16 de junio: marcha por la III República

El próximo 16 de junio, y coincidiendo con el décimo aniversario de la abdicación del hoy rey emérito Juan Carlos y el inicio del reinado de su hijo Felipe VI, se ha convocado una marcha estatal republicana hacia Madrid, impulsada por ateneos como el Republicano de Vallecas, Rivas Vaciamadrid y el Ateneo Popular de Carabanchel.

La marcha, que partiendo de diversos puntos de la capital confluirá en Cibeles y Puerta del Sol, ha sido posible por la actividad organizativa de más de 120 colectivos del Estado y ha recibido el respaldo de partidos políticos de izquierda, sindicatos y diversos movimientos sociales: defensores de las pensiones, ecologistas, feministas, pacifistas, activistas por el derecho a la vivienda, de la Memoria Histórica… Desde la Región de Murcia, ciudadanos/as en coches particulares, en autobuses y en otros medios de transporte acudirán a Madrid para apoyarla.

Como precedente justificativo de esta movilización, recordemos que, con fecha 2 de mayo de 2014, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba que el monarca Juan Carlos I -en unos momentos en que su imagen estaba en horas bajas, por los hechos ya conocidos, y cuando los escándalos salpicaban a otros miembros de la familia real- había decidido abdicar en el príncipe Felipe. La renuncia y posterior exilio del hoy ‘rey emérito’ supone una línea de continuidad con el pasado de la familia de los Borbones, exiliados también tras numerosos casos de corrupción, como después veremos.

 El manifiesto de adhesiones, titulado ‘Felipe VI…¡Diez años bastan!’, ya ha superado las cuatro mil firmas, con periodistas destacados como Martxelo Otamendi, Olga Rodríguez, Cristina Fallarás y Javier Gallego ‘Crudo’, junto a Carlos Bardem, Benito Rabal, Yayo Herrero, Willy Toledo… En el escrito se recuerda, entre otras cosas, que la abdicación de Juan Carlos «fue solo la punta del iceberg cuando empezaba a conocerse su carrusel de corrupción» y enfatiza «nuestro convencimiento en la capacidad de los seres humanos para autogobernarse sin que deba prevalecer discriminación alguna. Creemos firmemente en la igualdad ante la ley de todas las personas y que aquéllas que ejercen responsabilidades en el Estado deben ser responsables ante la soberanía popular». Aclara que «la monarquía simboliza la institución patriarcal por excelencia en la que se transmite el poder por herencia y donde se constitucionaliza la prevalencia del varón sobre la mujer, en contra del principio más elemental de igualdad entre las personas», matizando que «el poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se atrinchera en el aparato del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular. La contradicción, así, está entre monarquía y democracia». Es contundente al proclamar, sin ambages, que «la monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de Borbón con el Estado».  

Así es. Y así ha sido. 

Una dinastía estructuralmente corrupta

Por cuestiones de espacio, dejemos a un lado los escándalos y los vergonzosos hechos que protagonizaron Carlos IV y su hijo, el felón Fernando VII, secuestrados en Bayona por Napoleón, para comenzar por los habidos durante el reinado de la viuda de éste, la regente María Cristina de Borbón Dos Sicilias, de la que hay que recordar su implicación en el negocio del tráfico esclavista. El desprestigio popular por ese asunto junto con su intento fallido de conciliar posturas entre moderados y progresistas la llevaron al exilio en 1840, asumiendo la regencia el general Espartero. Regresada a España, hubo de abandonar el país, de nuevo, en 1854, por nuevos casos de corrupción. 

El reinado de su hija, Isabel II, formalmente reina a partir de los 13 años, iletrada y en manos de la llamada ‘camarilla’, estuvo salpicado, igualmente, por innumerables casos de corrupción, negocios especulativos surgidos con el inicio de la extensión de la red ferroviaria, que a la postre llevó a la crisis del sector financiero, al paro obrero y al descontento social. El Pacto de Ostende (1866) entre progresistas y demócratas y la posterior rebelión de la escuadra en Cádiz, al mando del vicealmirante Topete, con el apoyo del general Prim, en septiembre de 1868, provocaron la caída y exilio de la reina, que a la sazón veraneaba en San Sebastián.

Nuevamente, los escándalos de corrupción salpican el reinado de su nieto Alfonso XIII. El más llamativo, inicialmente, que a la postre llevaría a las Cortes republicanas a condenarle por traición, fue su participación en las empresas mineras del norte de Marruecos, negocios que están en el origen del Desastre de Annual de 1921 y del Expediente Picasso, que la dictadura primorriverista ‘aparcó’. 

Pero el más grave, sin duda, fue el hecho de que en septiembre de 1923 aceptara la propuesta de Primo de Rivera de constituirse en el ‘cirujano de hierro’ (en expresión de Joaquín Costa) que necesitaba el país. Tras la renuncia del dictador en enero de 1930, el rey nombró al general Dámaso Berenguer como nuevo presidente (lo que se conoció como la ‘Dictablanda’) y, posteriormente, al almirante Aznar, que convocaría elecciones, primero municipales y luego legislativas.  

Pero la izquierda ya había andado el camino hacia el cambio de régimen: el 27 de agosto de 1930, en el casino de San Sebastián, en el conocido como ‘Pacto de San Sebastián’, se pondría la primera piedra para la edificación temprana de la República y el exilio del rey después de aquellas elecciones municipales de 12 de abril de 1931 que la oposición consideró ‘plebiscitarias’. El resultado ya es conocido: en la madrugada del 14 al 15 de abril, una vez proclamada la República, el rey abandonaba España embarcando en el dique de la Curra, en Cartagena. Era el tercer Borbón obligado a salir del país, al que sumamos el cuarto de su hijo Juan de Borbón, en Estoril, impuesto por el dictador Franco, y ahora, el quinto del emérito Juan Carlos I. 

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