Opinión | La balanza inmóvil

Indemnización por covid

El derecho no será una ciencia exacta, porque todo es respetable, interpretable, discutible y argumentable, pero sí una ciencia efectiva, real y humana. Cualquier nuevo camino es susceptible de ser abierto con tal de dar solución a lo que la vida cotidiana exige

Una dosis de la vacuna contra el covid de Moderna.

Una dosis de la vacuna contra el covid de Moderna. / MOHSSEN ASSANIMOGHADDAM / EFE

Ahora resulta que alguna vacuna contra la pandemia produce efectos secundarios no deseados. No será porque me lo imaginaba. Tanto bicho metido artificialmente y a la fuerza en el cuerpo no puede ser bueno. Una cosa es algo consolidado por una investigación contrastada y duradera en el tiempo, y otra es algo coyuntural e improvisado a salto de mata, deprisa y corriendo, para ver qué laboratorio era el primero en hacerse millonario vendiendo vacunas contra la covid-19 en todo el mundo. Aún no se sabe de dónde se escapó el bicho, si de un laboratorio chino (accidental o intencionadamente) o por ‘arte de birlibirloque’ (de modo inexplicable), o incluso lo que sería demencial: simplemente por necesidad de vender vacunas, como cuando dicen que las guerras sirven para hacerse ricos los vendedores de armamento militar. 

Ay, cómo nos manejan. Y lo descubro sin necesidad de irme al rincón de pensar. Un virus se suelta y el planeta se encierra en su casa a golpe de real decreto, cosa que está mal hecha, le dijo el Tribunal Constitucional al Ejecutivo español porque se restringían derechos fundamentales; nada más y nada menos que la libertad de deambular. A punto estuvieron de irse a pique -si es que no lo hicieron- muchos negocios, principalmente de hostelería, gracias al encierro decretado obligatoriamente. Pero bueno, eso es historia, porque, últimamente, parece ser que están al menos estos últimos recuperando terreno a pasos agigantados. Lo cierto son dos cosas: que gracias al miedo real y demostrado la covid-19 te podía llevar a la UCI, cuando no a la tumba, y que algunos listillos están siendo investigados por haber hecho su agosto en abril a costa de la venta de mascarillas, aunque estuvieran defectuosamente fabricadas y no sirvieran para proteger. Eso, al parecer, era lo de menos, lo importante era la comisión millonaria que algunos se llevaron, aunque las mascarillas acabaran en un sótano de un edificio público, archivadas y arrumbadas. Pero no pasa nada, ni responsabilidad judicial, ni siquiera política, les ha pasado factura. Así nos va.

Pero hete aquí que ahora un tribunal, concretamente el Superior de Justicia de Extremadura, ha abierto la espita con una sentencia, del pasado tres de mayo, para que cualquier ciudadano pueda exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los efectos adversos sufridos tras vacunarse contra la covid-19. Ha condenado al Servicio Extremeño de Salud a que indemnice con 40.000 euros, más intereses legales, a una mujer que sufrió trombosis y quedó con secuelas y padecimientos tras la vacunación con ‘Janssen’ (AstraZeneca ha retirado su vacuna en todo el mundo). Dice la sentencia que la Administración debe responder por el principio de solidaridad, ya que actuó para salvaguardar los intereses públicos. Se trata, por tanto, de una responsabilidad por riesgo, y no por un funcionamiento anormal de la Administración, ni por la aplicación de productos defectuosos. En realidad, es una responsabilidad objetiva donde aquella responde, aún sin culpa ninguna, pero por haber instado a que los ciudadanos se vacunasen. Y como la vacuna beneficiaba no solo a la persona que se vacunaba, sino a toda la colectividad (un 85% de la población española se vacunó) para evitar contagios, es lógico que ahora aquella persona que ha sufrido secuelas por beneficiar a toda una sociedad sea indemnizada. Los principios de solidaridad social y de igualdad justifican esa indemnización.

No me digan ustedes que, desde luego, el derecho es una maravilla, cómo da respuesta a todo lo que demanda una sociedad. Lástima que a veces llegue tarde, porque le coja a trasmano ciertas actitudes y conductas sociales, principalmente por mor de los avances constantes de la tecnología (más lenta en justicia, dicho sea de paso, y por no callarme) que da lugar a la aparición de nuevos delitos ideados por la mente del ser humano. Y lo que nos espera, que miedo me da, con lo de la inteligencia artificial. No vamos a saber con quién hablamos y ni siquiera si está vivo o muerto, y encima con cara, aspecto y modales de buenecito/a/e, que de todo habrá. Dios nos libre de tanta estafa y suplantación de personalidad, hecha a medida con total perfección. Engañan al más pintado. Ríete del Lazarillo de Tormes y del estafador del amor.

El derecho no será una ciencia exacta, porque todo es respetable, interpretable, discutible y argumentable, pero sí una ciencia efectiva, real y humana. Cualquier nuevo camino es susceptible de ser abierto con tal de dar solución a lo que la vida cotidiana exige. Como la que acaba de abrir el citado tribunal, admitiendo que si una conducta individual fue beneficiosa para la sociedad, la Administración debe indemnizar las secuelas padecidas.

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