Opinión | La balanza inmóvil

¿Y ahora qué?

Trescientos cincuenta amnistiados, más o menos, se están frotando las manos y dándose abrazos tras la aprobación de la ley de amnistía

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños, en el Congreso.

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños, en el Congreso. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Pues, ahora, es la hora de los jueces. La función del Poder Judicial no es otra que garantizar la legalidad, el Estado de derecho y la democracia. Y ese es el miedo que tienen algunos políticos, concretamente los que no respetan la Constitución y quieren saltarse la ley convocando un referéndum ilegal para que unos pocos decidan por el resto de los españoles, a los que no les dejan votar. Es tan ilógico que, si no fuera porque lo estamos viviendo, ni Julio Verne lo hubiera imaginado. Pero esto es así, es lo que hay, y que por nadie pase. Pero lo malo es que sí va a pasar, y lo vamos a ver. 

Si después de hartarse a decir el partido que pierde las elecciones que después sí es el que gobierna, gracias a siete votos recibidos a costa de crispar a toda la sociedad española (aunque digan que es para lo contrario), que aprueban una ley de amnistía redactada ‘ad hoc’ por los que le benefician, ya todo lo podemos esperar. Y lo peor es que acaban de decir que referéndum de autodeterminación, nunca, pues como le recuerdan los independentistas: eso mismo lo dijeron para la amnistía, y ahí está. Por lo que, como digan que no va a haber ese referéndum, lo más probable es que lo haya una vez pasadas las elecciones europeas, y por eso mismo no han publicado aún en el BOE la ley de amnistía. Qué pena que unos cuantos de una pequeña parte del territorio español tengan contra las cuerdas al mayoritario resto de los españoles.

Y es la hora de los jueces porque ya circula por el correo interno de los mismos una guía de 126 páginas para plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía, que ha sido redactada por la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, que tiene como función despolitizar la justicia y está formada por jueces y catedráticos de derecho. Contiene dos formularios para plantear esas cuestiones, que obligarían a paralizar la ley. Dice la plataforma que los independentistas, como no reconocen la Constitución, quieren acabar con ella, y para evitarlo han realizado esa guía que a mí, particularmente, y a pesar de que algunos jueces -sobre todo de Barcelona- están en contra (porque dicen que coartan su libertad), lo cierto es que al igual que la ley del divorcio no obliga a divorciarte, pero si quieres puedes hacerlo, en este caso usar esa orientación, solo si lo crees oportuno, no me parece mal. Y es que, queramos o no, si el Poder Judicial no respeta la Constitución, apaga y vámonos, que a lo mejor es eso lo que algunos quieren. Si no se está de acuerdo con que se pida perdón a unos condenados por delitos muy graves, se permita que un fugado de la justicia sea el que mande también en ella y que la Constitución solo sirva para calzar una mesa, en este caso lo de los intereses particulares contra los generales habrá que manifestarlo. Todo quizás empieza, y esto es una reflexión mía, cuando se les permitió a algunos diputados que juraran o prometieran la Constitución por lo que quisieran, sin respetar la fórmula legal, pero como el Constitucional dijo que era válido, lo respeto, lo que no significa que lo comparta.

La ley de amnistía, una vez publicada en el BOE, es de aplicación inmediata si así lo dice expresamente, si no, será a los 20 días de la publicación (‘vacatio legis’) y los jueces que tengan pendientes causas relacionadas con el procés, de oficio o a instancia de parte, deberán dictar un auto de extinción de la responsabilidad criminal si la sentencia es firme, o de sobreseimiento libre si la causa aún se está instruyendo. Se extinguirán todas las causas desde el 2011. Por lo que 350 amnistiados, más o menos, se están frotando las manos y dándose abrazos tras la aprobación de la ley de amnistía. Menos mal que los jueces que duden de la constitucionalidad de la ley, o crean que vulnera alguna directiva europea, disponen de dos meses para presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, o de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que suspenderá la aplicación de la ley hasta que se pronuncien esos tribunales. ¿Y Puigdemont otra vez ganador? Pues depende si se levanta o no la orden de su detención, que visto el informe de los fiscales del Tribunal Supremo, no creo que se haga. Eso unido a que si Sánchez no lo hace presidente de la Generalitat, el fugado puede dejarlo caer en el Congreso de los Diputados.

 El verano se presenta calentito. 

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