial aunque los letrados han agradecido "la diligencia y rapidez" de la jueza del caso, que ha actuado para iniciar la ronda de declaraciones a los testigos y comenzar la asunción de las diferentes pruebas periciales.
Tras tener todos los datos, los abogados exigirán la pena "que corresponda" según la aplicación a la que quede sujeto en el Código Penal.
En este sentido, Murcia Mazón y Evaristo Llanos apuntaron que la familia "no ha pedido en ningún momento compensación económica" sino que solamente se ha "hablado de hacer justicia y de que nadie pase por lo mismo que ha pasado Sara".
De hecho, la expareja de Sara y padre de uno de sus dos hijos, Ezequiel Nicolás, ha reconocido que tras el caso de la mujer "muchas personas han contactado" con los familiares asegurando "los malos resultados obtenidos en operaciones similares a la de Sara".
Similitud con el caso de clínicas dentales
En la rueda de prensa, también ha estado presente el presidente de la Unión de Consumidores Españoles en la Región de Murcia (UCERM), Juan José Gómez Conesa, quien ha comparado este caso a los sucedidos con clínicas dentales donde se ofrecían servicios que eran realizados "por personal que no reunía las competencias necesarias".
En este sentido, Gómez Conesa ha exigido "un cambio en la legislación" por parte de las administraciones y a la entidades colegiales, y ha apremiado a que "persigan el intrusismo profesional y a la aplicación de los códigos deontológicos" por parte de estas entidades.
Finalmente, ha pedido a las autoridades de Consumo y Trabajo que "no baste con un título de medicina, sino que la ley debe exigir experiencia acreditada especializada para llevar a cabo este tipo de intervenciones".
Caso lipoescultura
Según relata la denuncia interpuesto por la familia, la operación conllevó anestesia general y duró unas cinco horas. Transcurrido ese tiempo, el médico informó al acompañante de la mujer, su actual compañero sentimental, de que la intervención había salido bien, pero había perdido gran cantidad de líquidos y sangre, con lo que se encontraban estabilizándola.
Tres horas más tarde, el doctor transmitió al acompañante la decisión de trasladar a la chica al Santa Lucía "como método de prevención". Sin embargo, la historia clínica de este último complejo hospitalario apunta que la mujer ingresó "en shock hipovolémico y en una situación de extrema gravedad", por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia.
En el diagnóstico de la mujer aparecen, entre otros hallazgos fruto de la intervención, diversos daños como peritonitis fecaloidea y biliar, necrosis isquémica de colon ascendente, múltiples perforaciones intestinales, perforación duodenal, necrosis de pared abdominal, laceraciones hepáticas, absceso retroperitoneal y evisceración contenida.
